Leer la Primera parte
Por: Abel Medina Sierra
El logro más publicitado de este programa fue incentivar al informante que entregó la localización del campamento de 'Raúl Reyes', abatido en un bombardeo de la llamada “Operación Fénix” el 2 de marzo del 2008. Julio César Rivera, un antiguo guerrillero ecuatoriano, quien hoy vive feliz en Estados Unidos con nuevo nombre y toda su familia recibió la recompensa más grande que se ha entregado hasta ahora en la historia del país: cinco mil millones de pesos (2.6 millones de dólares).
Otro de los “logros” del programa generó un gran debate en el país. En marzo del 2008 fue el sonado caso del guerrillero Pablo Montoya, alias "Rojas", quien asesinó a su jefe y al miembro del secretariado de las FARC Iván Ríos, para cobrar la recompensa de 5 millones de pesos, que ofreció el gobierno. “Rojas” llevó ante las autoridades su cheque y certificación de prestación de servicios: la mano derecha del líder guerrillero.
Las voces que cuestionaron esta abominable forma de “prestarle heroicos servicios a la patria” no se hicieron esperar.
El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, José Gregorio Hernández Galindo, expresó que esto “contraría la Constitución colombiana y establecería de facto la pena de muerte en Colombia”.
Amparados en el programa de recompensas del gobierno y como en el salvaje Oeste americano, cualquier ciudadano puede dar muerte a quien se le haya puesto precio a su cabeza y presentar su cadáver o parte de éste.
No solo no recibirá ningún castigo por su crimen sino que se llevará la cantidad prometida y si quiere, ubicación en el exterior: visa libre a la impunidad, muchachos.
A estos dos grandes casos se suma la captura, en enero del 2008, de Gustavo Aníbal Giraldo, alias "Pablito" (hoy prófugo), quien fuera el principal jefe militar del ELN. Según informe de El Colombiano, “por estos casos, el Gobierno pagó cerca de 8.500 millones de pesos”.
Pero el país no debe preocuparse, plata es lo que hay para eso. Además, el DAS ha estado y está muy ocupado “chuzando” a políticos de la oposición, periodistas, miembros de las cortes o haciendo la lista de los sindicalistas que son potenciales “peligros” para el estado como para dedicarse a hacer inteligencia.
Las llamadas unidades de inteligencia del ejército parecen estar planeando más bien como siguen su alianza con delincuentes para planear nuevos falsos positivos porque el estado no concibe otra forma de localizar a los capos y jefes guerrilleros que ofrecer recompensas.
Lo anterior deja a las claras una verdad irrebatible: en Colombia la única “inteligencia” al servicio de las fuerzas de seguridad son “los sapos”.
Ahora si que de verdad le apuntan a la inteligencia, la de los estudiantes. Recetas como la de incluir a mil estudiantes de Medellín en el programa de cooperantes, que buscan frenar cifras como la de los 1.432 homicidios que se registraron el año pasado en esa ciudad, lo que hacen es echar más leña a la hoguera.
Según el director de la Policía, general Óscar Naranjo: "En el caso de Medellín, cerca del 60 por ciento de las víctimas de homicidios son jóvenes menores de 30 años y el 36 por ciento de éstos no superan los 25 años”. Pero la medida anunciada por Uribe, en lugar de sacar a los jóvenes del conflicto los involucra como actores, los pone en la mira de los asesinos, ahora son “sapos”, son “soplones”, son “torcíos”.
No olvidemos que muchos campesinos, labriegos y hasta un grupo de indígenas awa´a ha sido asesinado por la guerrilla por que dejó de verlos como fuerza neutral: se volvieron informantes del ejército. A los estudiantes no se les puede quitar ese viso de neutralidad ni ante los actores del conflicto colombiano ni ante el crimen asociado o no asociado. Hacerlo es meter en las aulas la amenaza del espionaje, de la grabación de evidencias, de la persecución que puede, incluso, ser mal usada.
Uribe se aprovecha de la necesidad de los jóvenes, la mayoría de los cuales apenas tienen para una gaseosa en la universidad, para tentarlos con una oferta económica pero a muy alto costo: el de sus propias vidas.
En Medellín, ciudad que sería piloto para implementar el programa, se han producido los más sonados escándalos de altos mandos militares y jefes de fiscalías (caso Valencia Cossio), puestos al servicio de las bandas sicariales y de mafiosos.
En un pestañar la “Oficina de Envigado” tendría la lista de estudiantes informantes en sus gavetas y en sus listas de “trabajitos por cumplir”.
