Por: Amylkar D. Acosta M
La mayor pasión del economista no es cambiar
el mundo, sino comprenderlo.
Desde tiempos inmemoriales se ha recurrido al sacrificio de aquel o aquello que es considerado como chivo expiatorio como una forma de hacer purgar a un inocente las faltas de un culpable, el cual se toma la atribución de disponer a su arbítrio del destino del que está limpio de culpas. La superstición de quienes así actúan los lleva a creer a pie juntillas que de este modo pueden exculpar su propia responsabilidad y por ello se recurre a este ardid de manera recurrente.
Este es el caso de quienes han pretendido infructuosamente atribuir a los elevados costos laborales, particularmente a los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar, los aberrantes niveles de desempleo y subempleo en Colombia. Para llegar a esta conclusión se hace abstracción de los elevados costos financieros o de los excesivos costos en logística y transporte que menguan la competitividad de los productores colombianos, sobre todo la de aquellos que tienen vocación exportadora. También se pasan por alto otros factores, tales como la volatilidad de la tasa de cambio y los desaforados costos de transacción en los que tienen que incurrir por cuenta de la ineficiencia y el burocratismo enquistados en el Estado.
Desde la década de los 90, al socaire del fracasado Consenso de Washington, se ha venido con la cantinela de la necesidad de reducir los costos laborales como la pócima para promover la generación de empleo productivo. Con tal fín se expidió la Ley 50 de 1990, a través de la cual se flexibilizó la legislación laboral, lo cual se tradujo en una sensible reducción de los costos de la nómina pero no en la ampliación de esta. Una de sus secuelas fue la precarización del empleo, de un 36.3% de trabajadores que devengaban menos de un salario mínimo en 1992 se pasó al 47.5% en el 2000.
Desde entonces, como lo concluyó un estudio del CID de la Universidad Nacional, se ha venido “destruyendo empleos ´estables´ por trabajo ´independiente´ con ingresos precarios y sin cobertura de seguridad” , imponiéndose la economía del rebusque, todo lo contrario de lo que supuestamente se buscaba . Luego, con los mismos argumentos se impulsó por parte del gobierno una nueva reforma laboral, la cual le dio vida a la Ley 789 de 2002, de la misma estirpe de la del 90 y corrió con la misma suerte.
Ocho años después en materia de empleo no estamos mejor que cuando estuvimos peor: con una tasa de desempleo que supera el 14%, la más alta en Latinoamérica y la tercera en el orbe . El año pasado, según Fedesarrollo, 48% de los trabajadores ganaban por debajo del salario mínimo (72% en las zonas rurales), el 58.3%, es decir 5’ 335.000 trabajadores eran informales, de los cuales el 85% carece de seguridad social, ello junto con el perverso asistencialismo por la vía del Sisben y el programa Familias en acción, muy propio del conservadurismo compasivo que profesa este gobierno, vienen afectando la sostenibilidad del Sistema General de Salud hoy en crisis, pues cada vez son menos los que cotizan y más lo que se recuestan al Estado a través del régimen subsidiado .
Según la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) los trabajadores temporales en este país sumaban en 2007 925.000, más del doble que tres años atrás, doblando su participación en el empleo formal en el sector privado, pasando del 9% al 18%, mientras el outsoursing pasó de 10% a 14%. Entre tanto, el empleo directo retrocede frente a las modalidades de contratación temporal y outsoursing en una proporción del 7%, al pasar del 47% en los años 2005 y 2006, de una muestra de 352 empresas analizadas por Acoset, a 40% para 2007.
Tras reconocer su fracaso, la Comisión que se creó en desarrollo de la Ley con el fin de dictaminar sobre el cumplimiento de tal cometido, en su informe al Congreso de la República aseveró que “los estudios coinciden en que, si bien el número de puestos de trabajo creados tras la reforma no fue el que se deseaba” . Pero la reacción de los dómines de la ortoxia económica ante semejante fiasco no es la de rectificar, no obstante que en la propia Ley 789 se previó que si esta no lograba sus propósitos “el gobierno debe presentar un proyecto de ley que modifique o derogue las disposiciones que no hayan logrado efectos prácticos para la generación de empleo” . Por el contrario, se insiste contumazmente en que todavía “estamos en la caverna laboral y que se necesita más y no menos reformas” al tiempo que se asume como algo axiomático que “son esas inmensas cargas extrasalariales las que hacen tan costoso contratar en Colombia e impiden que se cree aún más empleo” .
LA REORIENTACIÓN DE LOS INCENTIVOS
En un trabajo anterior nos referimos a la ingeniosa propuesta de los ex ministros de Hacienda de Colombia y Argentina respectivamente, Rodrigo Botero y Domingo Cavallo, la cual trata de desmarcarse del socorrido recurso del desmonte o supresión de los parafiscales . Y lo hacen, no porque no la compartan, pues como talibanes del neoliberalismo que han sido también ellos consideran que “Hay que reducir los parafiscales para que no cueste tanto fomentar empleo” , sólo que, con el pragmatismo que los caracteriza, reconocen que en este momento “es tóxico políticamente proponer el desmonte de los parafiscales” y por ello consideran que “en vez de meterse en la pelea política de desmontar los parafiscales, exploremos el esquema de permitirles a las empresas que esos sobrecostos los puedan descontar de los impuestos” .
Ellos parten de la base de que “en este momento Colombia tiene una estructura de incentivos al aparato productivo que los economistas consideramos perverso. Se ha dado un montón de gabelas al capital para abaratarlo, como exenciones tributarias, a un costo fiscal enorme. Se abarata el capital para que los empresarios modernicen sus empresas. Pero, sucesivamente a la nómina se le han ido colgando impuestos. Que para el SENA, que para el ISS, que para las cajas de compensación. En la medida que se abarata el capital y se encarece la mano de obra, las empresas se van mecanizando y la mano de obra se va reduciendo” .
De allí su propuesta de convertir “la actual deducción por inversión en una deducción de los impuestos sobre el incremento en la nómina salarial a que dan lugar las nuevas inversiones” . Y rematan diciendo que “se trata de reducirle al empresario el costo de crear un empleo nuevo. Y no sería una propuesta permanente, sino de 5 años…” . Estos planteamientos animaron el debate académico sobre las políticas de empleo, pero tuvo poco eco en las campañas electorales de cara a la elección presidencial del próximo 30 de mayo . Y ello no lo decimos a humo de paja, es que según la más reciente encuesta de Datexco el desempleo es de lejos, con el 52%, el principal problema que agobia a los colombianos, el cual “consideran que el próximo Presidente de la República debe resolver como prioridad durante el próximo gobierno” .
Dicha propuesta fue acogida en primera instancia por el candidato del Partido Liberal Rafael Pardo, quien afirmó que ello "es algo que vengo proponiendo hace tiempo: eliminar exenciones a zonas francas y a inversión de utilidades en bienes de capital, para concentrarlas en nuevas actividades económicas y en empresas que aumenten nómina" . Por su parte el candidato de Cambio Radical Germán Vargas conceptuó que “si en el año 2004, en el estatuto tributario se consignó un estímulo al capital, que en su momento pareció oportuno para renovar la motivación en parte industrial y para generar una mayor productividad, en una crisis de desempleo como la actual esos recursos que el año pasado sumaron $4 billones podrían reorientarse, permitiendo que cualquier patrono deduzca de su impuesto de renta el 120% del valor del incremento en su nómina” , tal como lo proponen Botero y Cavallo.
Para el candidato del Partido Verde Antanas Mockus “La propuesta es interesante; la hemos estudiado y en algunos medios la entendieron como eliminación de los parafiscales, atado a una idea erronea de acabar con el SENA y el ICBF. Las exenciones tributarias se revisarán” , aunque no dice en qué sentido. Quien dejó patidifuso a los expertos fue el candidato del Partido de la U Juan Manuel Santos, al tratar de prenderle una vela a Dios y otra al diableo. Él sostuvo que “Combinaremos incentivos al capital con incentivos a la generación de empleo formal. Habrá deducción del impuesto de renta sobre nuevas inversiones en activos fijos y una deducción sobre el incremento de la nómina” . Ello le permitiría a los empresarios recibir beneficios fiscales por partida doble, yantando a dos carrillos, lo cual sería fiscalmente impracticable. Ahora que hasta el FMI está recomendando “la eliminación de los incentivos tributarios a la inversión y los regímenes impositivos especiales” , la propuesta de Santos es dobletearlos; como quien dice a quien no quiere caldo se le dan dos tasas
MÁS DE LO MISMO
Pero los detractores de los parafiscales volvieron a la carga y les sirvió como punta de lanza la propuesta Hacia un mercado laboral más incluyente que le planteó Fedesarrollo a los candidatos presidenciales. En ella se recomienda básicamente: 1) eliminar los parafiscales para todos los trabajadores que ganen menos de dos salarios mínimos 2) disminuir el salario mínimo para los jóvenes menores de 24 años 3) reducir el salario mínimo a todos los campesinos 4) limitar los futuros aumentos de salario mínimo a la inflación del año anterior y 5) remover parte de las exenciones al capital. Este sería el único item que toque al capital, los demás irían en detrimento de los asalariados. Según Fedesarrollo, “generar empleo formal es costoso en el país, los impuestos al trabajo (o costos no salariales) han subido 14 puntos porcentuales desde 1994, un monto similar a la tarifa del impuesto al valor agregado (IVA)… para que haya verdadera equidad, el acceso a seguridad social en salud y pensiones se debe ligar al hecho de ser ciudadano y la financiación se debe llevar a cabo a través de impuestos generales” .
