El Samarcanda de una gestión municipal mal intencionada
Por: Kenneth Rivadeneira Ducand
Es increíblemente manifiesta la actitud de inferioridad, frente al reto de sus responsabilidades, como gestores o como hombres de heurística administrativa y sensibilidad social, fallidos visionistas y/o desarrolladores de sus encargos municipales, de algunos alcaldes de nuestros municipios, tal es el caso puntual del alcalde de Manaure, quien esta semana protagonizó una denigrante puja, con las autoridades tradicionales indígenas wayuu, por asegurarse el manejo y por qué no, manoseo de los dineros de las transferencias indígenas, correspondientes al Resguardo de la Alta y Media Guajira, capitulo municipio de Manaure.
En el proceso de Aremasain se hizo manifiesto un lobby rural, no persuasivo, sino intimidante, para lograr el enclave que les permitiera, la representación de las autoridades tradicionales, para desde esa posición, manejar, bajo el direccionamiento posible del señor alcalde, el manoseo de los dineros de los resguardos, que les llevaría a ocultar su incapacidad como gestores o promotores de desarrollo del municipio, usar el recurso de los resguardos , para erigirse como pro hombres de gestión municipal o política del municipio.
Grave error señores, en el municipio es flagrantemente visible su incapacidad para generar el progreso que la contemporaneidad exige y espera de sus alcaldes y al señor alcalde de Manaure específicamente, “no se le ven patas para bailar con quimbas” como dicen los indígenas del altiplano colombiano.
Y todo lo anteriormente actuado, aun sabiendo que entrarían a vulnerar el principio de la autonomía indigenista, cual es precisa en la letra cuando reza en el fuero indígena, que solamente las autoridades tradicionales indígenas en concertación con los miembros de sus respectivas comunidades, deben previa priorización de sus necesidades, decidir en que obras invierten las sumas que por transferencias de la nación les corresponden, luego de conocer cuál es el valor de la transferencia per cápita para el respectivo año del ejercicio.
Y cuando arriba dije intimidante, es porque se esbozó sin recato ni respeto alguno a los indígenas visitados, que si no hacían el acompañamiento a su nombre, sencillamente el alcalde no entraría a considerar la viabilidad de la ejecución de los proyectos que ya les habían solicitado que elaboraran, y presentaran a la administración municipal, llámese Centro de Conciliación Indígena del municipio de la referencia.
Semejante exabrupto, o reacciones de desesperanzas, fueron posibles de neutralizar con el buen momento y atino que desarrolla el doctor Luis Socarras Pimienta y sus aliados de Sumai Ichi y Waya Wayuu quienes fueron determinantes para la voluntad de las mayorías, en un acto de responsabilidad social con el pueblo wayuu.
Al anterior comportamiento, sería imposible no dejar de resaltar como beneficio de duda, el hecho de que también, los áulicos de la administración municipal, pretendieron ofertar dineros por el acompañamiento, inclusive, el mismo día de la convocatoria, en la comunidad de Aremasain, lugar que desde hoy se recordará como el Samarcanda de una gestión municipal mal intencionada, para con los dineros de los resguardos. A juicio del dirigente salinero wayuu Elmer Altamar Gómez “en Aremasain se dio toda una arremetida oficial para apropiarse de los recursos de resguardo”.
Las obras que con los dineros de los resguardos se desarrollen en sus respectivas comunidades no pueden ser vendidas por ningún alcalde de marras, con el discurso de que es él quien le está favoreciendo con su gestión e inversión, no señores, eso no es cierto, ese dinero no puede presentarse como dinero de las arcas de la administración municipal, para el caso en particular, ese dinero es, exclusivamente de los indígenas, es de su propiedad absoluta, en consecuencia con la ley, el señor alcalde solamente es el depositario garante de esos dineros, eso y nada más que eso, señor alcalde y compañía, a ustedes no les atañen mas funciones que las de supervisar, a través de unos convenios de aceptación con cada una de las comunidades, ese manejo de tenedores garantes de esos recursos, con apoyo -si ellas lo requieren o solicitan- de sus oficinas técnicas como la secretaría de obras y/o planeación municipal, y del desempeño de la oficina de interventoria de las mismas dependencias, ellos se ocuparan de revisar las actas para pagos, condicionadas al desarrollo de las obras con prontitud o ajuste de los tiempos comprometidos como de la calidad de la obra y el correcto desarrollo de los procesos lógicos constructivos desempeñados en las obras en compromiso, ya sean civiles, de suministros u órdenes de servicios, frente a los respectivos contratistas, los cuales tampoco tienen que ser los ejecutores, los amigos del señor alcalde o los compromisarios económicos de sus campañas, sus “cazadores de campaña”, es suficiente con que la comunidad presente a la persona con las calidades comprobadas y sujetas a la Ley de Contratación (Ley 80), para que el aparato municipal se ocupe de hacer su papel de administrador serio y responsable, situación que hasta el momento no se ha visto reflejada en el gobierno local.
Nota: A propósito de seriedad y responsabilidad, sería altamente saludable para el honor y la dignidad del pueblo wayuu que la Doctora Carmen de Vega – Procuradora Regional- determinara mediante investigación de oficio ¿Qué hacía el director de apoyo jurídico del municipio de Manaure con tantas certificaciones de autoridades tradicionales con el espacio suficiente para agregarles nombres y ser expedidas de inmediato?
