Hernando Deluque Freyle agradece la solidaridad de sus amigos

Riohacha-. El ex gobernador de la Guajira Hernando Deluque Freyle expidió un comunicado en el que se  refirió a la decisión tomada la semana anterior por la Corte Suprema de Justicia en el sentido de condenarlo a 9 años de prisión, inhabilitarlo por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos y pagar una millonaria multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura.

El ex mandatario manifestó que no comparte el fallo pero respeta y acata las decisiones de los jueces.   

Indicó que estudia los pasos a seguir y agradeció a sus amigos las voces de solidaridad que ha recibido en lo que llamó “una dura prueba de la vida”

La semana anterior la Corte Suprema de Justicia dio a conocer su decisión en la que condena a Deluque Freyle a la pena principal de 9 años de prisión y a las penas accesorias de inhabilidad para ejercer cargos públicos por este mismo tiempo, así como el pago de una multa por más de 130 millones de pesos. 

¿El fin de la guerra fría?

Fuente: Revista semana

Una de las papas calientes del Presidente electo es el lío que hereda con la justicia. La elección del Fiscal es apenas la punta del iceberg, pero le toca recomponer una rama hecha trizas.

En la reunión de una hora entre el Presidente electo, Juan Manuel Santos y las cabezas de las cuatro altas cortes no se mencionó para nada la palabra Fiscalía. La omisión es significativa porque ese es el tema más crítico en la guerra fría que viven hoy dos de los grandes poderes del Estado: el ejecutivo y el judicial.

Tal vez no fue un olvido. La visita de Santos al Palacio de Justicia, apenas tres días después de su contundente triunfo en las urnas, más que un saludo protocolario era un acto simbólico para deponer los ánimos, y por eso no era conveniente hablar de algo que no está claro cómo se va a resolver.

Más allá de las buenas intenciones de Santos, quien ha tendido una rama de olivo a los magistrados, en la práctica no está garantizado que pueda llegar a una salida salomónica que deje tranquilos tanto a las cortes como al hoy presidente Álvaro Uribe.

El lío, por ahora, se ha concentrado en la elección del Fiscal General. Y es marca mayor. El presidente Uribe le presentó la terna a la Corte Suprema hace ya casi un año y esta no ha dado su veredicto. La demora se ha interpretado como una estrategia de un sector de este tribunal -entre seis y siete magistrados que han votado siempre en blanco- para evitar que un jurista postulado por el actual mandatario llegue a este alto cargo.

En la Casa de Nariño la demora ha caído mal, pues bajo la batuta del fiscal encargado, Guillermo Mendoza, quien goza de la simpatía de la Corte Suprema, se han tomado decisiones cruciales, como la acusación al ex ministro Sabas Pretelt y los avances en el caso de las 'chuzadas' del DAS, que ponen en entredicho a figuras claves del sanedrín de Uribe.

La gran pregunta es si la Corte Suprema va a elegir Fiscal a partir de la terna que hoy está conformada o dará pie para que Santos proponga otra.

La Corte convocó a sala extraordinaria esta semana. Pero el bloque de magistrados que vota en blanco todavía no ha dado muestras de haber cambiado su posición y mientras eso no ocurra no habrá elección.

Este es el escollo coyuntural. Pero hay problemas más de fondo que tiene que enfrentar el nuevo gobierno. Y uno de ellos tiene que ver con la reforma que propuso Santos en campaña que no cae bien en el Palacio de Justicia. El punto más polémico es que el Fiscal General sea elegido por el Presidente de la República y dependa de él, y no como ocurre hoy, que es elegido por la Corte Suprema y funciona como un órgano independiente.

El gobierno del presidente Uribe se entusiasmó tanto con la idea del equipo de Santos que el ministro Fabio Valencia Cossio ya anunció que en los próximos días radicará el proyecto de reforma a la justicia en ese sentido. ¿Qué va a ocurrir? ¿Será este un motivo de pelea entre el nuevo gobierno y la Corte?

