La mermelada o desarrollo regional

Escrito por: HERNAN BAQUERO BRACHO

La Procuradora delegada ante la contratación Estatal, María Eugenia Carreño, lo ha expresado a través de diferentes medios que lo que en la actualidad se conoce como la mermelada es buena y no es ilegal. 

Y ha dicho que es buena, siempre y cuando los recursos que son utilizados a través de las asignaciones presupuestales que se dan a Senadores y representantes para solucionar problemas en las regiones sean bien utilizados. "No es anormal este tema de los cupos indicativos, yo creo que ojalá todos los congresistas pudieran beneficiar a sus regiones", sostuvo. Para la procuradora delegada, lo que "es ilegal es que los recursos de los municipios se presten para una contratación indebida, excesiva, innecesaria. 

Ese es el aspecto que se nos ha informado y esas son las indagaciones que estamos haciendo de rigor".

Acotaba la alta funcionaria del Ministerio Público, pero en cambio también señalaba que si esa “mermelada” era mal usada en obras mal hechas entonces era mala y nociva para el país. El ex presidente Uribe Vélez en sus dos administraciones despotricaba de los políticos pero se servía de ellos para gobernar, el presidente Santos le devolvió ese poder que había perdido la política en el desarrollo de sus funciones constitucionales como legisladores de nuestra patria querida. 

El problema es de fondo y tiene que ver con el “modelo económico” que rige en el país. Ese “modelo económico” en la época de Uribe fue autoritario y de corte caudillista, en el de este gobierno ha sido de tipo democrático y de corte de estadista. He ahí la gran diferencia entre dos gobiernos. Uno de tipo ultraderechista y el otro de corte liberal de centro derecha. Por ello los dos gobiernos son incompatibles a la hora de hacer balances, como en el argot popular son como el agua y el aceite. 

El término “Mermelada”  se ha convertido en el nuevo vocablo de los colombianos.

El ex presidente Uribe Vélez y hoy senador de la República  ha sido uno de los más encolerizados opositores del gobierno Santos y las diatribas que lanza a diario, son en la mayoría de los casos por cuenta de la bendita mermelada y todo su Centro Democrático, así como prestigiosos columnistas de la prensa Nacional y Regional se han ido lance en ristre contra el termino de moda: “La mermelada”. Hasta el suscrito en diferentes columnas de opinión, también ha criticado la famosa mermelada.  

Pero ¿La mermelada es dadiva del Presidente Santos a los Congresistas de la Unidad Nacional o más bien son partidas entregadas a los diferentes legisladores para solucionar el subdesarrollo alarmante que se presenta en la provincia colombiana y en otras partes que sin ser provincias, también adolecen del tan anhelado desarrollo?.

A los Congresistas lo que le exigen hoy, son soluciones a Necesidades Básicas Insatisfechas, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a la construcción de parques de recreación, a reactivar las vías terciarias que se encuentran en las peores condiciones y pare de contar,  ya las comunidades no les exigen leyes en la mayoría de los casos, sino obras para solucionar el subdesarrollo alarmante en que viven. 

Por ello el presidente Santos buscando la equidad entre el ejecutivo y el legislativo, ha dispuesto la asignación de partidas presupuestales para generar obras en las diferentes regiones del país.

Esta es una realidad de apuño. En la mayoría de los municipios de la Región Caribe, los elementos claves del desarrollo no existen. ¿Pero qué sucede con los planes de desarrollo en lo departamental y en lo municipal? 

Han estado de espaldas a la realidad en la mayoría de los casos. ¿Qué sucede con los presupuestos de los municipios? Que en la mayoría no se ejecutan como debe ser. Los mandatarios elegidos por el voto popular, administran a sus municipios en una sola vía y no en todas las direcciones. 

Es decir gobiernan para quienes los eligieron y no para la comunidad en general y es cuando se generan todas estas inconsistencias y falencias en el desarrollo de los municipios y en una mejor calidad de vida de todos sus habitantes.

Entonces el mayor porcentaje de la comunidad y de estos municipios comienzan a pedirle y a exigirles obras a los senadores y parlamentarios para que ellos suplan lo que los mandatarios departamentales y municipales no ejecutan o no quieren hacer, o se convierten en grandes ayudas de mandatarios municipales y departamentales que con tal de dejar obras, encuentran en senadores y representantes apoyos importantes en estas asignaciones que se inyectan a los presupuestos departamentales o municipales para dar soluciones a tantas necesidades insatisfechas, sobre todo en la provincia. 