Resulta curioso, por decir lo menos, que todas las baterías contra los “sobrecostos laborales” se hayan enfilado contra los aportes a instituciones tan caras para la población más vulnerable de este país, como lo son el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando en concepto de Alvaro José Cobo, Presidente Ejecutivo de Asocajas: “…en Colombia, desde 1985 hasta el 2010, los costos asociados a la nómina con cargo a los empleadores por concepto de salud se han casi que duplicado, pasando del 4.7% al 8.5%; en pensiones se han triplicado, del 4.3% pasaron al 12.0%, mientras que los aportes empresariales a las cajas de compensación familiar no se han incrementado desde su establecimiento en 1957” .
Una de las conclusiones de un estudio muy serio del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia es clara al dejar sentado que “hay aportes parafiscales que son parte integrante del salario y, por lo tanto, no pueden considerarse sobrecostos de las empresas….eliminar los aportes a las cajas de compensación equivale a reducir los salarios de los trabajadores, en especial de los aslariados formales de menores ingresos” . En otra de sus conclusiones desvirtúa la afirmación de que los costos no salariales hayan experimentado aumentos desmesurados. Por el contrario, para sorpresa de todos pudo establecerse que “tomando dos puntos en el tiempo, a saber, 1985 y 2010, podemos afirmar que los recargos a la nómina vigentes hoy ¡son inferiores a los exigidos por la ley colombiana hace 25 años!...Los sobrecostos cuantificables como proporción del salario básico sólo aumentaron 2 puntos porcentuales en los últimos 25 años…” .
Es más, parodiando la canción de los Zuletas, podemos decir que los francotiradores contra los parafiscales saben sumar pero no saben restar, ya que ellos sólo suman los “sobrecostos laborales” que les endilgan pero no restan los menores costos obtenidos gracias a las reformas laborales, las cuales más que compensan aquellos. Al hacer la suma algebraica dicho estudio arriba a la conclusión que “las reformas laborales de 1990 y 2002 acordaron unas rebajas importantes en los sobrecostos laborales…en la actualidad las empresas están pagando unos sobrecostos a la nómina inferiores a los vigentes hace 25 años” .
A guisa de ejemplo mencionemos que por el sólo concepto de la eliminación de la retroactividad de las cesantías se ahorra el empleador un estimado de 6% del salario y la sanción por despido sin justa causa, que también fue eliminada, se calcula en el 12%. Por ello se preguntan: “entonces, ¿por qué empresarios y economistas se quejan de que la contratación de personal se ha hecho siempre más costosa en Colombia, especialmente a partir de la reforma a la seguridad social de 1993?...Los sobrecostos laborales no pueden considerarse la principal causa del elevado desempleo, así como muchos sostienen” . Además, es sabido que la supresión de los 9 puntos de parafiscalidad a lo sumo aumentaría en un punto en tres años la tasa de empleo y eso por una sóla vez, con el riesgo de que luego puede revertirse; en ello coinciden los estudios realizados por el Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad de los Andes y el DNP.
Pero, de todas las propuestas que se han planteado con el propósito de desembarazarse de los parafiscales por parte de quienes siguen considerándolas como funestas adehalas que encarecen la mano de obra, definitivamente la más descarada ha sido la formulada por el Presidente de Asofondos Santiago Montenegro.
Él propuso sin inmutarse, abstraido seguramente en lo que le reditúan los fondos pensionales, que “los trabajadores que ganen más de dos salarios mínimos se les aumente el sueldo, por una sóla vez, en 9 puntos y a partir de ese momento ellos sean los que paguen los aportes parafiscales. Para los tarbajadores que ganan menos de dos salarios mínimos (86% del total de asalariados) ni estos ni las empresas estarían obligados” . Esta propuesta además de insensata e insensible es contraproducente, pues con tal reajuste se incrementaría en esa misma proporción a trabajadores y patronos la base de su cotización. Así, si el salario de referencia es de $3 millones, las empresas trasladan al empleado $270.000 (correspondientes a la parafiscalidad) y además pagarían $86.238 más de contribuciones a la seguridad social. Por la misma razón el trabajador pagaría $24.000 más, los cuales se le restan de su salario. Y como suplemento propone además “extender el contrato de aprendizaje a otros grupos de pèrsonas diferentes a los estudiantes del SENA” .
Ya con la reforma laboral de 2002 se le dio un gran envión a esta fórmula al favorecer la contratación de “aprendices” en lugar de trabajadores de nómina. Como lo afirma Alejandro Gaviria, Decano de Economía de la Universidad de los Andes, “…la reforma tuvo un efecto apreciable sobre la contratación de aprendices y la reducción del subempleo, pero no así sobre la generación de empleo y la formalización del mismo” . Es así cómo en un solo año entre 2002 y 2003 se pasó de 30.128 aprendices a 56.847 y ya vamos en 125.000 en 2010, de los cuales el 80% corresponde a alumnos capacitados en el SENA, el mismo al que se le quieren birlar sus recursos (¡!).
Ahora bien, se dice olímpicamente por parte de Fedesarrollo refiriéndose a los servicios que presta el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar, que “la financiación se debe llevar a cabo a través de impuestos generales”; en ello coincide con ANIF y, pásmese, con el profesor Salomón Kalmanovitz. Este sostiene que “el problema de las contribuciones que tienen que hacer los empresarios sobre sus nóminas para financiar el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar es que están en el lugar equivocado. ..Los recursos de este tipo de entidades debe salir del presupuesto nacional y deben ser asignados cuidadosamente y con flexibilidad, según las prioridades que establezca el gobierno” consecuente con ello habla de “trasladar el SENA al Ministerio de Educación” y de “un simple traslado de los recargos laborales al impuesto de renta de empresas y personas naturales” . Y no estamos hablando de naderías, el monto del presupuesto del SENA es de $1.4 billones, el del ICBF de $2.4 billones y el de las cajas de compensación familiar $2.8 billones, es decir, más de $6 billones (¡!). Otros, como ANIF , son más osados y plantean un reajuste del IVA para suplir los recursos que se dejarían de recibir al suprimirse los aportes parafiscales. Al respecto podemos decir que si se trata de arbitrar dichos recursos por la vía del aumento del impuesto de renta este tendría que reajustarse en 8 puntos porcentuales y si se optara por la alternativa del IVA se tendría que añadir 4 puntos a los 16 que se cobran actualmente. Y de contera, como lo sostiene Stefano Farné “trasladarle esas funciones en un escenario de déficit fiscal puede conducir a nuevos impuestos de recaudo y ejecución centralizada, con riesgo de deterioro de un servicio de reconocida eficacia, administrado de modo bipartito por trabajadores y empleadores” .
EL PALO NO ESTÁ PARA CUCHARAS
A quienes pretenden recostarle a Presupuesto General de la Nación las denominadas por ellos “cargas parafiscales”, tenemos que decirles que el palo no está como para cucharas, las afugias fiscales son muchas y apremiantes, como para colgarle mayores obligaciones a la Nación. Las finanzas del Estado pasan por un momento crítico que no se veía desde el aciago año 1999 cuando merced a la recesión se registró un déficit del gobierno central del 3.7%. Colombia en estos momentos acusa un gran déficit fiscal; el año anterior cerró con un déficit del gobierno central del 4.5% ($23.6 billones) y se prevé que este año oscile entre el 4.6% y el 5%, Según Fedesarrollo “el balance del sector público en Colombia en 2010 será el peor dentro de las principales economías de América Latina” .
Tan grave es el desbarajuste fiscal que, de acuerdo con un estudio del ex ministro de Hacienda y actual analista de Fedesarrollo Guillermo Perry, para modo de tapar el enorme hueco fiscal que hereda el próximo gobierno se tendrá que tramitar “una nueva reforma tributaria que deberá recaudar entre 5 y 8 billones de pesos al año para así garantizar un equilibrio de las finanzas públicas” . Pero, claro, estos mayores tributos sólo los pagarán los majaderos, quienes no se blindaron a tiempo con los contratos de estabilidad jurídica, como sí lo hicieron las grandes empresas de este país. Esto no es con ellas!