El jurista José Miguel de la Calle, quien hizo parte del grupo que elaboró la propuesta de justicia de la campaña de Santos, defiende la idea diciendo que la manera como se ha presentado la reforma "es muy simplista". Y esgrime las razones por las cuales creen que la Fiscalía debe depender del Ejecutivo.

El diagnóstico que hacen es que en Colombia hay una impunidad del 95 por ciento, y eso quiere decir que de cada 100 homicidios solo en cinco casos se logra identificar a los culpables. La impunidad es aún peor en los delitos más graves porque la justicia tiende a resolver primero los que prescriben antes, que son los menos graves y los que tienen más pruebas. "Los delitos más graves son los que se quedan de últimos por investigar", dice De la Calle.

Para resolver esa situación, proponen reorganizar todo el sistema y en particular ponerle un doliente a la política criminal del Estado que hoy, sin Ministerio de Justicia y sin Fiscal General en propiedad, está a la deriva. De la Calle dice que para llenar ese vacío de política criminal surge la idea de ubicar a la Fiscalía en el Ejecutivo. La ventaja, según él, sería que se le puede dar un "sentido gerencial" y así se fijan prioridades de los delitos que se deben investigar y también se logra que alguien "asuma la responsabilidad política" o el accountability del que hablan los gringos.

A esos argumentos a favor de que el Fiscal General sea parte del Ejecutivo se le suma el hecho de que en el sistema penal acusatorio que adoptó Colombia, que es el mismo que se utiliza en Estados Unidos, el Fiscal General es un funcionario del gobierno, pues su papel es solo de investigación y no tiene facultad de mandar a la cárcel a los investigados, como sí ocurría en el sistema anterior.

Sin embargo, la sola mención de la propuesta de que la Fiscalía dependa del gobierno provocó un rechazo inmediato de sectores de opinión que consideran una amenaza a la democracia quitarle la independencia a esa dependencia, que ha sido fundamental para controlar excesos de algunos funcionarios del gobierno o de personas cercanas a él.

Los ejemplos van desde los ya mencionados de las 'chuzadas' del DAS y del prevaricato en la aprobación de la reforma para la primera reelección del Presidente, hasta el más reciente tatequieto que les puso a los promotores del referendo para la segunda reelección, pasando por el caso de la visita de alias 'Job' a la Casa de Nariño, los 'falsos positivos', las irregularidades de Agro Ingreso Seguro e incluso la polémica por la zona franca concedida a los hijos del Presidente.

El país puede estar de acuerdo en que es necesaria una gran reforma a la justicia, pero esta es la peor coyuntura para proponer que la Fiscalía pase a depender del Presidente. El equipo de Santos advierte que hay un error de interpretación. "En ningún caso se ha pensado que esa nueva Fiscalía va a investigar a los ministros o al Presidente o al Ejecutivo", anota De la Calle. El debate queda abierto.

Pero todos estos líos relacionados con la elección del Fiscal General terminan siendo apenas la punta del iceberg. El verdadero problema al que tendrá que darle un timonazo el Presidente electo es que debido a los enfrentamientos entre los dos poderes en los últimos ocho años, no se han hecho los ajustes que se necesitan. Hoy en día hay unos magistrados y unos fiscales valientes tomando decisiones importantes, pero la estructura de la justicia está hecha trizas.

No hay presidente en propiedad de la Corte Suprema. Ni tampoco Fiscal desde hace diez meses. Ni gerente desde hace un año que maneje ocho billones de pesos de la rama. En la Fiscalía están cambiando a la mayoría de los fiscales por un fallo de la Corte. Y la Judicatura está inundada de denuncias de corrupción de jueces. Por citar apenas algunos de los problemas.