El mejor ejemplo de lo que comúnmente se conoce como mermelada que ha sido invertido de manera correcta es en el municipio de Sahagún, en el departamento de Córdoba, liderado por el senador Bernardo Elías Vidal. El que quiera comprobarlo puede visitar la transformación que sufrió este bello municipio, gracias a las buenas gestiones de su hijo, que le dio un viraje de 180° al municipio cordobés.   Con esto queda demostrado que la tal mermelada ha servido es para el desarrollo regional donde se inviertan de manera planificada, ordenada y bien ejecutadas.

La impunidad según Álvaro Uribe

Escrito por:  Abel Medina Sierra 

La agenda política de Álvaro Uribe es inequívoca y todas sus posturas, declaraciones y acciones apuntan a la certeza que la única opción del volver a manejar los hilos absolutistas del poder es que fracase el proceso de paz y que la mayoría de colombianos acuda, de nuevo, a la radical y dolorosa opción de la guerra fratricida para derrotar a la insurgencia armada. 

En esa obsesión por el poder, trata por todos los medios, de crear ante la esfera pública, una imagen del “Gran Justiciero”, el paladín del rigor punitivo, el gran abanderado de la severidad inexorable del Estado, el único gobernante capaz de someter a la cárcel a quien trasgrede el orden jurídico. Uribe y todos los turiferarios, Procurador incluido, buscan con afán ganar popularidad configurando un imaginario de “Tolerancia Cero” ante los delitos cometidos por las Farc. 

Lo peor es que muchos les creen el cuento y no son capaces de mirar, tras esa imagen, la impostura. Uribe se muestra inflexible frente a un proceso de paz que no termine con cárcel para los guerrilleros, que la merecen pero que no están sentados ahí porque han sido derrotados en la guerra sino porque entendieron que ni ellos ni el Estado, en más de 60 años, han dado muestras de estar ganando la guerra. Pide cárcel para los guerrilleros, para los defensores de derechos humanos afectos al proceso de paz, para políticos que como Piedad Córdoba e Iván Cepeda median con la insurgencia. 

Que alguien se obsesione con el cabal y estricto sometimiento a la justicia no es malo, es plausible. Pero que lo haga Uribe no es sino una incoherencia de quien, lejos de ser un ejemplo de aplicación de la ley, es un paradigma de la impunidad. 

 El mismo Álvaro Uribe Vélez que pide que de la Habana salgan con las esposas en las manos los jefes de las Farc es el mismo que hizo una excarcelación masiva y unilateral de 150 guerrilleros durante su gobierno. El mismo Uribe que hoy se arroga el derecho de defender la justicia punitiva es el mismo que dejó en libertad miles de combatientes de la organización paramilitar que masacró a miles de colombianos y con cuales se nutrieron cuanta banda criminal existe: Urabeños, Usuga, Rastrojos, Gaitanistas, Paisas, entre otras. 

El estandarte de la justicia es el mismo que justificó a Andrés Felipe Arias ante el escándalo de Agro Ingreso Seguro y llegó a decir que lo que hizo Arias estaba bien pues había que subsidiar a los ricos terratenientes para que los pobres tuvieren chamba. Recordemos que igualmente defendió a de Jorge Noguera, condenado a 25 años por haber convertido al DAS en un organismo al servicio del paramilitarismo. 

Es el mismo ex gobernante que gestionó ante su amigo el ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que le concediera asilo a María del Pilar Hurtado, la que hizo del DAS la policía personal del Uribe y una institución de delincuencia. Como “Injusta pena” calificó Uribe la condena de “La Coneja” al enterarse del fallo condenatorio de la Corte Suprema, olvidándose de su defensa de cárcel para los delincuentes, lo que pasa es que esos son “sus” delincuentes. 

El gran justiciero es el mismo que sin el mínimo respeto a la rama judicial y a la independencia de poderes, falla y absuelve a todo el que hizo parte de su nefasto gobierno. Sabas Pretel y Diego Palacios, dos de sus más cercanos funcionarios, pese a haberse demostrado que “compraron” con cargos burocráticos la aprobación de la re-elección para su jefe ante los congresistas, han sido absueltos por Uribe aunque condenados por la Corte Suprema. 

Lo mismo ocurre con los miembros de la campaña de Oscar Iván Zuluaga y aún el mismo ex candidato, enlodados hasta los tuétanos en el sonado caso del hacker Sepúlveda con video incluido pero que para quienes Uribe no pide cárcel por saboteo al proceso de paz y a la campaña de Santos sino impunidad por ser “mansas palomas”. “Persecución política” es la excusa de Uribe para defender lo indefendible. 

