miércoles, 19 de mayo de 2010

Óscar Javier Choles Redondo se posesionò como Concejal de Maicao


Fuente: Diario del Norte

Teniendo en cuenta el fallo de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que decretó la pérdida de investidura al concejal Carlos Gómez Mogres, del movimiento político Convergencia Ciudadana, tomó posesión como concejal de Maicao, Óscar Javier Choles Redondo.

La credencial de Carlos Gómez Mogres fue demandada por el tercero en la lista de acuerdo a las votaciones de octubre de 2007, Jaime Alfonso Arregocés Torres, porque estaba inhabilitado para inscribirse como candidato al Concejo, debido a que su hermana, Faride Concepción Gómez Mogres, es la rectora de la Institución Educativa Número 6 de Maicao. Ayer se pudo conocer que Arregocés Torres también demandaría al recién posesionado, Óscar Javier Choles Redondo, porque también estaría inhabilitado para tomar posesión del cargo, ya que su padre, Ramiro Alfonso Choles Andrade, fue incorporado a la planta de docentes mediante el acta 523 del 28 de noviembre de 2003, con lo cual viola el régimen de inhabilidad, incompatibilidad por conflictos de intereses al inscribirse como candidatos al Concejo de Maicao.

Estudiante de sociología Majayut de los periodistas en Festival de la cultura Wayúu


Tomado del Informador

Aleida María Tile Uriana, representante de la comunidad de estudiantes Wayúu de la universidad del Atlántico, fue designada Majayut de los periodistas, de la vigésima cuarta versión del Festival de la cultura Wayúu, que culminó la madrugada del pasado lunes festivo.

La recién designada, actualmente cursa el séptimo semestre de sociología en este importante centro de estudios superiores en la ciudad de Barranquilla, nació en la ranchería de Orroco, vía que de Maicao conduce al municipio de Uribia, sus padres son Betulia Uriana Uriana y Aginar Ipuana.

La elección de Aleida María Tile Uriana, se llevó a cabo en las instalaciones del centro cultural, con la presencia de importantes medios de comunicación de la región Caribe colombiana, Estado Zulia de Venezuela y radiodifusora nacional. El selecto jurado estuvo conformado por Rosa Pacheco, diputada de la Asamblea Departamental de La Guajira; Juan Cambar líder wayúu y Genoveva Fernández, concejal venezolana.

La Majayut de los periodistas, manifestó que como talento especial tendrá la enseñanza del wayunaiki a sus compañeros arijunas.

Entendidos en la materia, manifestaron que desde el mismo momento que esta estudiante de sociología se inscribió en las oficinas del Festival, era catalogada como una de las favoritas para llevarse la Takiara de Oro, por su fluidez en el manejo del wayunaiki y su expresión en español.

También se destacó por ser una de las líderes del grupo, aunque no tenía una masiva representación, pero sí el apoyo de los uribieros, ya que sus ancestros residen a muy poco kilómetros del centro urbano de Uribia.

lunes, 17 de mayo de 2010

BENDITA PENINA



Por: Paola Johana Martínez Ortíz

Uno de los propósitos de la mujer en la vida natural es reproducirse, unirse con el hombre en una sola carne como lo dice la sagrada escritura, para luego construir una familia; es un mandato divino. Pero ¿qué sucede cuando la mujer está imposibilitada para concebir y no puede cumplir con su naturaleza procreadora?, y lo que es más preocupante cuando encontramos que hombres casados llegan a tener hijos por fuera de sus hogares a veces con le excusa machista de que su esposa no le puede dar hijos. Esta es la historia de una mujer llamada Ana, que vivió exactamente la misma situación planteada.

Ana quien era esposa de Elcana tenía un profundo dolor porque Dios no la había regalado hijos, y Penina, quien era la otra mujer de su esposo; y quien tenía hijos con él la irritaba, enojándola con su burla destructora; Ana lloraba y no comía por su profundo dolor, pero su esposo la amaba más que a Penina y eso reconfortaba un poco, sin embargo Ana no estaría tranquila y Feliz hasta no concebir un hijo, lo que sería un “milagro”.

Ana entendió que los milagros le pertenecen a Dios, por lo que oró a él en total angustia pidiéndole aquel hijo que tanto deseaba. Ana hizo una promesa sobre una promesa, Ana le dijo a Dios que si le concedía un hijo ella lo dedicaría a él todos los días de su vida, (1 Samuel, 1:11) .Ella no se rendiría; no aceptaría un no por respuesta. Puso Ana su confianza en Dios y no estuvo más triste porque sabía que él le concedería su milagro.

A su tiempo llegó Samuel “la promesa”, quien fue dedicado a Dios y él lo hizo profeta en su nación, de esta manera Dios concedió el anhelo de Ana; Dios no se había olvidado de ella, solo estaba esperando que ella recurriera a él para demostrarle que él es el que nos hace caminar sobre las alturas y nos da honra delante de nuestros opresores, porque él usa todas las cosas a nuestro favor.