En medio de su charla con las cortes, el Presidente electo trajo a colación una figura que Roosevelt solía utilizar: "La democracia es como un arado jalonado por tres bueyes, los de los poderes públicos. Los bueyes tienen que ser más o menos del mismo tamaño, caminar más o menos a la misma velocidad y, sobre todo, en la misma dirección. Si no, la democracia no funciona". Y eso, por ahora, les abrió la esperanza a los magistrados de que la relación del gobierno con la justicia puede cambiar.

Corte Suprema declara improcedente la Acción de Tutela para pago de indemnizaciones a víctimas

Víctimas pueden acudir ante la autoridad administrativa o judicial competente, pero no a la tutela para pedir indemnización.

ACCIÓN SOCIAL ha reconocido desde 1997 la condición de víctimas del desplazamiento forzado a más de 774.494 hogares.

Un total de 322.400 colombianos radicaron solicitudes de reparación por vía administrativa.

Bogotá, 14 de mayo de 2010. La Corte Supremade Justicia mediante sentencia del 21 de abril de 2010, declaró improcedentes las acciones de tutela, interpuestas por la población víctima de la violencia para exigir el pago de indemnizaciones.

La sentencia es de la mayor importancia teniendo en cuenta las denuncias que ha venido presentando ACCIÓN SOCIAL, frente a la existencia de abogados e intermediarios que, aprovechando las especiales condiciones de vulnerabilidad, desconocimiento e indefensión de las personas víctimas de la violencia, recorren el territorio nacional realizando promesas de cuantiosas demandas (acciones de tutela) para solicitar indemnizaciones por los perjuicios sufridos a causa del desplazamiento y otras problemáticas asociadas.

Cabe anotar que para prevenir acciones violentas y mitigar las graves consecuencias generadas por estas, el Estado colombiano ha venido implementando políticas y acciones, entre las cuales están la atención humanitaria de emergencia y la reparación por vía administrativa a las víctimas.

La Corte Supremade Justicia destaca a su vez queresulta improcedente acudir a la acción de tutela cuando el interesado cuenta con la posibilidad de acceder a otros mecanismos de defensa judicial y que tales pronunciamientos deben perseguirse por las personas, haciendo uso de las herramientas judiciales idóneas para tales fines.
La sentencia (M.P. FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ – Radicación No. 27941)se publicó en los siguientes términos:

“(…) Frente al presente caso cabe señalar, que el fallo impugnado debe revocarse para en su lugar denegar el amparo deprecado por el ciudadano JOSÉ HILDELBARGO CASTILLO BELTRÁN, pues en últimas lo que pretende el accionante al hacer uso de esta acción, es que se imparta a la accionada, una orden tendiente a que se le obligue a proceder al pago de la indemnización que reclama en su condición de víctima de la violencia, ello no es de la órbita de acción del juez de tutela, por cuanto imponer una orden de tal índole, sería desconocer el principio de la legalidad del gasto público, pues, de todas maneras, la financiación que ello implica se obtiene con recursos de naturaleza pública, que deben ser destinados por las autoridades la competencia legal para ello, asunto que desborda en todo caso, la órbita de acción del juez de tutela.

Precisa la Sala, que no resulta acorde con la naturaleza de esta acción constitucional, residual y subsidiaria en todo caso, declarar en cabeza de los ciudadanos derechos que solo se logran con pronunciamientos emitidos por la autoridad administrativa o judicial competente.

Tales pronunciamientos deben perseguirse por el interesado, haciendo uso de las herramientas judiciales que el legislador ha diseñado como las idóneas para tales fines.

En ese orden de ideas, al tenor de lo dispuesto por el numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, resulta improcedente acudir a la acción de tutela cuando el interesado cuenta con la posibilidad de acudir a otros mecanismos de defensa judicial (…)” .

ACCIÓN SOCIAL ha reconocido desde 1997 la condición de víctimas del desplazamiento forzado a más de 774.494 hogares, incluidas las 363.090 personas que presentaron declaración extemporánea. Igualmente el Gobierno Nacional culminó con éxito la primera fase de la reparación por vía administrativa en la que se radicaron 322.400 solicitudes de indemnización.