Tampoco se acuerda de cuestionar la impunidad en el caso de su primo Mario Uribe y su hermano Santiago, los dos acusados e investigados por conformación de grupos paramilitares. Que el mismo Uribe no esté tras las rejas con su cadena de “torcidos” es una afrenta a la justicia y un premio a la impunidad gracias a la llamada “Comisión de absoluciones de la Cámara de Representantes”. 

 Pero la joya de la corona es la más reciente agenda iniciativa de promover una ley para que los militares, cometan el delito que cometen, solo puedan pagar hasta cinco años de cárcel. Mejor dicho, con licencia para seguir con los falsos positivos. ¿No es esa una ley de impunidad? Por lo menos yo no le creo a Uribe su bandera de aparente guardián de la justicia. ¿Usted si le cree?  

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Juan Manuel Santos: marcando territorio

Por: Amylkar D. Acosta M

“Crecer para incluir e icluir para crecer”
Michelle Bachelet

Santos se desmarca

Desde sus primeros escarceos, en el transcurso de la segunda vuelta de la elección presidencial Juan Manuel Santos empezó a desmarcarse, más que del Presidente Uribe, de la administración Uribe, al imprimirle su propia impronta a su programa de gobierno. Su propuesta de un gobierno incluyente, de unidad nacional, contrasta con el actual, caracterizado por la confrontación y la pugnacidad. Y lo reafirmó en su discurso de proclamación el domingo 30, después de alcanzar una resonante victoria que no por previsible fue menos sorprendente, dada la elevada votación alcanzada, de más de 9 millones de sufragios y el amplio margen con respecto a su contendor, el profesor Mockus, que superó el 40%.

Después de haber obtenido el 46.6% de la votación en primera vuelta, esta vez logró alcanzar el 69.06% de la misma; ello, sumado a la amplia y variopinta coalición que lo respaldó, le da una robusta base de apoyo para su gestión como Presidente de la República.

Varios son los aspectos a destacar de su discurso a la Nación el pasado domingo. Fue enfático cuando afirmó que con él se había elegido “una forma de concebir la democracia”, para luego dejar en claro que “el reloj de la historia hoy marca una nueva hora, llegó la hora de la unidad nacional. Llegó la hora de la concordia entre los colombianos, de trabajar juntos por la prosperidad de Colombia". Y fue mucho más lejos cuando invitó a que “demos vuelta a la página de odios, demos vuelta a la página de las divisiones inútiles…mi gobierno buscará recuperar el equilibrio y la armonía entre los poderes públicos”.

Y fue reiterativo en su exhortación a desarmar los espíritus, “no más confrontaciones inútiles, no más divisiones” puntualizó Santos. Según él mismo, va a entenderse “con la institucionalidad de los partidos, no con el clientelismo” para trabajar “ por una democracia moderna, fuerte, con partidos sólidos y representativos, ya sea para apoyar la obra de gobierno o para hacer una oposición constructiva”. No cabe duda de que en estas expresiones se ponen de manifiesto otro tono y otra tónica, acompañados de un cambio de estilo y otro talante muy distinto del que ha prevalecido en los últimos años en la Casa de Nariño.

Y de alguna manera es también una reivindicación de la institucionalidad, tan venida a menos durante el gobierno que termina. Ello ha dado pié para que incluso se especule sobre un virtual distanciamiento de Santos y Uribe. El columnista Ernesto Yamhure se pone en guardia contra tal eventualidad, que él no duda en calificar como traición de parte de Santos, acotando sin mucha convicción pero con demasiada aprensión que no cree “que él se preste para una miserable jugada” . Y para disipar dudas él considera que Santos debe aferrarse a lo que él denomina “entramado ideológico que conocemos como uribismo” para lo cual, según él, “tendrá que mantener la vigencia del discurso uribista” . Y este, como ya lo hemos reseñado es muy diferente del santista; por ello, estoy más de acuerdo con Yamhure cuando afirma que “Juan Manuel es el dueño de su destino; está en sus manos la administración del mismo” .

Punto y aparte

Y así lo ha entendido Santos, pues desde el mismo día en el que fue electo a dado pasos en los que se denota su autonomía de vuelo y con los que se ha encargado de marcar territorio. Su cita con las altas cortes una semana después que estas le habían dado el portazo al Presidente Uribe a raiz de sus declaraciones destempladas en contra de la rama de la Justicia dejá mucho qué pensar. Sus anuncios de que él restablecerá los ministerios de ambiente, justicia y salud subsumidos por el actual gobierno, suena más a enmendadura de plana que a acto de fé en el “entramado idelógico que conocemos como uribismo”.

