Por: Hernán Baquero Bracho
Nuevamente un año electoral, para elegir a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, el próximo 30 de octubre del año en curso y vuelven los mismos promeseros, ofreciendo el oro y el morro, con su caritas de inocentes y expresando que son los redentores de sus comunidades, para alcanzar sus objetivos en la contienda política. Y en la mayoría de los casos, los elegidos, siempre se convierten en un manojo de frustraciones para la comunidad que los eligió.
Y como siempre el incumplimiento del artículo 259, de la Constitución Política, se da en todas las regiones de la patria. El artículo de la referencia tiene que ver con el voto programático, en el cual los ciudadanos que votan para elegir a gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del Programa de Gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura. Pues bien, ese Programa de Gobierno, donde el mandante es el pueblo, no le cumple en la mayoría de los casos, inclusive, el candidato ganador lo toma más como un mecanismo o un deber y no como un mandato de ley ante el pueblo o departamento que lo eligió.
Para el caso especifico de La Guajira, la decepción en las elecciones de alcaldes de los diferentes municipios, en el año que termina su mandato, es bastante ostensible, ya que la mayoría no dieron o no colmaron las expectativas de los ciudadanos que tenían cifradas en ellos. Nombrar casos específicos no vale la pena ni mencionarlos, pero la comunidad guajira conoce a fondo a quienes nos estamos refiriendo. De igual manera en lo relacionado a los diputados, la mayoría de ellos no dieron la talla, y si, de concejales se trata, ahí si la decepción es aterradora.
La mayoría de ellos de los diferentes municipios se convirtieron casi en unos extorsionistas del mandatario de turno. Si estos mandatarios hablaran, el resultado sería aterrador y la comunidad de cada municipio conoce el tema, sobre todo en lo referente a la facultades extraordinarias que los concejales le dan a sus alcaldes, y que por mandato de ley debería estar inherente en ella y asuman los mandatarios municipales toda la responsabilidad ante los organismos de control.
Los alcaldes una vez elegidos cambian su posición de candidatos y se convierten casi en unos pequeños monarcas, sin ley que los detengan y con unos apetitos desaforados del presupuesto municipal que en un gran porcentaje en sus cuatros años de mandato terminan en sus arcas personales y en las de sus áulicos más íntimos de su administración. ¡qué horror¡ ¿y los órganos de control, que posición asumen al respeto? Ellos también se convierten en otros extorsionistas de los mandatarios municipales y parte de ese presupuesto, engrosa a sus bolsillos. Y después vienen con el descaro de hablar de transparencia, rectitud, imparcialidad y honorabilidad.
Es por todo lo anterior que la Constitución Política debería obligar a través de una enmienda, que los aspirantes por el voto programático a las diferentes corporaciones públicas, se sometan al examen del polígrafo, y de esta manera, salir de dudas de quienes están diciendo verdades en sus aspiraciones y si lo hacen por manejar el poder abstracto o el poder real y les cuento que las sorpresas, serán en mayúsculas, porque de seguro, con estos exámenes más de una ciudad o población quedará sin aspirantes, por obvias razones. No todo lo que brilla es oro, reza el dicho popular. ¿Volveremos a elegir mandatarios ineficientes, inescrupulosos y ambiciosos de poder? El tiempo lo dirá.
Nuevamente un año electoral, para elegir a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, el próximo 30 de octubre del año en curso y vuelven los mismos promeseros, ofreciendo el oro y el morro, con su caritas de inocentes y expresando que son los redentores de sus comunidades, para alcanzar sus objetivos en la contienda política. Y en la mayoría de los casos, los elegidos, siempre se convierten en un manojo de frustraciones para la comunidad que los eligió.
Y como siempre el incumplimiento del artículo 259, de la Constitución Política, se da en todas las regiones de la patria. El artículo de la referencia tiene que ver con el voto programático, en el cual los ciudadanos que votan para elegir a gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del Programa de Gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura. Pues bien, ese Programa de Gobierno, donde el mandante es el pueblo, no le cumple en la mayoría de los casos, inclusive, el candidato ganador lo toma más como un mecanismo o un deber y no como un mandato de ley ante el pueblo o departamento que lo eligió.
Para el caso especifico de La Guajira, la decepción en las elecciones de alcaldes de los diferentes municipios, en el año que termina su mandato, es bastante ostensible, ya que la mayoría no dieron o no colmaron las expectativas de los ciudadanos que tenían cifradas en ellos. Nombrar casos específicos no vale la pena ni mencionarlos, pero la comunidad guajira conoce a fondo a quienes nos estamos refiriendo. De igual manera en lo relacionado a los diputados, la mayoría de ellos no dieron la talla, y si, de concejales se trata, ahí si la decepción es aterradora.
La mayoría de ellos de los diferentes municipios se convirtieron casi en unos extorsionistas del mandatario de turno. Si estos mandatarios hablaran, el resultado sería aterrador y la comunidad de cada municipio conoce el tema, sobre todo en lo referente a la facultades extraordinarias que los concejales le dan a sus alcaldes, y que por mandato de ley debería estar inherente en ella y asuman los mandatarios municipales toda la responsabilidad ante los organismos de control.
Los alcaldes una vez elegidos cambian su posición de candidatos y se convierten casi en unos pequeños monarcas, sin ley que los detengan y con unos apetitos desaforados del presupuesto municipal que en un gran porcentaje en sus cuatros años de mandato terminan en sus arcas personales y en las de sus áulicos más íntimos de su administración. ¡qué horror¡ ¿y los órganos de control, que posición asumen al respeto? Ellos también se convierten en otros extorsionistas de los mandatarios municipales y parte de ese presupuesto, engrosa a sus bolsillos. Y después vienen con el descaro de hablar de transparencia, rectitud, imparcialidad y honorabilidad.
Es por todo lo anterior que la Constitución Política debería obligar a través de una enmienda, que los aspirantes por el voto programático a las diferentes corporaciones públicas, se sometan al examen del polígrafo, y de esta manera, salir de dudas de quienes están diciendo verdades en sus aspiraciones y si lo hacen por manejar el poder abstracto o el poder real y les cuento que las sorpresas, serán en mayúsculas, porque de seguro, con estos exámenes más de una ciudad o población quedará sin aspirantes, por obvias razones. No todo lo que brilla es oro, reza el dicho popular. ¿Volveremos a elegir mandatarios ineficientes, inescrupulosos y ambiciosos de poder? El tiempo lo dirá.
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