Medidas tan desesperadas lo que hacen es evidenciar el fracaso de la política de Seguridad Democrática del gobierno uribista.
La inseguridad no se ha mejorado, por lo contario se ha acentuado al pasar de los campos despoblados a la densa y atiborrada ciudad. Los hacendados y ganaderos hoy pueden viajar en sus camperos y burbujas con más seguridad a sus fincas pero el ciudadano del común ya no puede madrugar al mercado por que lo atracan, el estudiante de barrio ya no puede calzar un tenis vistoso porque eso le puede costar la vida. Se ha reducido el número de secuestros de ricos industriales y hacendados, pero cientos de jóvenes desaparecen de sus casas y luego son registrados como subversivos “dados de baja en combate”. Ahora los secuestrados los ponemos los pobres.
En Colombia, la inseguridad, como el amor, parece que no se acaba, solo cambia de lugar y de sujetos.
Las justas reacciones, ante la propuesta de convertir a los estudiantes en informantes pagados por las fuerzas de seguridad no se hicieron esperar. El representante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, el guajiro Guillermo Baquero, rechazó la creación de un grupo de estudiantes informantes, pues consideró que es una "vulneración a los derechos de éstos, porque pone en grave riesgo sus vidas".
Vale la pena recordar que Baquero fue aquel estudiante que se atrevió a controvertir al “incontrovertible” presidente Uribe en un evento en Cartagena. Al día siguiente ya la Ministra de Educación había indagado toda la historia de Baquero, Juan Gossaín lo entrevistaba para restregarle que había hecho parte de las Juventudes Comunistas y preguntarle si simpatizaba con las FARC.
La comunidad académica, las organizaciones de estudiantes, docentes y padres de familia están llamados a expresarse contra tales medidas que lejos de afrontar la angustiosa situación de violencia en las ciudades, la agudiza. Si algo le he reconocido al presidente Uribe es su capacidad para mantener convencido a más del 70% del país que ha sido un buen presidente, sin serlo. Colombia, bajo el mandato de Uribe, es el país de las maravillas.
Ahora tengo que reconocer, que contrario a lo que harían los genios del relato maravilloso como Lewis Carroll, Andersen, Perrault o los hermanos Grimm; Uribe ha logrado que en Colombia los príncipes no se conviertan en sapos sino que los sapos sean convertidos en príncipes.
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Por: Abel Medina Sierra
El logro más publicitado de este programa fue incentivar al informante que entregó la localización del campamento de 'Raúl Reyes', abatido en un bombardeo de la llamada “Operación Fénix” el 2 de marzo del 2008. Julio César Rivera, un antiguo guerrillero ecuatoriano, quien hoy vive feliz en Estados Unidos con nuevo nombre y toda su familia recibió la recompensa más grande que se ha entregado hasta ahora en la historia del país: cinco mil millones de pesos (2.6 millones de dólares).
Otro de los “logros” del programa generó un gran debate en el país. En marzo del 2008 fue el sonado caso del guerrillero Pablo Montoya, alias "Rojas", quien asesinó a su jefe y al miembro del secretariado de las FARC Iván Ríos, para cobrar la recompensa de 5 millones de pesos, que ofreció el gobierno. “Rojas” llevó ante las autoridades su cheque y certificación de prestación de servicios: la mano derecha del líder guerrillero.
Las voces que cuestionaron esta abominable forma de “prestarle heroicos servicios a la patria” no se hicieron esperar.
El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, José Gregorio Hernández Galindo, expresó que esto “contraría la Constitución colombiana y establecería de facto la pena de muerte en Colombia”.
Amparados en el programa de recompensas del gobierno y como en el salvaje Oeste americano, cualquier ciudadano puede dar muerte a quien se le haya puesto precio a su cabeza y presentar su cadáver o parte de éste.
No solo no recibirá ningún castigo por su crimen sino que se llevará la cantidad prometida y si quiere, ubicación en el exterior: visa libre a la impunidad, muchachos.
A estos dos grandes casos se suma la captura, en enero del 2008, de Gustavo Aníbal Giraldo, alias "Pablito" (hoy prófugo), quien fuera el principal jefe militar del ELN. Según informe de El Colombiano, “por estos casos, el Gobierno pagó cerca de 8.500 millones de pesos”.
Pero el país no debe preocuparse, plata es lo que hay para eso. Además, el DAS ha estado y está muy ocupado “chuzando” a políticos de la oposición, periodistas, miembros de las cortes o haciendo la lista de los sindicalistas que son potenciales “peligros” para el estado como para dedicarse a hacer inteligencia.