Lo propio podemos decir con respecto a la integración de su equipo de gobierno, si nos atenemos a las primeras designaciones, en las que brillan por su ausencia los más caracterizados exponentes del uribismo ultramontano. Bien dice la columnista Natalia Springer que “si Juan Manuel Santos quiere unidad y un efectivo desmonte de la polarización que amenaza sus posibilidades de gobernar, tendrá que apostarle en serio a compartir el poder al costo de romper con Uribe -que no se lo va a perdonar-, más temprano que tarde.

La alternativa es, por supuesto, movilizar todo su poder para aplastar tanto a la oposición como a la justicia, que por todas partes revienta con escándalos imposibles de ocultar -'Yidispolítica', 'parapolítica', 'chuzadas', Agro Ingreso Seguro, zonas francas, los 'doce apóstoles', corrupción, tierras-, dedicarle su gobierno a cuidarle los huevos a su predecesor y terminar aislado internacionalmente y cercado por una oposición creciente y de amplio espectro, cuyo peso no está en el número de votos que aporta, sino en su valía moral. Santos, tarde o temprano, tendrá que escoger entre defender a Uribe y gobernar, y mi apuesta es que preferirá lo segundo” .

En este orden de ideas resultan muy interesantes las declaraciones tanto del Presidente electo como del designado Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, con respecto a los planes de privatización que traía el gobierno saliente. Al preguntársele si estaba dispuesto a vender la participación de la Nación en ISAGEN y ECOPETROL, Santos fue tajante al responder que “no es sano para una economía vender activos que son muy productivos que son muy productivos: simple y llanamente para tapar un hueco fiscal, porque se tapa una sola vez y después vuelve y se repite y se queda uno sin el pan y sin el queso” .

En ello coincide con Pardo, Petro y Vargas y no es para menos, pues como afirman los ingleses uno no puede comerse un pastel y al mismo tiempo tenerlo. Con mucha razón sostiene Echeverry con respecto a la posibilidad de tales enajenaciones que “no es bueno vender la nevera para comprar mercado, de manera que no hay una urgencia para hacerlo” .

Él confía en que “con las proyecciones, por ejemplo del aumento de regalías y una serie de reformas que vamos a hacer, no va a haber necesidad de una reforma tributaria” , descartándola de plano como alternativa para financiar el abultado déficit que heredará la nueva administración de la actual. Ya anunció que “Hay que reformar las regalías, hay que reformar la salud, hay que hacer un plan de choque de empleo con una ley de formalización y hay un cúmulo de reformas” . Cómo piensa Santos, en principio, enjugar el actual déficit? Estas son sus palabras: “estimamos que el tema minero, incluyendo regalías, puede aportar cerca de 2% del PIB; la formalización, 0.8%; la reducción de las exenciones, 0.3%; el incremento del recaudo, 0.6% y las mejoras en eficiencia, 0.4%” .

La regla fiscal al orden del día

Colombia está empezando a vivir un nuevo boom de la minería y el petróleo, de hecho en los últimos años más del 90% de la afluencia de inversión extranjera directa (IED) se ha orientado a tales desarrollos aupados por la gran voracidad de China y la India, las dos nuevas locomotoras de la economía global. Se habla de más de US$42.000 millones de dólares de inversión en dicho sector de aquí al 2015, lo cual le plantea un enorme reto al país, pues su monetización puede causar serios traumatismos de contraerse la enfermedad holandesa.

De allí la necesidad de restablecer mecanismos como el que enhorabuena se estableció en el país en 1995 , pero que posteriormente se ferió desatentadamente en víspera del coletazo de la gran crisis global enredando su manejo. Se trata de congelar parte de los recursos proveniente de la bonanza de precios del carbón, petróleo y níquel, en dólares o en euros, fundamentalmente con la doble finalidad de ahorrar en la época de las vacas gordas y disponer de tales recursos en la época de las vacas flacas para poder hacer política fiscal contracíclica, al tiempo que se evitaría de esta manera una presión adicional sobre la tasa de cambio que tanto daño hace a los demás sectores exportadores. Así lo han hecho Noruega y Chile, con mucho éxito.

Este Fondo sería parte integral de la propuesta Regla Fiscal, que busca básicamente obtener un superávit primario del 1.5% del PIB como mecanismo de estabilización fiscal, fórmula esta que cuenta con un gran consenso en el país. Este, entre otras cosas, es uno de los prerrequisitos para que la economía colombiana recobre la calificación Grado de Inversión de su deuda soberana que perdió hace más de una década.

