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Imagine que en los diarios de mayor circulación del país, en los noticieros y en internet se dice lo mismo: ¡Se acabó la guerra! Eso querría decir que se desmontaron las organizaciones al margen de la ley como las FARC, ELN, Paramilitares y las autodefensas; también los índices de violencia y de violación a los derechos humanos se redujeron.
Se diría que la política de defensa y seguridad democrática del Gobierno habría cumplido su principal objetivo, pero no el único: El objetivo general de la política de Seguridad Democrática es reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común”[1].
La cuestión es la siguiente: una vez que la Política de Defensa y Seguridad Democrática se haya cumplido, o más bien, el Estado esté presente bajo todas sus formas en el territorio nacional, ¿Qué pasarán con todos los soldados profesionales, campesinos y en general, con todo el financiamiento que habrán de recibir las fuerzas militares?, ¿Habrán problemas económicos futuros como el desempleo de los militares que ya no se necesiten para la (desarticulación de la) política de defensa y seguridad democrática?.
(Para presentar las cuestiones anteriores, habrá que hacer varias suposiciones. La primera es que como) Si la política de seguridad democrática cumple con su objetivo (siendo esta una política de largo plazo), y si se consigue el control total sobre el territorio nacional por parte de las instituciones del estado (Fortalecimiento del Sistema Judicial, Fortalecimiento de las Fuerzas Militares, Fortalecimiento de la Policía Nacional, Fortalecimiento de la Inteligencia, Fortalecimiento de las Finanzas del Estado) [2] ya no se necesitará más la amplia presencia del número de soldados, ni tampoco la alta financiación que estos exigen.
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional
Son alrededor de 140.000 personas (y en aumento) dedicadas a cuidar y proteger la democracia a través de las Fuerzas Armadas. Nadie sabe cuánto demorará el cumplimiento de los objetivos de la política de seguridad democrática, ni se alcanza a estimar el número adicional de personas que estarán al servicio de la patria como pie de fuerza, pero cuando se “gane la guerra” es muy probable que no se necesitaran más que los necesarios, así el presupuesto general de la nación destinado a cubrir estos gastos quedará libre para otras alternativas y prioridades sociales del Estado.
Siguiendo el razonamiento, según las estadísticas de gasto de las fuerzas militares, el aumento del pie de fuerza necesario para el cumplimiento de la política de seguridad democrática estaría desempleada, pues ya no sería necesaria tanta fuerza pública en presencia del estado.
No se pretende decir que se elimine la política de seguridad democrática, sino que cuando se “acabe la guerra”, será preciso dedicar la parte del presupuesto general de la nación destinada a la seguridad democrática innecesaria a las funciones sociales del Estado, como el fortalecimiento de las políticas públicas, mayor destinación del presupuesto a salud, vivienda, educación, entre otros rubros.
Ahora se va con otra intención. Se comparan las cifras económicas del impacto que tuvo Colombia cuando se acabó con el máximo cabecilla del narcotráfico Pablo Escobar, enfrentándolas con un posible desenlace de la política de seguridad democrática.
Se confirmó que en la organización del cabecilla del narcotráfico Pablo Escobar, los soldados en acción al servicio de esta organización ilegal fueron alrededor de 3.000 hombres[3]. Lo que se quiere señalar es que cuando se acabó con esa organización ilegal, esos 3.000 soldados estuvieron desempleados. Ellos con necesidades, familias y compromisos previamente adquiridos debían seguir recibiendo los ingresos suficientes para su sobrevivencia, pero, cuando se acabó ese régimen de terror, quedaron desempleados.
“El desempleo de los sicarios se vio reflejado en la diversificación de sus delitos. Muchachos entrenados para matar con armas sofisticadas se dedicaron al asalto callejero, al robo de bancos y corporaciones financieras, y a la industria del secuestro….Las autoridades calculan que en el mes de noviembre fueron asaltados seis bancos y secuestradas 35 personas, por cuenta de estas bandas. El robo de carros ha sido constante y se calcula un promedio de 14 diarios que se cometen a plena luz del día amenazando con pistola a los conductores.”[4]
También en esta época se practicaba un sistema de extorsión que consistía exigirle a pequeños y medianos comerciantes o industriales de barrio sumas que oscilan entre 100 y 500 mil pesos para que él y su familia puedan dormir tranquilos.
Reflexiones finales
Ahora la cuestión es, ¿si se reduce el presupuesto destinado a la defensa y seguridad democrático en un futuro, o lo que es lo mismo, se reduce el pie de fuerza innecesario para el desenvolvimiento natural del Estado en todas las cabeceras municipales, Colombia tendrá los mismos síntomas de desempleo, aumento de robos, aumento de violencia, que vivió Antioquia en los 90 con la muerte del Extinto capo Pablo Escobar Gaviria?
¿Una solución sostenible y eficiente es la actual política de desmovilización?
Esto abre la puerta a nuevas discusiones sobre las políticas actuales de desmovilización, de enfoque de la política de seguridad democrática, sobre la manera en que las fuerzas militares gastan sus recursos, entre otras.
Otra reflexión puede ser la propuesta de un mecanismo de prácticas universitarias voluntarias para capacitar a los Soldados en materia diferente al uso de armas o de entrenamiento militar.
La visión de un mundo con las mismas oportunidades para todos y la presencia del Estado en el territorio Colombiano exige que oportunamente se creen programas para que los soldados y combatientes de las fuerzas militares de Colombia se preparen no solamente para acabar con la vida de los enemigos, sino que una vez que se haya terminado el conflicto, estén listos para reactivarse como ciudadanos y participar en el Estado de una manera productiva y lícita.
[1] Politica de Defensa y seguridad democrática, Ministerio de Defensa Nacional, 2003.
[2] Politica de Defensa y seguridad democrática, Ministerio de Defensa Nacional, 2003.
[3] El desempleo del Vicariato, Pablo Escobar Gaviria- Archivos, Revista Semana, Fecha 03/05/1990
[4] Ibid