El gobierno entrante, tal como están las cosas, tendrá muy poco márgen de maniobra, basta con señalar que sólo el giro de tres cheques por concepto del Sistema General de Participación (SGP), las mesadas pensionales y los intereses de la deuda (4.4%, 4.5% y 4.2% del PIB, respectivamente) le significarán para el 2010 el 13.1% del PIB y los impuestos que se esperan recaudar apenas sí llegarán al 13.4% del PIB. Eso es una barbaridad! Esta situación es tanto más preocupante cuando todo indica que como efecto retardado de la crisis global que golpeó la economía el año anterior, se espera un descenso notorio del recaudo, habida consideración del mediocre desempeño de la economía el año anterior cuyo crecimiento del PIB fue de un anémico 0.4%. De hecho, según reciente reporte de la DIAN, entre enero y abril de este año se descolgó un 15.5% el recaudo del impuesto de renta. Según el Director de la DIAN Nestor díaz “para el mismo período del 2009 los contribuyentes pagaron $5.4 billones, mientras el acumulado del 2010 las contribuciones por este tributo llegaron a $4.5 billones” .
El hueco fiscal para actual vigencia se ha visto agrandado por el aplazamiento de la venta de la participación del 57% de la Nación en ISAGEN. Se esperaba recibir por este concepto $3.5 billones aproximadamente y así estaba previsto en el Plan Financiero de 2010, de modo que el gobierno nacional tendrá que ver cómo cubrir este faltante. Para rematar, la deuda pública se disparó desde 2007, cuando estaba en un nivel del 32% del PIB, para alcanzar el 38.1% en 2010; la deuda pública externa cerró el 2009 en el orden de los US $51.204 millones, la más alta de la historia con el 22.1% del PIB. Según el B de la R la deuda pública está en el límite de su sostenibilidad y el mayor endeudamiento viene presionando la tasa de cambio contribuyendo de esta manera a la mayor apreciación del peso frente al dólar, afectando de esta manera las exportaciones.
El próximo gobierno, además, va a heredar una bomba fiscal llamada vigencias futuras. Esta es una figura que le permite al gobierno girar cheques postdatados que tendrán que cubrir las próximas administraciones; en este gobierno, como en ningún otro, se ha usado y abusado de este expediente y quien venga atrás que arree.
En rigor, el Presidente en ejercicio no debería comprometer recursos más allá de su propio período; además, se partía de la premisa de que sólo se podía autorizar vigencias futuras para cubrir el financiamiento de obras que se iniciaran en su propio período de gobierno y debía asegurar por lo menos el 15% del costo total. Pero, en 2003 se tramitó afanosamente una Ley que permite que en aquellos casos excepcionales en los que a juicio de la administración se trate de “proyectos estratégicos” para el país, para lo cual sólo basta la expedición de un Documentos CONPES, pueden comprometer vigencias futuras sin cuota inicial y sin límite alguno en el tiempo. Pero, lo que ha ocurrido es que la excepción se volvió la regla. Resulta que a pesar de sus 8 años esta administración terminó comprometiendo por esta vía recursos que frizan los $26.4 billones (¡equivalente al monto del presupuesto de todo el año 2010!) por los próximos 20 años, o sea de los próximos 5 períodos presidenciales. De tales recursos se contemplan $250.000 millones anuales para el metro de Bogotá entre los años 2017 y 2025 (¡!).
Supuestamente el Presidente Uribe había dado la orden de “no dejar la olla raspada a su sucesor” ; pero, lo que es peor, a su sucesor le va a tocar saltar matones para poder cubrir los sobregiros que le deja la actual administración. El presupuesto nacional que de por sí adolece de grandes inflexibilidades , ahora con la desmesura de las vigencias futuras se convierte en una camisa de fuerza que convertirá al próximo mandatario en una especie de prometeo encadenado. A todas estas se pregunta Alejandro Gaviria, decano de Economía de la Universidad de los Andes: “Hasta qué punto el gobierno tiene derecho a dejarle las manos amarradas al próximo gobierno” .
Así las cosas, le va a quedar asaz dificil a la próxima administración implementar la Regla fiscal de la cual se ha venido hablando como medida profilactica en contra de la amenaza de la llamada eufemísticamente enfermedad holandesa. Colombia ha quedado en el peor de los mundos, porque tampoco podrá impulsar la reactivación económica para salir del atolladero “por la restricción fiscal que le impone el no haber ahorrado durante el período de boom” en el quinquenio virtuoso (2003 – 2007). Las aulagas fiscales por las que atraviesa el país no augura un buen desempeño de la economía a futuro, la cual se ha visto apalancada en gran medida los dos años anteriores por el mayor gasto público, el cual ahora se va a ver frenado por cuenta de unas finanzas públicas desarboladas.
LA CLAVE DEL CRECIMIENTO
Compartimos con Roberto Junguito que “La experiencia entre el 2002 y el 2008 ratifica que el principal requisito para reducirlo es conseguir una tasa de crecimiento económico alta y sostenida. En efecto, en el 2002 cuando el Presidente Uribe inició su primera administración la tasa de desempleo abierto era cercana al 15%...la denominada Ley de Okun, que mide la elasticidad de la reducción del desempleo como respuesta al crecimiento de la economía alcanza 0.2% y es la mitad del promedio registrada internacionalmente entre los países más avanzados. Estos resultados ratifican que para reducir la desocupación es fundamental el crecimiento de la economía” . Es evidente que el mejor antídoto contra el desempleo es el crecimiento, no hay otro, dejando en claro que este es una condición necesaria pero no suficiente, prueba de ello es que no obstante que en 2007 se alcanzó una inusitada tasa de crecimiento del PIB del 7.5% y sin embargo la tasa de desempleo a duras penas bajó un punto porcentual. Y en el caso Colombiano, de acuerdo con el co-director del B de la R, Juan J. Echavarría, la economía colombiana tiene que crecer a una rata mayor al 4% para contener el empeoramiento de su tasa de desempleo .
Ello es tanto más cierto si tenemos en cuenta que, según estudio reciente, si para la década de los 80 la baja en un punto del PIB se reflejaba en la pérdida de 0.7 puntos en el empleo, ya para el período comprendido entre 1999 y 2008 el impacto era de 1.4 puntos y últimamente, entre 2002 – 2008, por cada punto que baja el crecimiento del PIB se pierden 2 puntos (¡!) en el empleo. Mirando el problema desde otra perspectiva, señala el experto Hugo López que “si hace cinco años se requería un crecimiento económico del 4% para reducir en un punto la tasa de desempleo, hoy se requiere el doble, dados los aumentos de productividad” .
Según Fedesarrollo entre 2002 y 2007 la Inversión Extranjera Directa (IED) aportó en promedio un punto al crecimiento del PIB y ahora a consecuencia de la crisis la IED viene cayendo; el año pasado cayó el 19%. De otra parte, según un estudio del FMI una caída de 10% en las exportaciones en Colombia trae consigo una contracción de 2 a 3 puntos en el crecimiento del PIB y el último año cayeron el 12.7%. Estos que han sido en el pasado los principales motores del crecimiento están operando a media marcha, razón suficiente para pensar en que el empleo que es la primera víctima de la crisis y el último en reponerse no da trazas de mejor su nivel.
Seguir atendiendo todas esas medidas recomendadas, como la reducción o eliminación del salario mínimo, de establecer un salario mínimo diferencial y /o diferenciado, el contrato de primer empleo o la supresión de los parafiscales es seguir dándose coces contra el agujón. Sería más conveniente pensar seriamente en hacer una gran convocatoria por parte del próximo gobierno para concertar políticas públicas tendientes a contrarrestar este flagelo, para lo cual convendría conformar una Misión similar a la que presidió Hollis Chénery entre 1985 y 1986, la cual presentaría un informe con sus recomendaciones en un breve plazo.
EL DESEMPLEO: PROBLEMA ESTRUCTURAL
Hay que partir de la base de que el desempleo en Colombia es un problema estructural y tiene mucho que ver con el sistema económico y social imperante, con el Modelo económico que ha prevalecido y con las políticas públicas que se han implementado por parte de los distintos gobiernos. De allí que el problema planteado sea muy complejo y no se puede despachar con simplismos reduccionistas. Ya quedó dicho que la clave para la generación de empleo es el crecimiento sostenido y sostenible a niveles superiores al 6%, si es que queremos reducir la vergonzosa tasa de desempleo tasa ue tenemos a un solo dígito.
Alcanzar dicha meta es un imposible mientras Colombia no revierta el proceso de desagriculturización y desindustrialización que ha padecido el país, sobre todo a partir de la década de los 90. El sector agropecuario que participaba con el 24% en el PIB en 1990, a duras penas alcanza hoy el 11.4% en 2005 y la industria manufactura pasó de más del 21% del PIB a menos del 14% en el mismo lapso. Un país como Colombia en donde se cuenta con 21.5 millones de hectáreas aptas para la agricultura y sólo se cultiven 4.2 millones; en donde se ha potrerizado el campo al dedicar 42.5 millones de hectáreas de sus tierras más feraces a la ganadería de extensiva (¡1 res por cada dos hectáreas!), de las cuales 17.3 millones tienen vocación agrícola no puede aspirar a tener un desarrollo importante del sector agrícola, empleador por excelencia.