Y este no es un asunto de poca monta, pues, como lo afirma la revista Dinero “en el mundo de hoy, el Grado de Inversión es un estándar para quienes aspiran a mantenerse en la mira de los inversionistas internacionales…En tanto no tenga grado de inversión, Colombia estaría en un alto riesgo de un cierre de crédito” .

Como si esto fuera poco, “el grado de calificación determina el costo del financiamiento del gobierno…El costo del capital en países con Grado de Inversión es menor y esto se constituye en una variable crítica para las empresas que necesitan competir con rivales extranjeros” . Tal vez el mayor obstáculo para lograr este cometido ha sido el desbarajuste fiscal; de modo que sin disciplina fiscal no vamos a ningún Pereira.

Ajuste a las regalías

En concepto de Juan Carlos Echeverry, "con el boom minero y la bonanza que se espera que pueda venir en los próximos años, las regalías van a aumentar de manera sustancial, de manera que hay que cambiarle la gobernabilidad a esas regalías y esparcirlas en todo el territorio nacional y no sólo focalizarlas en ciertos sitios, además de darle un enfoque regional a ciertos proyectos que se necesitan para que el país crezca" .

Santos y su equipo económico tienen en la mira las regalías; a juicio de Echeverry “con el boom minero, la bonanza que se espera que pueda venir en los próximos años, las regalías van a aumentar de manera substancial, de manera que hay que cambiarle la gobernabilidad a esas regalías y esparcirlas en todo el territorio nacional y no sólo focalizarlas en ciertos sitios y además darle un enfoque regional a ciertos proyectos que se necesitan para que el país crezca, además de salud, educación” .

No es claro todavía lo que se pretende hacer en esta materia, pues no se distingue entre las regalías directas que reciben por derecho propio los departamentos y municipios productores y portuarios - las cuales pasarán de $6 billones que recibirán este año a $12 billones hacia el 2014, de 1 a 2 puntos largos del PIB - y las regalías indirectas que nutren el Fondo Nacional de Regalías (FNR) que administra el DNP. Sólo se ha adelantado que se pretende “cambiar sustancialmente su uso, su aplicación, su decisión, su gobierno sobre dónde, cómo, para quién, entre otros, eso es lo que se va a modificar y eso requiere una reforma muy profunda” .

Este es un asunto muy sensible, que amerita una cirugía mayor para frenar el desperdicio, dilapidación y defraudación de tales recursos, ganando en eficiencia, eficacia y transparencia en la ejecución de los mismos, sin desmedro del interés regional, y, por lo tanto, se debe manejar con guantes quirúrgicos.

Las cinco locomotoras

Pero, definitivamente, la mayor apuesta del gobierno de Santos será por elevar el ritmo de crecimiento de la economía hasta alcanzar niveles superiores al 5.5% y, lo que es más importante, garantizar su sostenibilidad. De ello dependerá en gran medida alcanzar la meta de bajar la tasa de desempleo a un solo dígito, por debajo del 9% en 2014 y del 6% en 2020 . Nos ha sorprendido gratamente Echeverry con su categórica afirmación en el sentido de que “los economistas siempre pensamos que cambiando una tasa de parafiscales y entonces todos estas actividades van al otro día a formalizarse. Yo ya he dejado de creer en eso.

Creo que el neoliberalismo ha muerto” . Se prevé, en cambio, combinar la cuestionada deducción del impuesto de renta sobre nuevas inversiones en activos con la deducción sobre el incremento de la nómina de trabajadores formales , como lo recomiendan Botero y Cavallo .

También dependerán del ritmo de crecimiento los ingresos fiscales que perciba el gobierno; si tales expectativas de crecimiento no se cumplen se complica el panorama fiscal ya de por sí preocupante. El ex ministro de Hacienda Guillermo Perry sostiene que “el crecimiento pasado no resolvió el problema fiscal” , pero olvida él que la razón de ello fue la proliferación de gabelas decretadas a favor del gran capital, cuyo monto sobrepasó los $26 billones entre 2003 y 2008; en el sólo 2009 le significaron al fisco $8 billones. Entonces, que no busquen el ahogado aguas arriba que por allá no lo van a encontrar.

Para impulsar la economía la administración Santos se apoyará en lo que en su programa se catalogan como los cinco sectores locomotoras , son ellos la infraestructura, el agro, la vivienda, la innovación y la minería, en su orden.

