Amylkar D. Acosta M[1]
Uno de los tres ejes de la política de este gobierno, además de la seguridad democrática y la confianza inversionista, es la cohesión social. Sin embargo, justamente es en este aspecto en el que, seis años después, muestra el más pobre balance.
Colombia desaprovechó la oportunidad que le brindó el llamado “quinquenio virtuoso”, de 2002 – 2007, cuando la economía creció en promedio el 6%, por encima del promedio histórico del 4%, para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, como sí lo hicieron los demás países de la región. Según la CEPAL el coeficiente Gini, que mide el grado de concentración del ingreso, en el que 1 es la máxima concentración y 0 es la igualdad completa, pasó de 0.572 en el período 2000 – 2002 a 0.584 para 2002 – 2005, pasando del nivel de desigualdad alto a muy alto.
Ello lo que indica es que los frutos del mayor crecimiento en este período de auge de la economía no fue compartido, sino que fueron acaparados por muy pocas manos, no se dio el “goteo”, como lo llama el FMI, esto es que “la riqueza que se genere en la punta de la pirámide termine llegando a la base”.
Debe haber sido el remordimiento de conciencia el que llevó al ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cuando radicó el proyecto de Plan de desarrollo del segundo tiempo de la administración Uribe, a afirmar que el turno ahora era para lo social; pero, el presidente Uribe ya tiene el sol a sus espaldas y de aquello nada.
Ahora el escenario es otro y como lo vaticino la OIT, “el empleo será la principal víctima de la crisis”[2]. El más reciente reporte del DANE lo corrobora: la tasa de desempleo pasó del 13.1% en enero de 2008 a 14.2% en enero de 2009, la tasa más alta para este mes en los últimos cinco años, para un salto de 1.1 puntos porcentuales, elevándose a 2.830.000 el número de desempleados, 308.000 más que un año atrás, alejándose ostensiblemente de la meta del gobierno de llevar a un solo dígito la tasa de desempleo a escala nacional.
Concomitantemente con la pérdida del empleo se acrecienta el fenómeno de la informalización y precarización del mismo; es así cómo el empleo informal, el del rebusque, pasó de 56.3% enero de 2008 al 57.7% en el último trimestre.
No han faltado quienes, queriendo pescar en río revuelto, han salido a proponerle al gobierno por enésima vez que “hay que revisar el tema del empleo y las barreras que hay para ingresar a puestos de trabajo, una de ellas son los parafiscales. Hay que buscar fuentes de financiación para el Sena y el ICBF”[3]. Cabe preguntarles cuáles son esas fuentes alternas para financiar los más de $5 billones que ello comporta en medio de esta estrechez fiscal[4].
Bien se ha dicho que la cuerda siempre se rompe por la parte más débil, que en este caso son los costos laborales; como afirma Viviane Forrester, los desempleados “despojados de empleo se los culpa por ello”[5] a ellos mismos. Se aduce que son los altos costos laborales los mayores generadores de desempleo y a ello, supuestamente, contribuyen las así llamadas “cargas” parafiscales.
Se refieren a los aportes del 4%, 3% y 2% de la nómina a las cajas de compensación familiar, al ICBF y al SENA, respectivamente. Es claro que el desmonte de tales aportes significará el principio del fin de tales instituciones, tan caras a la población de menores ingresos, que son precisamente las beneficiarias de sus programas.
El gobierno nacional, a pesar de su aparente reticencia a dar este paso, so pretexto de que “es más fácil y barato para nosotros subsidiar la no destrucción que la creación de empleos”[6], expidió el Decreto 525 del 23 de febrero, amparándose en la Ley 590 de 2000, mediante el cual se permite el enganche de trabajadores con descuento automático de los parafiscales.
Este es el trillado camino que han seguido este y los anteriores gobiernos dizque para promover el empleo sin lograrlo; de ello dan cuenta las dos reformas laborales expedidas[7] y todas las gabelas a las rentas de capital en las sucesivas reformas tributarias[8]. Todas ellas han tenido un marcado sesgo a favor de las rentas de capital, bajo la falsa premisa de que lo que es bueno para el capital es bueno para el trabajo, pero los hechos son los hechos y además son elocuentes.
