Fuente: Revista Cambio 16
Una jueza de Colombia condenó el miércoles a 30 años de prisión a un coronel retirado del Ejército por la desaparición de 11 personas durante la recuperación de un edificio asaltado por guerrilleros en 1985, en un fallo que pidió investigar a un ex presidente.
La sentencia contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, como responsable del delito de desaparición forzada agravada, es la primera que se produce después del asalto al Palacio de Justicia de Bogotá por parte de la desmovilizada guerrilla del M-19, hace más de 24 años.
La tercera jueza especializada de Bogotá, María Stella Jara, halló a Plazas Vega responsable de la desaparición de los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia y de la guerrillera Irma Franco, quien salió viva de la edificación, de acuerdo con las investigaciones.
La Fiscalía demostró a la jueza que a las víctimas las trasladaron a un batallón del Ejército en el norte de Bogotá, por orden de Plazas y luego desaparecieron. El oficial retirado dirigió la operación para recuperar el Palacio de Justicia después de la toma de la guerrilla, en noviembre de 1985, acciones que dejaron casi un centenar de muertos, algunos carbonizados por el incendio que consumió la edificación.
En la condena, la jueza ordenó investigar al ex presidente Belisario Betancur, quien gobernaba el país en la época, así como a toda la cúpula militar y de la Policía Nacional. Plazas se declaró inocente, anunció que apelará el fallo y se dijo que es víctima de una persecución política.
El Congreso de Colombia aprobó en 1991 el indulto y la amnistía contra los integrantes de la guerrilla del M-19, que entregó las armas y se desmovilizó en 1990. El ex presidente Betancur fue investigado y absuelto por una comisión legislativa. El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, dijo que el asalto al Palacio de Justicia fue producto de una alianza entre la guerrilla y el Cartel de Medellín y lamentó que ninguno de los criminales responsables esté en la cárcel.
'Ahora veo que condenan a un integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia que simplemente cumplió con su deber, duele, da tristeza', dijo el mandatario durante una conferencia de prensa con la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton. Amnistía Internacional calificó el fallo de la jueza como una condena histórica que se impuso sobre la decisión de las Fuerzas Armadas de Colombia de ocultar la verdad.
'Con esta sentencia pionera para las familias de las víctimas, que durante casi un cuarto de siglo han hecho campaña por la justicia, se ha comenzado a romper el silencio que durante tanto tiempo ha protegido a los responsables', dijo Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional para Colombia.
Familiares de víctimas reaccionan
Luego de conocerse la noticia de la condena, el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez dijo que lamentaba la decisión. "Duele, da tristeza", "veo con dolor que condenan a un integrante de las Fuerzas Armadas" que estaba "defendiendo la democracia", dijo.
El mandatario convocó a la cúpula militar y al ministro de Defensa en la Casa de Nariño con el propósito de examinar el caso y aseguró que la condena de 30 años de prisión contra el militar y la investigación a Belisario Betancur constituyen "inseguridad jurídica".
Por su parte, la cúpula militar expresó su mayor solidaridad al coronel Plazas Vega y expresó el "profundo dolor por la decisión". "Ese sentimiento de dolor es compartido en todos los niveles por los militares ...se exhorta a la Fuerza Pública de tierra y aire para que mantengan la moral en alto". Los militares también señalaron que esperan que la decisión sea evaluada en segunda instancia por las autoridades competentes.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia le escribían una carta a Uribe Velez en la que, "de manera respetuosa", le dicen que "la sentencia al coronel Plazas obra en derecho, no vulnera la integridad de las fuerzas militares, marca un hito en la historia de lucha contra la impunidad y muestra que el país puede estar a la altura de los estándares internacionales de justicia".
"No entendemos como usted que encarna la máxima instancia del ejecutivo usando la popularidad que le acompaña, intente interferir en el poder judicial cuestionando decisiones de los administradores de justicia, sin argumentación alguna diferente a que los dirigentes del entónces grupo M19 deben ser judicializados, si ese es su interés sabe usted bien que existen procedimientos e instancias propias, a las cuales usted debe acudir, maxime si se trata de ayudar a un amigo y ex funcionario suyo", concluye el documento.