Es bien sabido que Colombia tiene un enorme rezago en materia de infraestructura (dobles y triples calzadas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, navegabilidad de los ríos y comunicaciones), de modo que con la inversión en esta se matan dos pájaros con un solo tiro: se dinamiza el crecimiento de la economía, la cual apareja una gran generación de empleo, al tiempo que se subsana este cuello de botella para avanzar en productividad y por ende en competitividad. La Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad de la cual ya se dispone es el reto que deberá enfrentar sobre todo el nuevo Ministro de Transporte ya designado Germán Cardona.

En cuanto al sector agrícola el reto es aún mayor, habida cuenta de su prolongado estancamiento; según las cifras que acaba de revelar el DANE, no obstante que el PIB en su conjunto muestra un alentador repunte en el I semestre de este año, con un crecimiento del 4.4%, especialmente jalonado por el crecimiento de la construcción (15.9%) y la minería (13.2%), el único sector que tuvo crecimiento negativo (-1.3%) fue la alicaída agricultura. La agroenergía vinculada al desarrollo de los biocombustibles, junto con la producción de alimentos a gran escala, está llamada a reconvertir y dinamizar este sector hacia el futuro, para lo cual es fundamental contar con el apoyo del Estado.

El ejemplo de Brasil es paradigmático y digno de imitar: al tiempo que es la principal potencia exportadora de etanol es también el principal uno de los principales graneros del mundo. Hablando de vivienda, según los datos de CAMACOL hacen falta 1'500.000 unidades y se requiere mejorar otras 3'500.000. Construyendo entre 200 mil y 300 mil soluciones de vivienda se aspira además a generar 600 mil empleos directos anualmente, aproximadamente. Ya explicamos anteriormente lo importante que es la inversión en ciencia, tecnología e innovación (C + T + I), en lo cual estamos tan crudos, para la competitividad, requisito este sine qua non para la inserción exitosa de nuestra economía en la economía global . Ojalá que la C + T + I tenga mejor suerte en el gobierno de Santos que la que tuvo en los 8 largos años de Uribe.

Respecto al sector minero, lo único que tiene que hacer el gobierno entrante es velar por que este nuevo auge de la minería se dé en condiciones de seguridad y sostenibilidad ambiental, el sector privado se encargará del resto. Este es un sector que como ya lo vimos es muy atractivo para la inversión extranjera, dado el gran dinamismo del mercado de productos básicos; por ello, compartimos la idea esbozada por Santos de empezar por este sector el desmonte de las tan criticadas gabelas al gran capital, pues no las requieren.

Así expuestos los principales lineamientos de la política económica de Santos, es claro que se abren grandes expectativas sobre un mejor desempeño de la economía. Falta ver en que se traduce el Buen gobierno y la Tercera vía, que son los dos grandes paradigmas de Juan Manuel Santos.

Tan importante es crecer más como crecer mejor, en el sentido de que el crecimiento de la economía sea sostenible, vaya aparejado con mayor generación de empleo y que se repartan mejor los frutos de ese mayor crecimiento. Como lo acotó recientemente la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, hay que “crecer para incluir e incluir para crecer” .

Además de la inclusión y la equidad social, también deberá ser objeto de su preocupación la equidad regional. De hecho en su programa de gobierno acogió la propuesta de la región Caribe de crear “un Fondo de Compensación, que ayude a estas regiones a alcanzar a las del centro del país” y así cerrar la brecha que separa a este con las atrasadas y postergadas regiones periféricas del país. Por nuestra parte diremos con Joan Robinson que “es labor de los economistas, no decirle a las autoridades lo que deben hacer, pero sí mostrarles que lo que hacen está de acuerdo con los buenos principios”. Como dice el adagio popular del dicho al hecho hay mucho trecho y este último está plagado de incertidumbres que deberán ser sorteadas por el nuevo Presidente.

Toca abrir un compás de espera, para que este tenga la oportunidad de pasar de los anuncios a las realizaciones, advertidos como estamos que las palabras que no van seguida de los hechos son asesinas de los ideales y como dijo la Bachelet, refiriéndose a Latinoamérica, “han sido muchas las ilusiones rotas” y estas minan la confianza en los regímenes democráticos. Santos, como buen jugador de poker que es, ha dicho que él es “un tomador natural de riesgos” y este es uno de aquellos que demanda muchísima responsabilidad y tino.