Cabe preguntarse por qué en lugar de buscar el ahogado aguas arriba, atribuyéndole el mal crónico del desempleo a los costos laborales, no lo buscan aguas abajo, en los exorbitantes costos financieros en los que incurren las empresas o en los sobrecostos que conlleva la deficiente infraestructura de vías, puertos, transporte y logística en general, amén de su propia ineficiencia.
Colombia tiene que cambiar de paradigmas, para ser más competitiva e incluyente le tiene que apostar a la mayor productividad; no puede seguir apostándole al sortilegio de la tasa de cambio y al sofisma de los costos laborales, a riesgo de que si no lo hace la brecha entre ricos y pobres se va a seguir ensanchando.
El premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz afirma sentenciosamente que “índices elevados de desigualdad, sobre todo como consecuencia del desempleo, pueden derivar en descontento social, es probable que aumente la criminalidad y se genere un clima que no sea atractivo para los negocios”[9], que es lo que empezamos a ver en nuestro martirizado país
Bogotá, marzo 7 de 2009
http://www.amylkaracosta.com/
[1] Ex presidente del Congreso de la República
[2] El Espectador. Octubre, 21 de 2008
[3] Portafolio. Martha Lucía Ramírez, ex ministra y Senadora. Octubre, 23 de 2008
[4] Amylkar D. Acosta M. Los parafiscales. Mayo, 25 de 2006
[5] Viviane Forrester. El horror económico. FCE
[6] Portafolio. Diego Palacio, Ministro de Protección. Febrero, 23 de 2009
[7] Ley 50 de 1990 y Ley 782 de 2002
[8] Ley 633 de 2000 y Ley 788 de 2002
[9] El Tiempo. Citado por Abdón Espinosa V. Octubre, 23 de 208
Uno de los tres ejes de la política de este gobierno, además de la seguridad democrática y la confianza inversionista, es la cohesión social. Sin embargo, justamente es en este aspecto en el que, seis años después, muestra el más pobre balance.
Colombia desaprovechó la oportunidad que le brindó el llamado “quinquenio virtuoso”, de 2002 – 2007, cuando la economía creció en promedio el 6%, por encima del promedio histórico del 4%, para reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, como sí lo hicieron los demás países de la región. Según la CEPAL el coeficiente Gini, que mide el grado de concentración del ingreso, en el que 1 es la máxima concentración y 0 es la igualdad completa, pasó de 0.572 en el período 2000 – 2002 a 0.584 para 2002 – 2005, pasando del nivel de desigualdad alto a muy alto.
Ello lo que indica es que los frutos del mayor crecimiento en este período de auge de la economía no fue compartido, sino que fueron acaparados por muy pocas manos, no se dio el “goteo”, como lo llama el FMI, esto es que “la riqueza que se genere en la punta de la pirámide termine llegando a la base”.
Debe haber sido el remordimiento de conciencia el que llevó al ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, cuando radicó el proyecto de Plan de desarrollo del segundo tiempo de la administración Uribe, a afirmar que el turno ahora era para lo social; pero, el presidente Uribe ya tiene el sol a sus espaldas y de aquello nada.
Ahora el escenario es otro y como lo vaticino la OIT, “el empleo será la principal víctima de la crisis”[2]. El más reciente reporte del DANE lo corrobora: la tasa de desempleo pasó del 13.1% en enero de 2008 a 14.2% en enero de 2009, la tasa más alta para este mes en los últimos cinco años, para un salto de 1.1 puntos porcentuales, elevándose a 2.830.000 el número de desempleados, 308.000 más que un año atrás, alejándose ostensiblemente de la meta del gobierno de llevar a un solo dígito la tasa de desempleo a escala nacional.
