Algunos delitos contra lo público se aprenden en casa

Por: Edwin Solano García

Contador Público

Por estos días estoy leyendo un libro sobre presupuesto público municipal, escrito por LUIS ROBERTO ALGUERO AMAYA y JOSE A. VILLALBA HERNÁNDEZ, que por cierto lo recomiendo a los amantes de la contabilidad pública. Algo curioso es que el prólogo fue escrito por el entonces segundo vicepresidente del Senado SAMUEL MORENO ROJAS, en el que extendió su invitación a los alcaldes y demás autoridades administrativas del Estado, a consultar el citado texto para no incurrir en descalabros presupuestales y saqueos del fisco, sin embargo hoy está siendo cuestionado por supuestas irregularidades contractuales en su gobierno.

Mi objetivo con esta reflexión no es determinar la inocencia o culpabilidad del reconocido y admirado Alcalde distrital, sino invitarlos a hacer memoria del hecho que año tras año observamos cómo a nivel nacional, regional y local, nuestros mandatarios son inculpados de infractores de las normas que rigen la Administración Pública, definidas en parte por el Código Penal Colombiano en el libro Segundo, Titulo III. En el caso de nuestro departamento y Maicao, desde que tengo raciocinio político he conocido cómo gran parte de los Administradores de turno son procesados por presuntos delitos contra lo público, anomalía que no debería conceptuarse como normal, puesto que un Gobernador o un Alcalde no es elegido para enfrentar durante o posteriormente a su mandato persecuciones políticas y procesos que denigren de su imagen y comprometan la estabilidad de un pueblo que encomendó las expectativas de desarrollo social y personal en sus manos.

Frente a lo planteado y específicamente en el marco de nuestro territorio local, surge un interrogante ¿Cuáles pueden ser las causas por las que el 75% de los gobiernos elegidos por voto popular en Maicao, han sido procesados por delitos contra la administración pública? Seguramente surgirán muchas respuestas a este interrogante, entre ellas, la inexperiencia administrativa, la presión de los aportantes de sus campañas, mala fe en las acciones de su gabinete o desconocimiento de las normas.

Todas estas razones pueden ser las causales de este desalentador indicador administrativo local; sin embargo, considero que hay una posible razón que pese a no estar tipificado como delito contra lo público, sí es influyente en el comportamiento de cada uno de los seres humanos, sin excepción. Me refiero al ejemplo recibido en casa, que aunque no es excusa para decidir quién y cómo soy, si puede ser determinante en algunas acciones decisivas de nuestra vida.

Es así, como podemos definir que delitos penales, como el peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricato, abuso de autoridad, usurpación y abuso de funciones, no son comportamientos exclusivos de la función pública, sino que desde el seno familiar y social los percibimos y luego los trasladamos al escenario político y administrativo, cuando hubiese oportunidad para ello.

La diferencia entre ambos planos, como ya lo mencioné, está en que a pesar de que como padres en ocasiones se actúe de manera irracional al interior del núcleo familiar, dichas conductas no serán juzgadas por la ley ordinaria, pues no afectan de manera directa la administración pública. Ejemplos de estas prácticas se enuncian a continuación en el orden respectivo de los delitos señalados en el párrafo anterior: el empeño de manera irresponsable de los bienes familiares, malgasto del presupuesto familiar en asuntos innecesarios, suntuosos o generadores de vicio; uso de autoridad para arrebatar la utilidad de negocios familiares a fin de satisfacer las necesidades personales, soborno a los hijos para que callen hechos irregulares, celebración de negocios fraudulentos, utilización de influencias para alcanzar propósitos a como dé lugar, justificación de malos actos con argumentos amañados, intimidación con el poder que ejercen como padres o usurpación de las funciones de su cónyuge para alcanzar un propósito individual.

Pese a que estas prácticas irregulares en los núcleos familiares en la actualidad no sean penalizadas, las generaciones en existencia debemos replantear nuestros comportamientos al interior de los hogares, para iniciar la recomposición social de la que tanto se habla, vivir cada día con un propósito, sobre todo dejar de preocuparnos tanto por la sociedad en la que abandonaremos a nuestros hijos y nietos, para empezar a preocuparnos y a ocuparnos en formar mejores personas para esta sociedad.