Bogotá, junio 25 de 2010
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Colombia: el país de los sapos (Segunda parte)

Leer la Primera parte

Por: Abel Medina Sierra

El logro más publicitado de este programa fue incentivar al informante que entregó la localización del campamento de 'Raúl Reyes', abatido en un bombardeo de la llamada “Operación Fénix” el 2 de marzo del 2008. Julio César Rivera, un antiguo guerrillero ecuatoriano, quien hoy vive feliz en Estados Unidos con nuevo nombre y toda su familia recibió la recompensa más grande que se ha entregado hasta ahora en la historia del país: cinco mil millones de pesos (2.6 millones de dólares).

Otro de los “logros” del programa generó un gran debate en el país. En marzo del 2008 fue el sonado caso del guerrillero Pablo Montoya, alias "Rojas", quien asesinó a su jefe y al miembro del secretariado de las FARC Iván Ríos, para cobrar la recompensa de 5 millones de pesos, que ofreció el gobierno. “Rojas” llevó ante las autoridades su cheque y certificación de prestación de servicios: la mano derecha del líder guerrillero.

Las voces que cuestionaron esta abominable forma de “prestarle heroicos servicios a la patria” no se hicieron esperar.

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, José Gregorio Hernández Galindo, expresó que esto “contraría la Constitución colombiana y establecería de facto la pena de muerte en Colombia”.

Amparados en el programa de recompensas del gobierno y como en el salvaje Oeste americano, cualquier ciudadano puede dar muerte a quien se le haya puesto precio a su cabeza y presentar su cadáver o parte de éste.

No solo no recibirá ningún castigo por su crimen sino que se llevará la cantidad prometida y si quiere, ubicación en el exterior: visa libre a la impunidad, muchachos.

A estos dos grandes casos se suma la captura, en enero del 2008, de Gustavo Aníbal Giraldo, alias "Pablito" (hoy prófugo), quien fuera el principal jefe militar del ELN. Según informe de El Colombiano, “por estos casos, el Gobierno pagó cerca de 8.500 millones de pesos”.

Pero el país no debe preocuparse, plata es lo que hay para eso. Además, el DAS ha estado y está muy ocupado “chuzando” a políticos de la oposición, periodistas, miembros de las cortes o haciendo la lista de los sindicalistas que son potenciales “peligros” para el estado como para dedicarse a hacer inteligencia.

Las llamadas unidades de inteligencia del ejército parecen estar planeando más bien como siguen su alianza con delincuentes para planear nuevos falsos positivos porque el estado no concibe otra forma de localizar a los capos y jefes guerrilleros que ofrecer recompensas.

Lo anterior deja a las claras una verdad irrebatible: en Colombia la única “inteligencia” al servicio de las fuerzas de seguridad son “los sapos”.

Ahora si que de verdad le apuntan a la inteligencia, la de los estudiantes. Recetas como la de incluir a mil estudiantes de Medellín en el programa de cooperantes, que buscan frenar cifras como la de los 1.432 homicidios que se registraron el año pasado en esa ciudad, lo que hacen es echar más leña a la hoguera.

Según el director de la Policía, general Óscar Naranjo: "En el caso de Medellín, cerca del 60 por ciento de las víctimas de homicidios son jóvenes menores de 30 años y el 36 por ciento de éstos no superan los 25 años”. Pero la medida anunciada por Uribe, en lugar de sacar a los jóvenes del conflicto los involucra como actores, los pone en la mira de los asesinos, ahora son “sapos”, son “soplones”, son “torcíos”.

No olvidemos que muchos campesinos, labriegos y hasta un grupo de indígenas awa´a ha sido asesinado por la guerrilla por que dejó de verlos como fuerza neutral: se volvieron informantes del ejército. A los estudiantes no se les puede quitar ese viso de neutralidad ni ante los actores del conflicto colombiano ni ante el crimen asociado o no asociado. Hacerlo es meter en las aulas la amenaza del espionaje, de la grabación de evidencias, de la persecución que puede, incluso, ser mal usada.

Uribe se aprovecha de la necesidad de los jóvenes, la mayoría de los cuales apenas tienen para una gaseosa en la universidad, para tentarlos con una oferta económica pero a muy alto costo: el de sus propias vidas.

En Medellín, ciudad que sería piloto para implementar el programa, se han producido los más sonados escándalos de altos mandos militares y jefes de fiscalías (caso Valencia Cossio), puestos al servicio de las bandas sicariales y de mafiosos.

En un pestañar la “Oficina de Envigado” tendría la lista de estudiantes informantes en sus gavetas y en sus listas de “trabajitos por cumplir”.

Medidas tan desesperadas lo que hacen es evidenciar el fracaso de la política de Seguridad Democrática del gobierno uribista.