Las llamadas unidades de inteligencia del ejército parecen estar planeando más bien como siguen su alianza con delincuentes para planear nuevos falsos positivos porque el estado no concibe otra forma de localizar a los capos y jefes guerrilleros que ofrecer recompensas.
Lo anterior deja a las claras una verdad irrebatible: en Colombia la única “inteligencia” al servicio de las fuerzas de seguridad son “los sapos”.
Ahora si que de verdad le apuntan a la inteligencia, la de los estudiantes. Recetas como la de incluir a mil estudiantes de Medellín en el programa de cooperantes, que buscan frenar cifras como la de los 1.432 homicidios que se registraron el año pasado en esa ciudad, lo que hacen es echar más leña a la hoguera.
Según el director de la Policía, general Óscar Naranjo: "En el caso de Medellín, cerca del 60 por ciento de las víctimas de homicidios son jóvenes menores de 30 años y el 36 por ciento de éstos no superan los 25 años”. Pero la medida anunciada por Uribe, en lugar de sacar a los jóvenes del conflicto los involucra como actores, los pone en la mira de los asesinos, ahora son “sapos”, son “soplones”, son “torcíos”.
No olvidemos que muchos campesinos, labriegos y hasta un grupo de indígenas awa´a ha sido asesinado por la guerrilla por que dejó de verlos como fuerza neutral: se volvieron informantes del ejército. A los estudiantes no se les puede quitar ese viso de neutralidad ni ante los actores del conflicto colombiano ni ante el crimen asociado o no asociado. Hacerlo es meter en las aulas la amenaza del espionaje, de la grabación de evidencias, de la persecución que puede, incluso, ser mal usada.
Uribe se aprovecha de la necesidad de los jóvenes, la mayoría de los cuales apenas tienen para una gaseosa en la universidad, para tentarlos con una oferta económica pero a muy alto costo: el de sus propias vidas.
En Medellín, ciudad que sería piloto para implementar el programa, se han producido los más sonados escándalos de altos mandos militares y jefes de fiscalías (caso Valencia Cossio), puestos al servicio de las bandas sicariales y de mafiosos.
En un pestañar la “Oficina de Envigado” tendría la lista de estudiantes informantes en sus gavetas y en sus listas de “trabajitos por cumplir”.
Medidas tan desesperadas lo que hacen es evidenciar el fracaso de la política de Seguridad Democrática del gobierno uribista.
La inseguridad no se ha mejorado, por lo contario se ha acentuado al pasar de los campos despoblados a la densa y atiborrada ciudad. Los hacendados y ganaderos hoy pueden viajar en sus camperos y burbujas con más seguridad a sus fincas pero el ciudadano del común ya no puede madrugar al mercado por que lo atracan, el estudiante de barrio ya no puede calzar un tenis vistoso porque eso le puede costar la vida. Se ha reducido el número de secuestros de ricos industriales y hacendados, pero cientos de jóvenes desaparecen de sus casas y luego son registrados como subversivos “dados de baja en combate”. Ahora los secuestrados los ponemos los pobres.
En Colombia, la inseguridad, como el amor, parece que no se acaba, solo cambia de lugar y de sujetos.
Las justas reacciones, ante la propuesta de convertir a los estudiantes en informantes pagados por las fuerzas de seguridad no se hicieron esperar. El representante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, el guajiro Guillermo Baquero, rechazó la creación de un grupo de estudiantes informantes, pues consideró que es una "vulneración a los derechos de éstos, porque pone en grave riesgo sus vidas".
Vale la pena recordar que Baquero fue aquel estudiante que se atrevió a controvertir al “incontrovertible” presidente Uribe en un evento en Cartagena. Al día siguiente ya la Ministra de Educación había indagado toda la historia de Baquero, Juan Gossaín lo entrevistaba para restregarle que había hecho parte de las Juventudes Comunistas y preguntarle si simpatizaba con las FARC.
La comunidad académica, las organizaciones de estudiantes, docentes y padres de familia están llamados a expresarse contra tales medidas que lejos de afrontar la angustiosa situación de violencia en las ciudades, la agudiza. Si algo le he reconocido al presidente Uribe es su capacidad para mantener convencido a más del 70% del país que ha sido un buen presidente, sin serlo. Colombia, bajo el mandato de Uribe, es el país de las maravillas.
Ahora tengo que reconocer, que contrario a lo que harían los genios del relato maravilloso como Lewis Carroll, Andersen, Perrault o los hermanos Grimm; Uribe ha logrado que en Colombia los príncipes no se conviertan en sapos sino que los sapos sean convertidos en príncipes.
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