sábado, 17 de julio de 2010

¿Quo vadis?

Por: Amylkar D. Acosta M.

Ya lo anunció el designado por el electo Presidente de la República Juan Manuel Santos Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, para poner las finanzas públicas en orden “Hay que reformar las regalías, hay que reformar la salud, hay que hacer un plan de choque de empleo con una ley de formalización y hay un cúmulo de reformas”. Cómo piensa Santos, en principio, enjugar el actual déficit fiscal? Estas son sus palabras: “estimamos que el tema minero, incluyendo regalías, puede aportar cerca de 2% del PIB” como parte de la solución del abultado déficit que va a heredar., sin necesidad de elevar las tarifas de impuestos.

En concepto de Juan Carlos Echeverry, "con el boom minero y la bonanza que se espera que pueda venir en los próximos años, las regalías van a aumentar de manera sustancial, de manera que hay que cambiarle la gobernabilidad a esas regalías y esparcirlas en todo el territorio nacional y no sólo focalizarlas en ciertos sitios, además de darle un enfoque regional a ciertos proyectos que se necesitan para que el país crezca". Es claro, entonces, que Santos y su equipo económico tienen en la mira las regalías; a juicio de Echeverry al asignar los recursos provenientes de las regalías hay que darles “un enfoque regional a ciertos proyectos que se necesitan para que el país crezca, además de salud, educación”.

No es claro todavía lo que se pretende hacer en esta materia, pues no se distingue entre las regalías directas que reciben por derecho propio los departamentos y municipios productores y portuarios y las regalías indirectas que nutren el Fondo Nacional de Regalías (FNR) que administra el DNP. Sumadas unas y otras pasarán de $6 billones este año a $12 billones hacia el 2014, de 1 a 2 puntos largos del PIB. Sólo se ha adelantado que se pretende “cambiar sustancialmente su uso, su aplicación, su decisión, su gobierno sobre dónde, cómo, para quién, entre otros, eso es lo que se va a modificar y eso requiere una reforma muy profunda”. Este es un asunto muy sensible, que amerita una cirugía mayor para frenar el desperdicio, la dilapidación y la defraudación de tales recursos, ganando en eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de los mismos, eso sí sin desmedro del interés regional, y, por lo tanto, se debe manejar con guantes quirúrgicos.

En el curso de la campaña electoral por la Presidencia Fedesarrollo presentó a los candidatos varios estudios, entre ellos uno sobre las finanzas territoriales. Una de sus propuestas busca acabar de una vez por todas con el “amarre constitucional a los ingresos corrientes de la Nación” de las mal llamadas transferencias. Con esta medida se le asestaría un golpe mortal a las entidades territoriales, las cuales las han visto recortadas en dos ocasiones, primero a través del Acto legislativo 01 de 2001 y posteriormente mediante el Acto legislativo 04 de 2007. No es extraño que después de semejantes tijeretazos la nación en estos momentos acapare el 82% de los recaudos de impuestos (15% del PIB) mientras los municipios y los departamentos tienen que conformarse con el 12% y 6% respectivamente, los cuales sumados apenas sí representan el 3% del PIB. De modo que, de prosperar tal esperpento los municipios y departamentos verían seriamente comprometida su viabilidad fiscal.

Otra de las propuestas de Fedesarrollo consiste en “incluir en el total del Sistema General de Participación (SGP) las regalías directas por la explotación de los recursos naturales no renovables”. Dicho de otra manera, que se les arrebate las regalías a los municipios y departamentos que hoy las perciben para tapar con ellas el enorme hueco que han dejado los dos recortes a las transferencias.

Una vez más, se pretende que el déficit fiscal del gobierno central se subsane a expensas de los menguados ingresos de las entidades territoriales. Y de contera, se propone además crear “un Fondo de ahorro y estabilización macroeconómica” con los recursos del Fondo Nacional de Regalías, el cual sería reemplazado por aquél. Según su propuesta tales recursos se congelarían por el lapso de 5 años, a partir del cual se invertirían sólo sus rendimientos. Con este sería dos golpes arteros y certeros que se le darían a las finanzas territoriales, dado que, según lo dispone la Ley 756 de 2001 “los recursos del Fondo Nacional de Regalías son propiedad exclusiva de las entidades territoriales”.

Y lo peor de todo es que si estas iniciativas llegaran a prosperar quedaríamos en el peor de los mundos, porque muy seguramente la Nación seguiría con su déficit y las finanzas territoriales correrían la misma suerte. Ojo avizor!

Bogotá, julio 17 de 2010
www.amylkaracosta.net


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