Mientras la industria colombiana no diversifique su base productiva y siga concentrado, como lo ha estado en los últimos 40 años, en 11 productos exportables, los cuales tienen como destino en un porcentaje que supera el 57% tres países (EEUU, Venezuela y Ecuador) será muy dificil el despegue de la economía nacional. Colombia en lugar de avanzar en su proceso de industrialización, está viviendo un proceso de reprimarización de su economía y lo que es peor está abocada en este momento al riesgo de contraer la enfermedad holandesa por cuenta de un nuevo boom de las materias primas, con lo cual se pone en riesgo el precario desarrollo industrial con el que contamos.
Bien dijo el analista Manuel José Cárdenas que “Apoyarse en factores tan estáticos como los recursos naturales puede ser una buena manera de comenzar pero una mala manera de continuar” . Y lo más grave es que en el afán de suscribir un TLC bilateral con los EEUU echamos por la borda todo lo avanzado en el proceso de integración andina dando al traste con la CAN, al tiempo que las preferencias arancelarias del ATPDEA además de desaprovecharlas se han puesto en un grave predicamento . Colombia debe examinar seriamente las recomendaciones que le hizo a su paso por el país Nouriel Roubini, el gurú de la economía que tuvo la perspicacia de vaticinar la crisis global que todavía nos tiene embromado, en el sentido de que Colombia debe “abandonar el modelo basado exclusivamente en las ventas en el exterior y concentrarse más en el mercado interno” y complementariamente “concentrar sus esfuerzos en los intercambios comerciales con los vecinos”.
Un aspecto primordial para que el país salga del subdesarrollo y se pueda insertar con éxito en la economía global es la competitividad y hablando de esta nos dice el premio Nobel de Economía Paul Krugman que “la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo”. Los productores colombianos no pueden pretender seguir siendo competitivos a expensas de la reducción de los costos laborales y/o de una tasa de cambio favorable; tampoco pueden atenerse indefinidamente a las “compensaciones” estatales por el riesgo cambiario o a las subvenciones, ayudas y gabelas fiscales que horadan las desmirriadas finanzas públicas. El gobierno se ufana de los avances logrados en el mejoramiento del clima de inversión, los cuales se han visto reflejados en el ascenso de un año a otro desde el puesto 66 hasta el 53 entre 181 países, según el último informe del Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) en el Doing Business (DB)2009.
Eso está muy bien pero no basta, porque en lo esencial, que tiene que ver con las facilidades para promover el comercio (infraestructura vial, portuaria y de comunicaciones, la logística, etc) nos seguimos rajando. Así lo señala el más reciente reporte anual del Foro Económico Mundial (FEM), organizador del encuentro de Davos (Suiza). En la primera versión de este escalafón, que se elaboró en 2008, Colombia ocupó el puesto 75 entre 118 paíases. En contraste con lo ocurrido con el indicador del clima de inversión, este año el indicador de las facilidades para promover el comercio cayó al lugar 84 entre 121 , perdiendo 9 escalones de un año a otro; desde luego, no se trata de que el país esté retrocediendo sino que otros países están avanzando con mayor rapidez, lo que hace que se siga rezagando.
Buena parte de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AIPC), producto de un gran esfuerzo de concertación nacional se ha quedado escrita en el papel, convertida en una especie de catálogo de buenas intenciones; este es uno de los mayores retos que el país debe encarar con seriedad y resolución a riesgo de que si no lo hacemos nos deje el tren. Como dijo el ex director de Planeación Nacional y hoy Presidente de Asofondos Santiago Montenegro, refiriéndose a la gestión del gobierno del cual hizo parte, “da tristeza que los grandes proyectos se hayan quedado en el Power Point”.
Desde las postrimerías de la administración Barco en 1987 le quedó claro al país que la internacionalización exitosa de la economía colombiana dependía de tres estrategias fundamentales, la modernización, la reconversión y la reconversión industrial, pero poco se ha progresado en su concreción. Ahora se nos dice que se debe firmar el TLC con la Unión Europea (UE) para que el sector lácteo se modernice; lo mismo se nos dijo cuando se firmó el TLC con los EEUU. Debe ser alrevés: Colombia debe modernizar, reconvertir y relocalizar su aparato productivo para que al firmar los TLC estos sean beneficiosos para el país, pues, como afirmó el experto en comercio exterior Manuel José Cárdenas “los tratados de libre comercio generan oportunidades de negocios, pero no los negocios mismos” . Y lo corroboró el ex ministro de comercio Jorge Humberto Botero cuando sentenció que “el acuerdo con los EEUU abre oportunidades, pero no las grantiza” .
LA DESIGUALDAD FRENA EL CRECIMIENTO
Otro freno y muy importante del crecimiento es la inequidad, en la cual Colombia se lleva el campeonato; entre otras cosas nuestro país fue el único en la región que no supo o no quiso aprovechar la coyuntura del denominado quinquenio virtuoso durante los cuales la economía creció en promedio el 6%, por encima del promedio histórico de los años anteriores que fue del 4%, para mejorar su distribución del ingreso. No sólo no mejoró esta sino que la concentró aún más; lo demuestra la evolución del Coeficiente Gini, el cual pasó de 0.56 en 2002 a 0.59 en 2008, colocándose a la cabeza de los países con mayor grado de concentración del ingreso en la región .
Como lo ha sostenido la CEPAL una mejor distribución del ingreso, además de disminuir el número de pobres refuerza el crecimiento; dos economistas muy reputado como lo son Alesina y Rodrick advierten que “los países con mala distribución del ingreso y la riqueza tienden a crecer menos”. Y, para rematar, el ex presidente del gobierno español Felipe Gonzalez es de la opinión de que “la desigualdad pone en peligro el crecimiento”, es más, “el modelo económico que no redistribuye los ingresos no es exitoso”.
Gustavo Yamada, Jefe de la Unidad de Pobreza y Desigualdad del BID no pudo ser más categórico cuando afirmó que “cuanto más desigual es un país menos efectivo es el crecimiento para reducir la pobreza” . De modo que el país tiene un gran reto en este frente, si no quiere seguir estancado y con una economía raquítica que en lugar de generar empleo lo destruye.
C +T + I: LA CENICIENTA
El Presidente Alvaro Uribe aduce en defensa de las gabelas otorgadas al gran capital que “…llegará un momento en que no se generará empleo, porque la empresa va a decir: si yo no puedo adquirir la maquinaria, los equipos que me permitan competir con avanzada tecnología, yo no puedo crear empleo…ni crearle con populismo nuevos obstáculos a las empresas, sino desarrollar sectores con innovación que nos den a los colombianos mejor calidad de vida…Si avanzamos en tecnología vamos a resolver el problema de la necesidad de empleo de buena remuneración” . Pero, cómo vamos a vanzar en en tecnología si no invertimos para promoverla. Bien se ha dicho que las palabras que no van seguida de los hechos son asesinas de los ideales.
Aquí en Colombia la ciencia y la tecnología no se han visto como instrumentos generadores de desarrollo y eso refleja en la escasa inversión en ellas, lo cual muestra que siguen siendo las cenicientas del presupuesto. Veamos el contraste: en el Japón con el 3% del PIB de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) superó a EU (2.8%). En china esta cifra está en el 2%, Israel 4%, Corea y Singapur 3%. En Latinoamérica: Chile pasó de 0.7% a 1%, Brasil está en 1.2% y tiene la meta de 1.5%, Venezuela pasó de 0.25 en 2004 a 1.7% en 2006. Entre tanto, en Colombia según el Observatorio de Ciencia y Tecnología (Ocyt) después de haber alcanzado el 0.55% del PIB en 1995, pasamos al 0.31 en 2003 y del 0.46% del PIB que se tuvo en el 2005, el pico más alto registrado en los últimos años, el país pasó a un 0.39% en el 2009 y se cosecha de lo que se siembra!
A MANERA DE COLOFÓN
Definitivamente, como ya lo advertimos hace rato La generación de empleo no puede seguir siendo plato de segunda mesa dentro de los propósitos de la política económica; al ser el desempleo una de las mayores tragedias que agobia al grueso de las familias colombianas, el procurar más y mejores empleos no puede seguir siendo un efecto colateral del crecimiento de la economía, sino un objetivo explícito de la misma. No se puede perder de vista que el desempleo y el subempleo conllevan la precarización del ingreso, la cual a su vez afecta el poder adquisitivo y de allí la postración de la demanda, principal freno de la economía. Hay, entonces, que pararle bolas al desempleo, que es pobreza, así no sea por sensibilidad social, la cual brilla por su ausencia, sino sólo por razones de racionalidad económica, pues como afirmó el ex ministro Rodrigo Escobar Navia, un mercado pobre es un pobre mercado!