Bueno al final Penina no fue tan mala, yo en lugar de Ana le bendeciría, Si Ana no habría tenido a Penina, quien sabe si habría llegado a orar con semejante desesperación. Ana dijo: "Señor, me tienes que dar ese hijo, al menos para callar las burlas de Penina.

Necesitamos, aunque no nos guste, que Dios nos impida de algo por algún tiempo para que concibamos a Samuel que representa la “promesa” de Dios en nuestras vidas. El Señor usa y permite que entremos en crisis para que concibamos y demos a luz sus propósitos. Penina hace falta en los planes de Dios, Penina es quien nos reta a luchar por la promesas de Dios, es quien nos acorrala a tal punto que sólo en su presencia podamos encontrar una respuesta.

Hoy te invito a que tomes cada uno de tus problemas los conviertas en un peldaño, los hagas una escalera y te subas por encima de ellos para llegar a la cima de las promesas de Dios.

Los problemas no se acabarán, ellos al igual que Penina nos inyectan valor para reclamar el lugar que nos pertenece y que Dios nos ha prometido.

Bendita seas Penina, benditas sean las Dificultades porque nos acercan más a Dios.

Romanos 8:28 : Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.

La nueva ola de Maicao denuncia la grave situación ambiental Barrio Flor del Cañaguate



Por: Marcos Gómez Cabarcas
Gestor ambiental – La Nueva Ola de Maicao

En total abandono por parte de la empresa de aseo del municipio de Maicao se declaró la comunidad del Barrio “Flor del Cañaguate”, ellos no cuentan con el servicio público de aseo y recolección de basuras, motivo por el cual deben arrojar sus desechos en lotes abandonados, en cercanías al barrio colocando en riesgo la salud de la comunidad.

Esta situación quedó al descubierto el día sábado 15 de mayo del presente año, cuando los jóvenes del grupo “La Nueva Ola de Maicao” realizaron en el barrio una mesa de compromiso ambiental, en el marco del programa Guajira verde (Convenio entre la Facultad internacional de liderazgo y Corpoguajira), donde la comunidad manifestó la problemática ambiental en la que se encuentran sumergidos.

Esta jornada pedagógica trató distintos temas de acción ambiental, con el fin de minimizar los factores agravantes que deterioran el medio y la salud de sus habitantes. El reciclaje y métodos de reducción y reutilización de los desechos generados por el consumismo humano fueron claves para la discusión y el mutuo aprendizaje, haciendo esta dinámica bastante productiva para los moradores del barrio y el grupo de jóvenes que lideraron esta actividad.

La comunidad del barrio manifestó el compromiso de cambios de hábitos y la búsqueda de nuevos métodos que garanticen reducir al máximo el caos en el que viven actualmente. “La Nueva Ola de Maicao” se solidariza con este sector vulnerable del municipio y acompañará de cerca las acciones que realicen para acabar con esta problemática, y así, aportar un grano de arena para contrarrestar el Calentamiento Global y la masiva degradación medioambiental que está afectando al planeta tierra.

domingo, 16 de mayo de 2010

La opinión de Amylkar Acosta

El fetichismo normativo

Por: Amylkar Acosta
(Ex presidente del Congreso de la República)

Berulat: “Se asalta con más impunidad en un rincón de las leyes que en un rincón del bosque”

Resultaba inaplazable la reforma del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, pues esta se había tornado en anacrónica y con el paso de los años había ido perdiendo su eficacia, dado el sinnúmero de atajos a través de los cuales se soslayaba su cumplimiento. Como se suele decir a menudo, hecha la Ley hecha la trampa; una vez expedida la Ley 80/93, muchos funcionarios públicos se las arreglaron para evadirla y para ello recurrieron a toda suerte de subterfugios y artilugios legales, especialmente a la triangulación contractual a través de ONGs, los socorridos convenios interadministrativos con universidades, organismos supranacionales como el PNUD o a convenios como el tristemente célebre Convenio Andrés Bello. Todo ello para eludir la licitación pública y seguir contratando directamente, a dedo.


Últimamente hasta el FONADE cayó en esas prácticas, extraviando los fines para los cuales fue creado, desnaturalizando su razón de ser, para dedicarse a contratar obras en todo el país, casi siempre apartándose de los lineamientos de la Ley 80. Para ello se expidió el Decreto 288 de 2004; flaco servicio se le presta a esta entidad, concebida para impulsar el desarrollo socioeconómico del país mediante la preparación, evaluación, estructuración y hasta la financiación de proyectos con tal fin, sobrecargándolo ahora con la responsabilidad de contratar obras por esa misma vía. La Constitución en su artículo 267 es clara al establecer que “El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación”. Allí donde el constituyente no distingue, no le cabe al intérprete hacerlo; en consecuencia, cuando se habla de “los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación”, es claro que no por reputarse como particular quien los maneje está exento del control y vigilancia y hasta allá debe llegar la acción fiscalizadora del organismo de control; en ello no debe caber la menor duda o ambigüedad.


