Por: César Arismendi Morales
La locomotora que el gobierno nacional ha diseñado y construido para hacer aprobar la reforma constitucional en los artículos 360 y 361 relacionada con la creación de un Sistema Nacional de Regalías, fue encendida y está acelerada a velocidad de crucero. Hasta el momento, ya ha superado dos de sus ocho obligantes estaciones en el Congreso de la República, transitoriamente animada por la urgencia del gobierno central para cuadrar sus números, cuentas y resultados en el marco fiscal de mediano plazo.
En el debate se han presentado razones de pesos para llamar la atención de su conductor, pero este no mira hacia ese lado. La mirada del piloto se encuentra fija en el trayecto que aún le hace falta para llegar a la estación final. No le importa que en defensa de la enmienda se esgriman argumentos anti técnicos y erróneos por parte de los actores gubernamentales, al tratar las regalías como impuestos que por su naturaleza se irrigan por toda la nación independientemente de sus fuentes.
Las regalías técnicamente son contraprestaciones económicas o compensaciones a que tienen derecho los territorios mineros y portuarios por los daños ambientales, sociales y económicos que reciben. Con un argumento de mala calidad, tratan de legislar en una materia del interés general que debe ser objeto de consulta a los asociados en la nación, especialmente, a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.
Solo se cuantifican los impactos de la bonanza minero petrolera, que hipotéticamente generará recursos que se incrementarán todos los años hasta llegar a la suma de $ 12 billones en el 2020. Como lo ha dicho el antropólogo Wilder Guerra Curvelo, con el nuevo sistema de regalías se pondrá en riesgo la gallina de los huevos de oro, que en nuestro caso son los territorios en donde se hace la explotación de los recursos mineros y por donde se exportan. Al quedarse los municipios y departamentos productores y portuarios sin una parte de las compensaciones por factores ambientales, sociales y económicos, se pondrá en marcha una perversa tendencia en la cual se acentuará la propensión a negar en las regiones los nuevos proyectos mineros y portuarios por parte de las comunidades en la fase de consulta previa, necesaria para licenciarlos y aprobarlos ambientalmente.
Nada de ello parece detener a la locomotora, que viene por el control total de las regalías, en donde el ejecutivo nacional asumirá el manejo discrecional de esta fuente de financiación de las regiones mineras. En mi criterio, con esa discrecionalidad se inicia el fin de las regalías. Percibo que este gobierno en el mediano plazo busca la flexibilización del mercado minero petrolero, por algo es una de sus locomotoras. La legislación actual de las regalías restringe este propósito y por ello este primer paso es necesario y urgente.
En la globalización, el pago de regalías es visto por las multinacionales como un costo adicional que imponen los países a la explotación de sus recursos naturales no renovables. Esta renta diferencial genera distorsiones a los planes de producción. Algunos países la han eliminado o la han bajado flexibilizando los costos de producción. México, Canadá, Estados Unidos y Sur África no la aplican. Colombia tiene un sistema de pago de regalías hasta el 12% del valor de la producción bruta, lo cual es bastante alta para el promedio. En China es del 2%, Canadá, Argentina, Perú, Brasil, Polonia, Kazajstan y Zambia se encuentran entre el 2% y el 3%. Esto se está imponiendo como norma en el mercado internacional. Por lo que si Colombia desea ser atractiva y competitiva en el sector minero petrolero tendrá que eliminar o flexibilizar en la estructura de costos de la minería el compromiso de pago de regalías. Allí radica el verdadero interés de reformar la Constitución para asumir un control discrecional, necesario para dar el siguiente paso el cual tiene que ver con su reducción o desaparición.
La locomotora que el gobierno nacional ha diseñado y construido para hacer aprobar la reforma constitucional en los artículos 360 y 361 relacionada con la creación de un Sistema Nacional de Regalías, fue encendida y está acelerada a velocidad de crucero. Hasta el momento, ya ha superado dos de sus ocho obligantes estaciones en el Congreso de la República, transitoriamente animada por la urgencia del gobierno central para cuadrar sus números, cuentas y resultados en el marco fiscal de mediano plazo.
En el debate se han presentado razones de pesos para llamar la atención de su conductor, pero este no mira hacia ese lado. La mirada del piloto se encuentra fija en el trayecto que aún le hace falta para llegar a la estación final. No le importa que en defensa de la enmienda se esgriman argumentos anti técnicos y erróneos por parte de los actores gubernamentales, al tratar las regalías como impuestos que por su naturaleza se irrigan por toda la nación independientemente de sus fuentes.
Las regalías técnicamente son contraprestaciones económicas o compensaciones a que tienen derecho los territorios mineros y portuarios por los daños ambientales, sociales y económicos que reciben. Con un argumento de mala calidad, tratan de legislar en una materia del interés general que debe ser objeto de consulta a los asociados en la nación, especialmente, a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.
Solo se cuantifican los impactos de la bonanza minero petrolera, que hipotéticamente generará recursos que se incrementarán todos los años hasta llegar a la suma de $ 12 billones en el 2020. Como lo ha dicho el antropólogo Wilder Guerra Curvelo, con el nuevo sistema de regalías se pondrá en riesgo la gallina de los huevos de oro, que en nuestro caso son los territorios en donde se hace la explotación de los recursos mineros y por donde se exportan. Al quedarse los municipios y departamentos productores y portuarios sin una parte de las compensaciones por factores ambientales, sociales y económicos, se pondrá en marcha una perversa tendencia en la cual se acentuará la propensión a negar en las regiones los nuevos proyectos mineros y portuarios por parte de las comunidades en la fase de consulta previa, necesaria para licenciarlos y aprobarlos ambientalmente.
Nada de ello parece detener a la locomotora, que viene por el control total de las regalías, en donde el ejecutivo nacional asumirá el manejo discrecional de esta fuente de financiación de las regiones mineras. En mi criterio, con esa discrecionalidad se inicia el fin de las regalías. Percibo que este gobierno en el mediano plazo busca la flexibilización del mercado minero petrolero, por algo es una de sus locomotoras. La legislación actual de las regalías restringe este propósito y por ello este primer paso es necesario y urgente.
En la globalización, el pago de regalías es visto por las multinacionales como un costo adicional que imponen los países a la explotación de sus recursos naturales no renovables. Esta renta diferencial genera distorsiones a los planes de producción. Algunos países la han eliminado o la han bajado flexibilizando los costos de producción. México, Canadá, Estados Unidos y Sur África no la aplican. Colombia tiene un sistema de pago de regalías hasta el 12% del valor de la producción bruta, lo cual es bastante alta para el promedio. En China es del 2%, Canadá, Argentina, Perú, Brasil, Polonia, Kazajstan y Zambia se encuentran entre el 2% y el 3%. Esto se está imponiendo como norma en el mercado internacional. Por lo que si Colombia desea ser atractiva y competitiva en el sector minero petrolero tendrá que eliminar o flexibilizar en la estructura de costos de la minería el compromiso de pago de regalías. Allí radica el verdadero interés de reformar la Constitución para asumir un control discrecional, necesario para dar el siguiente paso el cual tiene que ver con su reducción o desaparición.
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