Bogotá, mayo 21 de 2010
www.amylkaracosta.net
La mayor pasión del economista no es cambiar
el mundo, sino comprenderlo.
Desde tiempos inmemoriales se ha recurrido al sacrificio de aquel o aquello que es considerado como chivo expiatorio como una forma de hacer purgar a un inocente las faltas de un culpable, el cual se toma la atribución de disponer a su arbítrio del destino del que está limpio de culpas. La superstición de quienes así actúan los lleva a creer a pie juntillas que de este modo pueden exculpar su propia responsabilidad y por ello se recurre a este ardid de manera recurrente.
Este es el caso de quienes han pretendido infructuosamente atribuir a los elevados costos laborales, particularmente a los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación familiar, los aberrantes niveles de desempleo y subempleo en Colombia. Para llegar a esta conclusión se hace abstracción de los elevados costos financieros o de los excesivos costos en logística y transporte que menguan la competitividad de los productores colombianos, sobre todo la de aquellos que tienen vocación exportadora. También se pasan por alto otros factores, tales como la volatilidad de la tasa de cambio y los desaforados costos de transacción en los que tienen que incurrir por cuenta de la ineficiencia y el burocratismo enquistados en el Estado.
Desde la década de los 90, al socaire del fracasado Consenso de Washington, se ha venido con la cantinela de la necesidad de reducir los costos laborales como la pócima para promover la generación de empleo productivo. Con tal fín se expidió la Ley 50 de 1990, a través de la cual se flexibilizó la legislación laboral, lo cual se tradujo en una sensible reducción de los costos de la nómina pero no en la ampliación de esta. Una de sus secuelas fue la precarización del empleo, de un 36.3% de trabajadores que devengaban menos de un salario mínimo en 1992 se pasó al 47.5% en el 2000.
Desde entonces, como lo concluyó un estudio del CID de la Universidad Nacional, se ha venido “destruyendo empleos ´estables´ por trabajo ´independiente´ con ingresos precarios y sin cobertura de seguridad” , imponiéndose la economía del rebusque, todo lo contrario de lo que supuestamente se buscaba . Luego, con los mismos argumentos se impulsó por parte del gobierno una nueva reforma laboral, la cual le dio vida a la Ley 789 de 2002, de la misma estirpe de la del 90 y corrió con la misma suerte.
Ocho años después en materia de empleo no estamos mejor que cuando estuvimos peor: con una tasa de desempleo que supera el 14%, la más alta en Latinoamérica y la tercera en el orbe . El año pasado, según Fedesarrollo, 48% de los trabajadores ganaban por debajo del salario mínimo (72% en las zonas rurales), el 58.3%, es decir 5’ 335.000 trabajadores eran informales, de los cuales el 85% carece de seguridad social, ello junto con el perverso asistencialismo por la vía del Sisben y el programa Familias en acción, muy propio del conservadurismo compasivo que profesa este gobierno, vienen afectando la sostenibilidad del Sistema General de Salud hoy en crisis, pues cada vez son menos los que cotizan y más lo que se recuestan al Estado a través del régimen subsidiado .
Según la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset) los trabajadores temporales en este país sumaban en 2007 925.000, más del doble que tres años atrás, doblando su participación en el empleo formal en el sector privado, pasando del 9% al 18%, mientras el outsoursing pasó de 10% a 14%. Entre tanto, el empleo directo retrocede frente a las modalidades de contratación temporal y outsoursing en una proporción del 7%, al pasar del 47% en los años 2005 y 2006, de una muestra de 352 empresas analizadas por Acoset, a 40% para 2007.
Tras reconocer su fracaso, la Comisión que se creó en desarrollo de la Ley con el fin de dictaminar sobre el cumplimiento de tal cometido, en su informe al Congreso de la República aseveró que “los estudios coinciden en que, si bien el número de puestos de trabajo creados tras la reforma no fue el que se deseaba” . Pero la reacción de los dómines de la ortoxia económica ante semejante fiasco no es la de rectificar, no obstante que en la propia Ley 789 se previó que si esta no lograba sus propósitos “el gobierno debe presentar un proyecto de ley que modifique o derogue las disposiciones que no hayan logrado efectos prácticos para la generación de empleo” . Por el contrario, se insiste contumazmente en que todavía “estamos en la caverna laboral y que se necesita más y no menos reformas” al tiempo que se asume como algo axiomático que “son esas inmensas cargas extrasalariales las que hacen tan costoso contratar en Colombia e impiden que se cree aún más empleo” .
LA REORIENTACIÓN DE LOS INCENTIVOS
En un trabajo anterior nos referimos a la ingeniosa propuesta de los ex ministros de Hacienda de Colombia y Argentina respectivamente, Rodrigo Botero y Domingo Cavallo, la cual trata de desmarcarse del socorrido recurso del desmonte o supresión de los parafiscales . Y lo hacen, no porque no la compartan, pues como talibanes del neoliberalismo que han sido también ellos consideran que “Hay que reducir los parafiscales para que no cueste tanto fomentar empleo” , sólo que, con el pragmatismo que los caracteriza, reconocen que en este momento “es tóxico políticamente proponer el desmonte de los parafiscales” y por ello consideran que “en vez de meterse en la pelea política de desmontar los parafiscales, exploremos el esquema de permitirles a las empresas que esos sobrecostos los puedan descontar de los impuestos” .
Ellos parten de la base de que “en este momento Colombia tiene una estructura de incentivos al aparato productivo que los economistas consideramos perverso. Se ha dado un montón de gabelas al capital para abaratarlo, como exenciones tributarias, a un costo fiscal enorme. Se abarata el capital para que los empresarios modernicen sus empresas. Pero, sucesivamente a la nómina se le han ido colgando impuestos. Que para el SENA, que para el ISS, que para las cajas de compensación. En la medida que se abarata el capital y se encarece la mano de obra, las empresas se van mecanizando y la mano de obra se va reduciendo” .
De allí su propuesta de convertir “la actual deducción por inversión en una deducción de los impuestos sobre el incremento en la nómina salarial a que dan lugar las nuevas inversiones” . Y rematan diciendo que “se trata de reducirle al empresario el costo de crear un empleo nuevo. Y no sería una propuesta permanente, sino de 5 años…” . Estos planteamientos animaron el debate académico sobre las políticas de empleo, pero tuvo poco eco en las campañas electorales de cara a la elección presidencial del próximo 30 de mayo . Y ello no lo decimos a humo de paja, es que según la más reciente encuesta de Datexco el desempleo es de lejos, con el 52%, el principal problema que agobia a los colombianos, el cual “consideran que el próximo Presidente de la República debe resolver como prioridad durante el próximo gobierno” .
Dicha propuesta fue acogida en primera instancia por el candidato del Partido Liberal Rafael Pardo, quien afirmó que ello "es algo que vengo proponiendo hace tiempo: eliminar exenciones a zonas francas y a inversión de utilidades en bienes de capital, para concentrarlas en nuevas actividades económicas y en empresas que aumenten nómina" . Por su parte el candidato de Cambio Radical Germán Vargas conceptuó que “si en el año 2004, en el estatuto tributario se consignó un estímulo al capital, que en su momento pareció oportuno para renovar la motivación en parte industrial y para generar una mayor productividad, en una crisis de desempleo como la actual esos recursos que el año pasado sumaron $4 billones podrían reorientarse, permitiendo que cualquier patrono deduzca de su impuesto de renta el 120% del valor del incremento en su nómina” , tal como lo proponen Botero y Cavallo.
Para el candidato del Partido Verde Antanas Mockus “La propuesta es interesante; la hemos estudiado y en algunos medios la entendieron como eliminación de los parafiscales, atado a una idea erronea de acabar con el SENA y el ICBF. Las exenciones tributarias se revisarán” , aunque no dice en qué sentido. Quien dejó patidifuso a los expertos fue el candidato del Partido de la U Juan Manuel Santos, al tratar de prenderle una vela a Dios y otra al diableo. Él sostuvo que “Combinaremos incentivos al capital con incentivos a la generación de empleo formal. Habrá deducción del impuesto de renta sobre nuevas inversiones en activos fijos y una deducción sobre el incremento de la nómina” . Ello le permitiría a los empresarios recibir beneficios fiscales por partida doble, yantando a dos carrillos, lo cual sería fiscalmente impracticable. Ahora que hasta el FMI está recomendando “la eliminación de los incentivos tributarios a la inversión y los regímenes impositivos especiales” , la propuesta de Santos es dobletearlos; como quien dice a quien no quiere caldo se le dan dos tasas
MÁS DE LO MISMO
Pero los detractores de los parafiscales volvieron a la carga y les sirvió como punta de lanza la propuesta Hacia un mercado laboral más incluyente que le planteó Fedesarrollo a los candidatos presidenciales. En ella se recomienda básicamente: 1) eliminar los parafiscales para todos los trabajadores que ganen menos de dos salarios mínimos 2) disminuir el salario mínimo para los jóvenes menores de 24 años 3) reducir el salario mínimo a todos los campesinos 4) limitar los futuros aumentos de salario mínimo a la inflación del año anterior y 5) remover parte de las exenciones al capital. Este sería el único item que toque al capital, los demás irían en detrimento de los asalariados. Según Fedesarrollo, “generar empleo formal es costoso en el país, los impuestos al trabajo (o costos no salariales) han subido 14 puntos porcentuales desde 1994, un monto similar a la tarifa del impuesto al valor agregado (IVA)… para que haya verdadera equidad, el acceso a seguridad social en salud y pensiones se debe ligar al hecho de ser ciudadano y la financiación se debe llevar a cabo a través de impuestos generales” .
