Por: Kenneth Rivadeneira Ducand
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Hace unas semanas, el senador Gustavo Petro enérgicamente hizo referencia a la propiedad ancestral de las Salinas Marítimas en la plenaria del Congreso, al recordar que “la sal no fue ni de los españoles, ni de los republicanos” y fue mas allá al advertir que si en Manaure se repite el caso zipaquireño, se habrá instaurado en el país un monopolio inconstitucional de la sal.
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Con la “entrega” de las Salinas a la comunidad indígena en noviembre de 2004, y las promesas del presidente Álvaro Uribe, la esperanza de miles de personas que viven de la sal, parecían llegar a tierra fértil. Hasta la prensa nacional dio por descontado que los Wayuù por fin tomarían posesión del legado infinito de sus antepasados.
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Carlos Andrés Jaramillo Palacio del Espectador, sin ningún tipo de escepticismo tituló “Sal: El tesoro por fin es de los Wayuù”. Pero la realidad es otra. En los últimos 17 años los indígenas se han enfrentado a poderes que fácilmente ilustrarían una lucha similar a David contra Goliat. Y la rebelión del presente tiene un claro argumento de autonomía, esa que muchos han querido desconocer.
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El video grotesco de la “Asamblea de Socios de SAMA”, realizada en la calle, con la presencia de unos funcionarios del Gobierno, totalmente irrespetuosos -con la complicidad del alcalde- donde expulsan al gerente Armando Valbuena Gouriyu, al mejor estilo de las dictaduras de antaño; deja al desnudo ese macabro sistema que no ve mas allá de la burocracia y los contratos. Característica de un gobierno local políticamente suspendido en el tiempo.
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Con una buena dosis de malicia indígena, los Jefes Wayúu propietarios de las Salinas de Manaure y su gerente, hábilmente visionaron que ante la negligencia y el comportamiento hostil de los servidores públicos de Bogotá y Manaure, en su afán de monopolizar la economía y la propiedad de las Salinas que no les pertenece, optaron por recurrir a una demanda arbitral contra la Nación para que de una vez por todas, ministros, viceministros, gerentes liquidadores del Instituto de Fomento Industrial y Alcalde Municipal, entiendan y asuman que a los Wayuù de Manaure les asisten derechos fundamentales como la Propiedad Salinera, demostrada legalmente hasta la saciedad por el Congreso de la República, la Corte Constitucional, los organismos de Control y la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
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Lo expresado por los Wayuù ante la plenaria del Senado recientemente deja en claro que no le temen a la inversión privada. Saben de la necesidad de un operador privado. El propio ministro de Comercio Luís Guillermo Plata, fue reiterativo al afirmar que el operador privado debe tener capacidad financiera para asumir los retos que implica este negocio.
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Se estima que para lograr una optimización de la empresa se requieren inversiones que sobrepasan los cien mil millones de pesos. ¿Habrá en la Guajira ese capital?
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Los Wayuù conocen en primera línea la experiencia nefasta de Incamar y Bioguajira, los empresarios de la zona no ven con buenos ojos invertir en negocios que tengan alguna relación con las administraciones locales.
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El costo de la irresponsabilidad y el descalabro administrativo del pasado indudablemente trunca el desarrollo empresarial guajiro del presente. Ahora, una buena negociación con ese operador privado, dependerá de la indemnización que espera la empresa SAMA por parte del Estado, proceso que se deberá definir en un Tribunal de Arbitramento.
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Lo que acaba de aprobar el Concejo Municipal de Manaure, con relación a una Sociedad de Economía Mixta del orden municipal, es totalmente desacertado, inoficioso y sin ningún asomo de seriedad intelectual por obvias razones, la Ley SAMA ya prevé esa figura y en la práctica ya está constituida esa sociedad, ¿Se justifica semejante desgaste?
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La gestión admirable y valiente de la comunidad Wayuù para reclamar la propiedad de las salinas, puso en la agenda de la plenaria del Congreso tan importante tema en una contundente presentación del líder indígena Elmer Altamar Gómez, quien de paso capitalizó defensores de primer nivel como los senadores Piedad Córdoba, Gustavo Petro, Jorge Ballesteros, Orsinia Polanco y el Presidente del Senado Hernán Andrade.
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Los Wayuù no se han dejado y de hecho, la Procuraduría General de la Nación le pidió al alcalde de Manaure que garantice el ejercicio de los derechos que les han sido reconocidos a los pueblos indígenas, de manera especial por el artículo 7 de la Constitución Política.
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Este requerimiento de la Procuraduría es el resultado de las serias denuncias presentadas directamente en Bogotá por 60 Jefes Territoriales Wayuu, pertenecientes a las asociaciones Sumai Ichi, Wayawayuù y Asocharma, en contra del gobernante local por su interferencia en los asuntos de las comunidades indígenas –puntualmente en lo que respecta a SAMA- que de persistir, traerá como consecuencia un conflicto de grandes magnitudes entre clanes cuya responsabilidad jurídica y política será absolutamente de él.
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El hermetismo de la prensa guajira frente a los desaciertos administrativos de Manaure me hizo recordar a Don Guillermo Cano: “La prensa unanimista, oficial, uniformada es para las dictaduras no para las democracias”.