Concomitantemente con la pérdida del empleo se acrecienta el fenómeno de la informalización y precarización del mismo; es así cómo el empleo informal, el del rebusque, pasó de 56.3% enero de 2008 al 57.7% en el último trimestre.
No han faltado quienes, queriendo pescar en río revuelto, han salido a proponerle al gobierno por enésima vez que “hay que revisar el tema del empleo y las barreras que hay para ingresar a puestos de trabajo, una de ellas son los parafiscales. Hay que buscar fuentes de financiación para el Sena y el ICBF”[3]. Cabe preguntarles cuáles son esas fuentes alternas para financiar los más de $5 billones que ello comporta en medio de esta estrechez fiscal[4].
Bien se ha dicho que la cuerda siempre se rompe por la parte más débil, que en este caso son los costos laborales; como afirma Viviane Forrester, los desempleados “despojados de empleo se los culpa por ello”[5] a ellos mismos. Se aduce que son los altos costos laborales los mayores generadores de desempleo y a ello, supuestamente, contribuyen las así llamadas “cargas” parafiscales.
Se refieren a los aportes del 4%, 3% y 2% de la nómina a las cajas de compensación familiar, al ICBF y al SENA, respectivamente. Es claro que el desmonte de tales aportes significará el principio del fin de tales instituciones, tan caras a la población de menores ingresos, que son precisamente las beneficiarias de sus programas.
El gobierno nacional, a pesar de su aparente reticencia a dar este paso, so pretexto de que “es más fácil y barato para nosotros subsidiar la no destrucción que la creación de empleos”[6], expidió el Decreto 525 del 23 de febrero, amparándose en la Ley 590 de 2000, mediante el cual se permite el enganche de trabajadores con descuento automático de los parafiscales.
Este es el trillado camino que han seguido este y los anteriores gobiernos dizque para promover el empleo sin lograrlo; de ello dan cuenta las dos reformas laborales expedidas[7] y todas las gabelas a las rentas de capital en las sucesivas reformas tributarias[8]. Todas ellas han tenido un marcado sesgo a favor de las rentas de capital, bajo la falsa premisa de que lo que es bueno para el capital es bueno para el trabajo, pero los hechos son los hechos y además son elocuentes.
Cabe preguntarse por qué en lugar de buscar el ahogado aguas arriba, atribuyéndole el mal crónico del desempleo a los costos laborales, no lo buscan aguas abajo, en los exorbitantes costos financieros en los que incurren las empresas o en los sobrecostos que conlleva la deficiente infraestructura de vías, puertos, transporte y logística en general, amén de su propia ineficiencia.
Colombia tiene que cambiar de paradigmas, para ser más competitiva e incluyente le tiene que apostar a la mayor productividad; no puede seguir apostándole al sortilegio de la tasa de cambio y al sofisma de los costos laborales, a riesgo de que si no lo hace la brecha entre ricos y pobres se va a seguir ensanchando.
El premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz afirma sentenciosamente que “índices elevados de desigualdad, sobre todo como consecuencia del desempleo, pueden derivar en descontento social, es probable que aumente la criminalidad y se genere un clima que no sea atractivo para los negocios”[9], que es lo que empezamos a ver en nuestro martirizado país
Bogotá, marzo 7 de 2009
http://www.amylkaracosta.com/
[1] Ex presidente del Congreso de la República
[2] El Espectador. Octubre, 21 de 2008
[3] Portafolio. Martha Lucía Ramírez, ex ministra y Senadora. Octubre, 23 de 2008
[4] Amylkar D. Acosta M. Los parafiscales. Mayo, 25 de 2006
[5] Viviane Forrester. El horror económico. FCE
[6] Portafolio. Diego Palacio, Ministro de Protección. Febrero, 23 de 2009
[7] Ley 50 de 1990 y Ley 782 de 2002
[8] Ley 633 de 2000 y Ley 788 de 2002
[9] El Tiempo. Citado por Abdón Espinosa V. Octubre, 23 de 208