Resulta curioso, por decir lo menos, que todas las baterías contra los “sobrecostos laborales” se hayan enfilado contra los aportes a instituciones tan caras para la población más vulnerable de este país, como lo son el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando en concepto de Alvaro José Cobo, Presidente Ejecutivo de Asocajas: “…en Colombia, desde 1985 hasta el 2010, los costos asociados a la nómina con cargo a los empleadores por concepto de salud se han casi que duplicado, pasando del 4.7% al 8.5%; en pensiones se han triplicado, del 4.3% pasaron al 12.0%, mientras que los aportes empresariales a las cajas de compensación familiar no se han incrementado desde su establecimiento en 1957” .
Una de las conclusiones de un estudio muy serio del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado de Colombia es clara al dejar sentado que “hay aportes parafiscales que son parte integrante del salario y, por lo tanto, no pueden considerarse sobrecostos de las empresas….eliminar los aportes a las cajas de compensación equivale a reducir los salarios de los trabajadores, en especial de los aslariados formales de menores ingresos” . En otra de sus conclusiones desvirtúa la afirmación de que los costos no salariales hayan experimentado aumentos desmesurados. Por el contrario, para sorpresa de todos pudo establecerse que “tomando dos puntos en el tiempo, a saber, 1985 y 2010, podemos afirmar que los recargos a la nómina vigentes hoy ¡son inferiores a los exigidos por la ley colombiana hace 25 años!...Los sobrecostos cuantificables como proporción del salario básico sólo aumentaron 2 puntos porcentuales en los últimos 25 años…” .
Es más, parodiando la canción de los Zuletas, podemos decir que los francotiradores contra los parafiscales saben sumar pero no saben restar, ya que ellos sólo suman los “sobrecostos laborales” que les endilgan pero no restan los menores costos obtenidos gracias a las reformas laborales, las cuales más que compensan aquellos. Al hacer la suma algebraica dicho estudio arriba a la conclusión que “las reformas laborales de 1990 y 2002 acordaron unas rebajas importantes en los sobrecostos laborales…en la actualidad las empresas están pagando unos sobrecostos a la nómina inferiores a los vigentes hace 25 años” .
A guisa de ejemplo mencionemos que por el sólo concepto de la eliminación de la retroactividad de las cesantías se ahorra el empleador un estimado de 6% del salario y la sanción por despido sin justa causa, que también fue eliminada, se calcula en el 12%. Por ello se preguntan: “entonces, ¿por qué empresarios y economistas se quejan de que la contratación de personal se ha hecho siempre más costosa en Colombia, especialmente a partir de la reforma a la seguridad social de 1993?...Los sobrecostos laborales no pueden considerarse la principal causa del elevado desempleo, así como muchos sostienen” . Además, es sabido que la supresión de los 9 puntos de parafiscalidad a lo sumo aumentaría en un punto en tres años la tasa de empleo y eso por una sóla vez, con el riesgo de que luego puede revertirse; en ello coinciden los estudios realizados por el Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad de los Andes y el DNP.
Pero, de todas las propuestas que se han planteado con el propósito de desembarazarse de los parafiscales por parte de quienes siguen considerándolas como funestas adehalas que encarecen la mano de obra, definitivamente la más descarada ha sido la formulada por el Presidente de Asofondos Santiago Montenegro.
Él propuso sin inmutarse, abstraido seguramente en lo que le reditúan los fondos pensionales, que “los trabajadores que ganen más de dos salarios mínimos se les aumente el sueldo, por una sóla vez, en 9 puntos y a partir de ese momento ellos sean los que paguen los aportes parafiscales. Para los tarbajadores que ganan menos de dos salarios mínimos (86% del total de asalariados) ni estos ni las empresas estarían obligados” . Esta propuesta además de insensata e insensible es contraproducente, pues con tal reajuste se incrementaría en esa misma proporción a trabajadores y patronos la base de su cotización. Así, si el salario de referencia es de $3 millones, las empresas trasladan al empleado $270.000 (correspondientes a la parafiscalidad) y además pagarían $86.238 más de contribuciones a la seguridad social. Por la misma razón el trabajador pagaría $24.000 más, los cuales se le restan de su salario. Y como suplemento propone además “extender el contrato de aprendizaje a otros grupos de pèrsonas diferentes a los estudiantes del SENA” .
Ya con la reforma laboral de 2002 se le dio un gran envión a esta fórmula al favorecer la contratación de “aprendices” en lugar de trabajadores de nómina. Como lo afirma Alejandro Gaviria, Decano de Economía de la Universidad de los Andes, “…la reforma tuvo un efecto apreciable sobre la contratación de aprendices y la reducción del subempleo, pero no así sobre la generación de empleo y la formalización del mismo” . Es así cómo en un solo año entre 2002 y 2003 se pasó de 30.128 aprendices a 56.847 y ya vamos en 125.000 en 2010, de los cuales el 80% corresponde a alumnos capacitados en el SENA, el mismo al que se le quieren birlar sus recursos (¡!).
Ahora bien, se dice olímpicamente por parte de Fedesarrollo refiriéndose a los servicios que presta el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar, que “la financiación se debe llevar a cabo a través de impuestos generales”; en ello coincide con ANIF y, pásmese, con el profesor Salomón Kalmanovitz. Este sostiene que “el problema de las contribuciones que tienen que hacer los empresarios sobre sus nóminas para financiar el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar es que están en el lugar equivocado. ..Los recursos de este tipo de entidades debe salir del presupuesto nacional y deben ser asignados cuidadosamente y con flexibilidad, según las prioridades que establezca el gobierno” consecuente con ello habla de “trasladar el SENA al Ministerio de Educación” y de “un simple traslado de los recargos laborales al impuesto de renta de empresas y personas naturales” . Y no estamos hablando de naderías, el monto del presupuesto del SENA es de $1.4 billones, el del ICBF de $2.4 billones y el de las cajas de compensación familiar $2.8 billones, es decir, más de $6 billones (¡!). Otros, como ANIF , son más osados y plantean un reajuste del IVA para suplir los recursos que se dejarían de recibir al suprimirse los aportes parafiscales. Al respecto podemos decir que si se trata de arbitrar dichos recursos por la vía del aumento del impuesto de renta este tendría que reajustarse en 8 puntos porcentuales y si se optara por la alternativa del IVA se tendría que añadir 4 puntos a los 16 que se cobran actualmente. Y de contera, como lo sostiene Stefano Farné “trasladarle esas funciones en un escenario de déficit fiscal puede conducir a nuevos impuestos de recaudo y ejecución centralizada, con riesgo de deterioro de un servicio de reconocida eficacia, administrado de modo bipartito por trabajadores y empleadores” .
EL PALO NO ESTÁ PARA CUCHARAS
A quienes pretenden recostarle a Presupuesto General de la Nación las denominadas por ellos “cargas parafiscales”, tenemos que decirles que el palo no está como para cucharas, las afugias fiscales son muchas y apremiantes, como para colgarle mayores obligaciones a la Nación. Las finanzas del Estado pasan por un momento crítico que no se veía desde el aciago año 1999 cuando merced a la recesión se registró un déficit del gobierno central del 3.7%. Colombia en estos momentos acusa un gran déficit fiscal; el año anterior cerró con un déficit del gobierno central del 4.5% ($23.6 billones) y se prevé que este año oscile entre el 4.6% y el 5%, Según Fedesarrollo “el balance del sector público en Colombia en 2010 será el peor dentro de las principales economías de América Latina” .
Tan grave es el desbarajuste fiscal que, de acuerdo con un estudio del ex ministro de Hacienda y actual analista de Fedesarrollo Guillermo Perry, para modo de tapar el enorme hueco fiscal que hereda el próximo gobierno se tendrá que tramitar “una nueva reforma tributaria que deberá recaudar entre 5 y 8 billones de pesos al año para así garantizar un equilibrio de las finanzas públicas” . Pero, claro, estos mayores tributos sólo los pagarán los majaderos, quienes no se blindaron a tiempo con los contratos de estabilidad jurídica, como sí lo hicieron las grandes empresas de este país. Esto no es con ellas!