Sumas ingentes son ejecutadas a través de estas martingalas, en las que el interés público siempre resulta afectado. Más del 60% de los recursos del Fondo Nacional de Regalías han corrido esta suerte, para no hablar de los recursos que en su momento se manejaron correspondientes al Plan Colombia. Por todo ello y mucho más, no había tiempo que perder para ponerle coto a tanta transgresión de los principios esenciales de la objetividad, la economía y la transparencia en la contratación pública. Es bien sabido que “toda Ley demasiado transgredida es mala… corresponde al legislador cambiarla, a fin de que el desprecio por ella no se extienda a las leyes más justas…” (Margarita Yourcernar. Memorias de Adriano). Y eso fue lo que hizo el legislativo, después de varios intentos fallidos finalmente se aprobó la Ley 1150 de 2007.


Con esta reforma se buscó armonizar los procedimientos de contratación con las nuevas herramientas tecnológicas y asegurar la transparencia en la contratación, señalando los elementos que conducen a escoger la mejor oferta, para evitar el favorecimiento de proponentes, siendo así que las ofertas no podrán rechazarse por ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de su oferta. La Ley 80 de 1993, excluía a algunas entidades públicas de la aplicación del estatuto contractual. Con la modificación introducida por la Ley 1150 de 2007 se enfatiza en la aplicación de los principios de la función pública (Art. 209 C.P) a pesar de mantener su exclusión, así mismo se estipuló que se sujetarán al régimen de inhabilidades e incompatibilidades del mismo Estatuto de Contratación. Fue finalidad de la modificación introducida al Estatuto General de Contratación imprimirle mayor transparencia a los procesos de selección, tendiente a proporcionar a los oferentes un espacio en el que pudieran debatir o controvertir las decisiones de la administración. De manera concomitante el Gobierno Nacional expide el Decreto 2025 de junio 3 de 2009, con el cual se modificó parcialmente el Decreto 2474 de 2007, en el que se estipuló la obligatoriedad de hacer el traslado del informe de evaluación a los proponentes, aún, bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.


La ambigüedad y las zonas grises que persisten en el Estatuto de Contratación se convierten en fuente de controversias y litigios entre el Estado y los particulares, que no pocas veces terminan en fallos condenatorios en contra de la Nación, que han terminado por convertirse en una vena rota del presupuesto nacional, afectado por crecientes gastos contingentes a los que dan lugar. Al considerar que no se logró lo propuesto al expedir la nueva Ley por una parte y que además se han dejado sin efecto y declaradas inexequibles varias de sus normas, ello deriva en cierto grado de inseguridad jurídica, la que tanto abominan los inversionistas privados, de lo cual se sigue la necesidad de que Contraloría General de la República lidere un proceso legislativo que permita codificar la profusión de normas respecto del tema de la contratación para superar los vacíos que persisten en esta materia; tanto más clara resulte el régimen de contratación, más fácil discurre el control de los recursos públicos.


Tres años después de expedida la reforma, el zar anticorrupción Oscar Enrique Ortiz González sostiene que dicho Estatuto se burla “a través de múltiples modalidades”. Transparencia por Colombia asegura en su más reciente informe que sólo en el año pasado en todo el país hubo $3.6 billones contratados a través de las tantas figuras de excepción previstas en la nueva Ley (sin publicidad ni pluralidad, a través de contratos con cooperativas, urgencia manifiesta, organismos internacionales y contratos de menor cuantía), que hacen de la excepción la regla. El más reciente balance que hiciera el zar anticorrupción es impresionante: “hicimos una aproximación a partir de un estudio de 2008 de la Universidad Externado de Colombia y Transparencia por Colombia. Según esa encuesta, el promedio del valor de un soborno para acceder a la contratación pública era del 12.9%. Al aplicar ese porcentaje al presupuesto de inversión de la Nación para 2009, que es de $30 billones, el resultado es de $3.9 billones a precios reales de hoy” (El País. Septiembre, 6 de 2009). Para darnos una idea de la dimensión de la defraudación al Estado él mismo lo ilustra diciendo que con dicha suma se podría beneficiar a 347.000 familias de escasos recursos con subsidios de vivienda del orden de los $11.5 millones cada una, alcanzan para financiar 4 años del programa Familias en Acción que atiende a 3 millones de familias; dicha suma equivale al monto recaudado de dos reformas tributarias. Y eso que sólo está hablando del monto invertido por la Nación, quedan faltando los datos de municipios y departamentos en donde se da otro tanto.


Ello lo que demuestra es que no es suficiente con las reformas a la Ley, que no podemos caer en el fetichismo normativo de creer que basta con reformar la Ley trasgredida para acabar con la trasgresión, hay que ir mucho más allá en el combate contra la corrupción. No es cierto que la mayor profusión de cambios normativos por sí sola sirva de instrumento para garantizar una verdadera moralidad en la contratación administrativa, para asegurar sistemas de selección que garanticen una eficaz transparencia. Bien dijo Berulat, que “se asalta con más impunidad en un rincón de las leyes, que en un rincón del bosque”.


Bogotá, mayo 16 de 2010

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