Una jueza de Colombia condenó el miércoles a 30 años de prisión a un coronel retirado del Ejército por la desaparición de 11 personas durante la recuperación de un edificio asaltado por guerrilleros en 1985, en un fallo que pidió investigar a un ex presidente.
La sentencia contra el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, como responsable del delito de desaparición forzada agravada, es la primera que se produce después del asalto al Palacio de Justicia de Bogotá por parte de la desmovilizada guerrilla del M-19, hace más de 24 años.
La tercera jueza especializada de Bogotá, María Stella Jara, halló a Plazas Vega responsable de la desaparición de los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia y de la guerrillera Irma Franco, quien salió viva de la edificación, de acuerdo con las investigaciones.
La Fiscalía demostró a la jueza que a las víctimas las trasladaron a un batallón del Ejército en el norte de Bogotá, por orden de Plazas y luego desaparecieron. El oficial retirado dirigió la operación para recuperar el Palacio de Justicia después de la toma de la guerrilla, en noviembre de 1985, acciones que dejaron casi un centenar de muertos, algunos carbonizados por el incendio que consumió la edificación.
En la condena, la jueza ordenó investigar al ex presidente Belisario Betancur, quien gobernaba el país en la época, así como a toda la cúpula militar y de la Policía Nacional. Plazas se declaró inocente, anunció que apelará el fallo y se dijo que es víctima de una persecución política.
El Congreso de Colombia aprobó en 1991 el indulto y la amnistía contra los integrantes de la guerrilla del M-19, que entregó las armas y se desmovilizó en 1990. El ex presidente Betancur fue investigado y absuelto por una comisión legislativa. El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, dijo que el asalto al Palacio de Justicia fue producto de una alianza entre la guerrilla y el Cartel de Medellín y lamentó que ninguno de los criminales responsables esté en la cárcel.
'Ahora veo que condenan a un integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia que simplemente cumplió con su deber, duele, da tristeza', dijo el mandatario durante una conferencia de prensa con la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton. Amnistía Internacional calificó el fallo de la jueza como una condena histórica que se impuso sobre la decisión de las Fuerzas Armadas de Colombia de ocultar la verdad.
'Con esta sentencia pionera para las familias de las víctimas, que durante casi un cuarto de siglo han hecho campaña por la justicia, se ha comenzado a romper el silencio que durante tanto tiempo ha protegido a los responsables', dijo Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional para Colombia.
Familiares de víctimas reaccionan
Luego de conocerse la noticia de la condena, el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez dijo que lamentaba la decisión. "Duele, da tristeza", "veo con dolor que condenan a un integrante de las Fuerzas Armadas" que estaba "defendiendo la democracia", dijo.
El mandatario convocó a la cúpula militar y al ministro de Defensa en la Casa de Nariño con el propósito de examinar el caso y aseguró que la condena de 30 años de prisión contra el militar y la investigación a Belisario Betancur constituyen "inseguridad jurídica".
Por su parte, la cúpula militar expresó su mayor solidaridad al coronel Plazas Vega y expresó el "profundo dolor por la decisión". "Ese sentimiento de dolor es compartido en todos los niveles por los militares ...se exhorta a la Fuerza Pública de tierra y aire para que mantengan la moral en alto". Los militares también señalaron que esperan que la decisión sea evaluada en segunda instancia por las autoridades competentes.
Mientras tanto, los familiares de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia le escribían una carta a Uribe Velez en la que, "de manera respetuosa", le dicen que "la sentencia al coronel Plazas obra en derecho, no vulnera la integridad de las fuerzas militares, marca un hito en la historia de lucha contra la impunidad y muestra que el país puede estar a la altura de los estándares internacionales de justicia".
"No entendemos como usted que encarna la máxima instancia del ejecutivo usando la popularidad que le acompaña, intente interferir en el poder judicial cuestionando decisiones de los administradores de justicia, sin argumentación alguna diferente a que los dirigentes del entónces grupo M19 deben ser judicializados, si ese es su interés sabe usted bien que existen procedimientos e instancias propias, a las cuales usted debe acudir, maxime si se trata de ayudar a un amigo y ex funcionario suyo", concluye el documento.