El gobierno entrante, tal como están las cosas, tendrá muy poco márgen de maniobra, basta con señalar que sólo el giro de tres cheques por concepto del Sistema General de Participación (SGP), las mesadas pensionales y los intereses de la deuda (4.4%, 4.5% y 4.2% del PIB, respectivamente) le significarán para el 2010 el 13.1% del PIB y los impuestos que se esperan recaudar apenas sí llegarán al 13.4% del PIB. Eso es una barbaridad! Esta situación es tanto más preocupante cuando todo indica que como efecto retardado de la crisis global que golpeó la economía el año anterior, se espera un descenso notorio del recaudo, habida consideración del mediocre desempeño de la economía el año anterior cuyo crecimiento del PIB fue de un anémico 0.4%. De hecho, según reciente reporte de la DIAN, entre enero y abril de este año se descolgó un 15.5% el recaudo del impuesto de renta. Según el Director de la DIAN Nestor díaz “para el mismo período del 2009 los contribuyentes pagaron $5.4 billones, mientras el acumulado del 2010 las contribuciones por este tributo llegaron a $4.5 billones” .
El hueco fiscal para actual vigencia se ha visto agrandado por el aplazamiento de la venta de la participación del 57% de la Nación en ISAGEN. Se esperaba recibir por este concepto $3.5 billones aproximadamente y así estaba previsto en el Plan Financiero de 2010, de modo que el gobierno nacional tendrá que ver cómo cubrir este faltante. Para rematar, la deuda pública se disparó desde 2007, cuando estaba en un nivel del 32% del PIB, para alcanzar el 38.1% en 2010; la deuda pública externa cerró el 2009 en el orden de los US $51.204 millones, la más alta de la historia con el 22.1% del PIB. Según el B de la R la deuda pública está en el límite de su sostenibilidad y el mayor endeudamiento viene presionando la tasa de cambio contribuyendo de esta manera a la mayor apreciación del peso frente al dólar, afectando de esta manera las exportaciones.
El próximo gobierno, además, va a heredar una bomba fiscal llamada vigencias futuras. Esta es una figura que le permite al gobierno girar cheques postdatados que tendrán que cubrir las próximas administraciones; en este gobierno, como en ningún otro, se ha usado y abusado de este expediente y quien venga atrás que arree.
En rigor, el Presidente en ejercicio no debería comprometer recursos más allá de su propio período; además, se partía de la premisa de que sólo se podía autorizar vigencias futuras para cubrir el financiamiento de obras que se iniciaran en su propio período de gobierno y debía asegurar por lo menos el 15% del costo total. Pero, en 2003 se tramitó afanosamente una Ley que permite que en aquellos casos excepcionales en los que a juicio de la administración se trate de “proyectos estratégicos” para el país, para lo cual sólo basta la expedición de un Documentos CONPES, pueden comprometer vigencias futuras sin cuota inicial y sin límite alguno en el tiempo. Pero, lo que ha ocurrido es que la excepción se volvió la regla. Resulta que a pesar de sus 8 años esta administración terminó comprometiendo por esta vía recursos que frizan los $26.4 billones (¡equivalente al monto del presupuesto de todo el año 2010!) por los próximos 20 años, o sea de los próximos 5 períodos presidenciales. De tales recursos se contemplan $250.000 millones anuales para el metro de Bogotá entre los años 2017 y 2025 (¡!).
Supuestamente el Presidente Uribe había dado la orden de “no dejar la olla raspada a su sucesor” ; pero, lo que es peor, a su sucesor le va a tocar saltar matones para poder cubrir los sobregiros que le deja la actual administración. El presupuesto nacional que de por sí adolece de grandes inflexibilidades , ahora con la desmesura de las vigencias futuras se convierte en una camisa de fuerza que convertirá al próximo mandatario en una especie de prometeo encadenado. A todas estas se pregunta Alejandro Gaviria, decano de Economía de la Universidad de los Andes: “Hasta qué punto el gobierno tiene derecho a dejarle las manos amarradas al próximo gobierno” .
Así las cosas, le va a quedar asaz dificil a la próxima administración implementar la Regla fiscal de la cual se ha venido hablando como medida profilactica en contra de la amenaza de la llamada eufemísticamente enfermedad holandesa. Colombia ha quedado en el peor de los mundos, porque tampoco podrá impulsar la reactivación económica para salir del atolladero “por la restricción fiscal que le impone el no haber ahorrado durante el período de boom” en el quinquenio virtuoso (2003 – 2007). Las aulagas fiscales por las que atraviesa el país no augura un buen desempeño de la economía a futuro, la cual se ha visto apalancada en gran medida los dos años anteriores por el mayor gasto público, el cual ahora se va a ver frenado por cuenta de unas finanzas públicas desarboladas.
LA CLAVE DEL CRECIMIENTO
Compartimos con Roberto Junguito que “La experiencia entre el 2002 y el 2008 ratifica que el principal requisito para reducirlo es conseguir una tasa de crecimiento económico alta y sostenida. En efecto, en el 2002 cuando el Presidente Uribe inició su primera administración la tasa de desempleo abierto era cercana al 15%...la denominada Ley de Okun, que mide la elasticidad de la reducción del desempleo como respuesta al crecimiento de la economía alcanza 0.2% y es la mitad del promedio registrada internacionalmente entre los países más avanzados. Estos resultados ratifican que para reducir la desocupación es fundamental el crecimiento de la economía” . Es evidente que el mejor antídoto contra el desempleo es el crecimiento, no hay otro, dejando en claro que este es una condición necesaria pero no suficiente, prueba de ello es que no obstante que en 2007 se alcanzó una inusitada tasa de crecimiento del PIB del 7.5% y sin embargo la tasa de desempleo a duras penas bajó un punto porcentual. Y en el caso Colombiano, de acuerdo con el co-director del B de la R, Juan J. Echavarría, la economía colombiana tiene que crecer a una rata mayor al 4% para contener el empeoramiento de su tasa de desempleo .
Ello es tanto más cierto si tenemos en cuenta que, según estudio reciente, si para la década de los 80 la baja en un punto del PIB se reflejaba en la pérdida de 0.7 puntos en el empleo, ya para el período comprendido entre 1999 y 2008 el impacto era de 1.4 puntos y últimamente, entre 2002 – 2008, por cada punto que baja el crecimiento del PIB se pierden 2 puntos (¡!) en el empleo. Mirando el problema desde otra perspectiva, señala el experto Hugo López que “si hace cinco años se requería un crecimiento económico del 4% para reducir en un punto la tasa de desempleo, hoy se requiere el doble, dados los aumentos de productividad” .
Según Fedesarrollo entre 2002 y 2007 la Inversión Extranjera Directa (IED) aportó en promedio un punto al crecimiento del PIB y ahora a consecuencia de la crisis la IED viene cayendo; el año pasado cayó el 19%. De otra parte, según un estudio del FMI una caída de 10% en las exportaciones en Colombia trae consigo una contracción de 2 a 3 puntos en el crecimiento del PIB y el último año cayeron el 12.7%. Estos que han sido en el pasado los principales motores del crecimiento están operando a media marcha, razón suficiente para pensar en que el empleo que es la primera víctima de la crisis y el último en reponerse no da trazas de mejor su nivel.
Seguir atendiendo todas esas medidas recomendadas, como la reducción o eliminación del salario mínimo, de establecer un salario mínimo diferencial y /o diferenciado, el contrato de primer empleo o la supresión de los parafiscales es seguir dándose coces contra el agujón. Sería más conveniente pensar seriamente en hacer una gran convocatoria por parte del próximo gobierno para concertar políticas públicas tendientes a contrarrestar este flagelo, para lo cual convendría conformar una Misión similar a la que presidió Hollis Chénery entre 1985 y 1986, la cual presentaría un informe con sus recomendaciones en un breve plazo.
EL DESEMPLEO: PROBLEMA ESTRUCTURAL
Hay que partir de la base de que el desempleo en Colombia es un problema estructural y tiene mucho que ver con el sistema económico y social imperante, con el Modelo económico que ha prevalecido y con las políticas públicas que se han implementado por parte de los distintos gobiernos. De allí que el problema planteado sea muy complejo y no se puede despachar con simplismos reduccionistas. Ya quedó dicho que la clave para la generación de empleo es el crecimiento sostenido y sostenible a niveles superiores al 6%, si es que queremos reducir la vergonzosa tasa de desempleo tasa ue tenemos a un solo dígito.
Alcanzar dicha meta es un imposible mientras Colombia no revierta el proceso de desagriculturización y desindustrialización que ha padecido el país, sobre todo a partir de la década de los 90. El sector agropecuario que participaba con el 24% en el PIB en 1990, a duras penas alcanza hoy el 11.4% en 2005 y la industria manufactura pasó de más del 21% del PIB a menos del 14% en el mismo lapso. Un país como Colombia en donde se cuenta con 21.5 millones de hectáreas aptas para la agricultura y sólo se cultiven 4.2 millones; en donde se ha potrerizado el campo al dedicar 42.5 millones de hectáreas de sus tierras más feraces a la ganadería de extensiva (¡1 res por cada dos hectáreas!), de las cuales 17.3 millones tienen vocación agrícola no puede aspirar a tener un desarrollo importante del sector agrícola, empleador por excelencia.
Mientras la industria colombiana no diversifique su base productiva y siga concentrado, como lo ha estado en los últimos 40 años, en 11 productos exportables, los cuales tienen como destino en un porcentaje que supera el 57% tres países (EEUU, Venezuela y Ecuador) será muy dificil el despegue de la economía nacional. Colombia en lugar de avanzar en su proceso de industrialización, está viviendo un proceso de reprimarización de su economía y lo que es peor está abocada en este momento al riesgo de contraer la enfermedad holandesa por cuenta de un nuevo boom de las materias primas, con lo cual se pone en riesgo el precario desarrollo industrial con el que contamos.
Bien dijo el analista Manuel José Cárdenas que “Apoyarse en factores tan estáticos como los recursos naturales puede ser una buena manera de comenzar pero una mala manera de continuar” . Y lo más grave es que en el afán de suscribir un TLC bilateral con los EEUU echamos por la borda todo lo avanzado en el proceso de integración andina dando al traste con la CAN, al tiempo que las preferencias arancelarias del ATPDEA además de desaprovecharlas se han puesto en un grave predicamento . Colombia debe examinar seriamente las recomendaciones que le hizo a su paso por el país Nouriel Roubini, el gurú de la economía que tuvo la perspicacia de vaticinar la crisis global que todavía nos tiene embromado, en el sentido de que Colombia debe “abandonar el modelo basado exclusivamente en las ventas en el exterior y concentrarse más en el mercado interno” y complementariamente “concentrar sus esfuerzos en los intercambios comerciales con los vecinos”.
Un aspecto primordial para que el país salga del subdesarrollo y se pueda insertar con éxito en la economía global es la competitividad y hablando de esta nos dice el premio Nobel de Economía Paul Krugman que “la productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo”. Los productores colombianos no pueden pretender seguir siendo competitivos a expensas de la reducción de los costos laborales y/o de una tasa de cambio favorable; tampoco pueden atenerse indefinidamente a las “compensaciones” estatales por el riesgo cambiario o a las subvenciones, ayudas y gabelas fiscales que horadan las desmirriadas finanzas públicas. El gobierno se ufana de los avances logrados en el mejoramiento del clima de inversión, los cuales se han visto reflejados en el ascenso de un año a otro desde el puesto 66 hasta el 53 entre 181 países, según el último informe del Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) en el Doing Business (DB)2009.
Eso está muy bien pero no basta, porque en lo esencial, que tiene que ver con las facilidades para promover el comercio (infraestructura vial, portuaria y de comunicaciones, la logística, etc) nos seguimos rajando. Así lo señala el más reciente reporte anual del Foro Económico Mundial (FEM), organizador del encuentro de Davos (Suiza). En la primera versión de este escalafón, que se elaboró en 2008, Colombia ocupó el puesto 75 entre 118 paíases. En contraste con lo ocurrido con el indicador del clima de inversión, este año el indicador de las facilidades para promover el comercio cayó al lugar 84 entre 121 , perdiendo 9 escalones de un año a otro; desde luego, no se trata de que el país esté retrocediendo sino que otros países están avanzando con mayor rapidez, lo que hace que se siga rezagando.
Buena parte de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad (AIPC), producto de un gran esfuerzo de concertación nacional se ha quedado escrita en el papel, convertida en una especie de catálogo de buenas intenciones; este es uno de los mayores retos que el país debe encarar con seriedad y resolución a riesgo de que si no lo hacemos nos deje el tren. Como dijo el ex director de Planeación Nacional y hoy Presidente de Asofondos Santiago Montenegro, refiriéndose a la gestión del gobierno del cual hizo parte, “da tristeza que los grandes proyectos se hayan quedado en el Power Point”.
Desde las postrimerías de la administración Barco en 1987 le quedó claro al país que la internacionalización exitosa de la economía colombiana dependía de tres estrategias fundamentales, la modernización, la reconversión y la reconversión industrial, pero poco se ha progresado en su concreción. Ahora se nos dice que se debe firmar el TLC con la Unión Europea (UE) para que el sector lácteo se modernice; lo mismo se nos dijo cuando se firmó el TLC con los EEUU. Debe ser alrevés: Colombia debe modernizar, reconvertir y relocalizar su aparato productivo para que al firmar los TLC estos sean beneficiosos para el país, pues, como afirmó el experto en comercio exterior Manuel José Cárdenas “los tratados de libre comercio generan oportunidades de negocios, pero no los negocios mismos” . Y lo corroboró el ex ministro de comercio Jorge Humberto Botero cuando sentenció que “el acuerdo con los EEUU abre oportunidades, pero no las grantiza” .
LA DESIGUALDAD FRENA EL CRECIMIENTO
Otro freno y muy importante del crecimiento es la inequidad, en la cual Colombia se lleva el campeonato; entre otras cosas nuestro país fue el único en la región que no supo o no quiso aprovechar la coyuntura del denominado quinquenio virtuoso durante los cuales la economía creció en promedio el 6%, por encima del promedio histórico de los años anteriores que fue del 4%, para mejorar su distribución del ingreso. No sólo no mejoró esta sino que la concentró aún más; lo demuestra la evolución del Coeficiente Gini, el cual pasó de 0.56 en 2002 a 0.59 en 2008, colocándose a la cabeza de los países con mayor grado de concentración del ingreso en la región .
Como lo ha sostenido la CEPAL una mejor distribución del ingreso, además de disminuir el número de pobres refuerza el crecimiento; dos economistas muy reputado como lo son Alesina y Rodrick advierten que “los países con mala distribución del ingreso y la riqueza tienden a crecer menos”. Y, para rematar, el ex presidente del gobierno español Felipe Gonzalez es de la opinión de que “la desigualdad pone en peligro el crecimiento”, es más, “el modelo económico que no redistribuye los ingresos no es exitoso”.
Gustavo Yamada, Jefe de la Unidad de Pobreza y Desigualdad del BID no pudo ser más categórico cuando afirmó que “cuanto más desigual es un país menos efectivo es el crecimiento para reducir la pobreza” . De modo que el país tiene un gran reto en este frente, si no quiere seguir estancado y con una economía raquítica que en lugar de generar empleo lo destruye.
C +T + I: LA CENICIENTA
El Presidente Alvaro Uribe aduce en defensa de las gabelas otorgadas al gran capital que “…llegará un momento en que no se generará empleo, porque la empresa va a decir: si yo no puedo adquirir la maquinaria, los equipos que me permitan competir con avanzada tecnología, yo no puedo crear empleo…ni crearle con populismo nuevos obstáculos a las empresas, sino desarrollar sectores con innovación que nos den a los colombianos mejor calidad de vida…Si avanzamos en tecnología vamos a resolver el problema de la necesidad de empleo de buena remuneración” . Pero, cómo vamos a vanzar en en tecnología si no invertimos para promoverla. Bien se ha dicho que las palabras que no van seguida de los hechos son asesinas de los ideales.
Aquí en Colombia la ciencia y la tecnología no se han visto como instrumentos generadores de desarrollo y eso refleja en la escasa inversión en ellas, lo cual muestra que siguen siendo las cenicientas del presupuesto. Veamos el contraste: en el Japón con el 3% del PIB de inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) superó a EU (2.8%). En china esta cifra está en el 2%, Israel 4%, Corea y Singapur 3%. En Latinoamérica: Chile pasó de 0.7% a 1%, Brasil está en 1.2% y tiene la meta de 1.5%, Venezuela pasó de 0.25 en 2004 a 1.7% en 2006. Entre tanto, en Colombia según el Observatorio de Ciencia y Tecnología (Ocyt) después de haber alcanzado el 0.55% del PIB en 1995, pasamos al 0.31 en 2003 y del 0.46% del PIB que se tuvo en el 2005, el pico más alto registrado en los últimos años, el país pasó a un 0.39% en el 2009 y se cosecha de lo que se siembra!
A MANERA DE COLOFÓN
Definitivamente, como ya lo advertimos hace rato La generación de empleo no puede seguir siendo plato de segunda mesa dentro de los propósitos de la política económica; al ser el desempleo una de las mayores tragedias que agobia al grueso de las familias colombianas, el procurar más y mejores empleos no puede seguir siendo un efecto colateral del crecimiento de la economía, sino un objetivo explícito de la misma. No se puede perder de vista que el desempleo y el subempleo conllevan la precarización del ingreso, la cual a su vez afecta el poder adquisitivo y de allí la postración de la demanda, principal freno de la economía. Hay, entonces, que pararle bolas al desempleo, que es pobreza, así no sea por sensibilidad social, la cual brilla por su ausencia, sino sólo por razones de racionalidad económica, pues como afirmó el ex ministro Rodrigo Escobar Navia, un mercado pobre es un pobre mercado!
Bogotá, mayo 21 de 2010
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