La inseguridad no se ha mejorado, por lo contario se ha acentuado al pasar de los campos despoblados a la densa y atiborrada ciudad. Los hacendados y ganaderos hoy pueden viajar en sus camperos y burbujas con más seguridad a sus fincas pero el ciudadano del común ya no puede madrugar al mercado por que lo atracan, el estudiante de barrio ya no puede calzar un tenis vistoso porque eso le puede costar la vida. Se ha reducido el número de secuestros de ricos industriales y hacendados, pero cientos de jóvenes desaparecen de sus casas y luego son registrados como subversivos “dados de baja en combate”. Ahora los secuestrados los ponemos los pobres.

En Colombia, la inseguridad, como el amor, parece que no se acaba, solo cambia de lugar y de sujetos.

Las justas reacciones, ante la propuesta de convertir a los estudiantes en informantes pagados por las fuerzas de seguridad no se hicieron esperar. El representante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, el guajiro Guillermo Baquero, rechazó la creación de un grupo de estudiantes informantes, pues consideró que es una "vulneración a los derechos de éstos, porque pone en grave riesgo sus vidas".

Vale la pena recordar que Baquero fue aquel estudiante que se atrevió a controvertir al “incontrovertible” presidente Uribe en un evento en Cartagena. Al día siguiente ya la Ministra de Educación había indagado toda la historia de Baquero, Juan Gossaín lo entrevistaba para restregarle que había hecho parte de las Juventudes Comunistas y preguntarle si simpatizaba con las FARC.

La comunidad académica, las organizaciones de estudiantes, docentes y padres de familia están llamados a expresarse contra tales medidas que lejos de afrontar la angustiosa situación de violencia en las ciudades, la agudiza. Si algo le he reconocido al presidente Uribe es su capacidad para mantener convencido a más del 70% del país que ha sido un buen presidente, sin serlo. Colombia, bajo el mandato de Uribe, es el país de las maravillas.

Ahora tengo que reconocer, que contrario a lo que harían los genios del relato maravilloso como Lewis Carroll, Andersen, Perrault o los hermanos Grimm; Uribe ha logrado que en Colombia los príncipes no se conviertan en sapos sino que los sapos sean convertidos en príncipes.


Leer la Primera parte

El ‘Estado de opinión’

¿Fase superior del Estado de Derecho o fase terminal de la ‘democracia delegativa’?

Por: Bernardo Ramírez del Valle
(Abogado, Politólogo y Periodista)

Gran revuelo político y académico causó en el país la novedosa tesis del “Estado de opinión” presentada oficialmente por el Presidente Álvaro Uribe Vélez en su discurso de instalación del Congreso de la República el 20 de julio del 2009, y reafirmada recientemente por el Procurador General de la Nación en el concepto de viabilidad jurídica y política del referendo para la reelección presidencial. Según esta idea, “Colombia goza de un Estado de opinión que es la fase superior y característica por excelencia del Estado de Derecho (…) resultado del proceso histórico de cesión de derechos de la autocracia al pueblo”. Según el Presidente Uribe, el Estado de opinión consiste en “la libertad del ciudadano y del Gobierno frente a los medios (...); es el equilibrio entre el obligatorio cumplimiento de las sentencias de los jueces y la libertad de controvertirlas y la fuente del principio de debate a las decisiones legislativas sin penalizarlas”.

Si bien esta inadvertida y peregrina tesis comenzó a ser esbozada por el mandatario colombiano y su asesor José Obdulio Gaviria desde el mes de octubre del año 2008, cuando presentó al Congreso el proyecto de ley del referendo, sólo hasta su presentación oficial, el 20 de julio de ese año, fue tomada en serio por los partidos políticos de oposición y por el mundo académico del país, ante las implicaciones que pueda tener como resultado de un eventual fracaso de ese mecanismo reformatorio de la Constitución, que daría al traste con la segunda reelección presidencial.

Estado de opinión y Estado comunitario

Los fundamentos filosóficos de esta teoría política uribista, hay que encontrarlos en la ‘teoría comunitaria de gobierno’ que se abrió paso entre finales de los años noventa del siglo XX y comienzos del siglo XXI, como resultado del papel protagónico que asumió la sociedad civil en el control del poder público del Estado (situación que hace ver más borrosa la distinción entre “lo público” y “lo privado”).

Esta teoría critica abiertamente las tradicionales visiones de la participación ciudadana en la gestión estatal y propone formas alternativas realmente novedosas, con nuevas formas de participación comunitaria en áreas antes vedadas a la acción ciudadana, tales como las relacionadas con el control y la fiscalización de la gestión de “lo público”.

Es una propuesta que pretende transformar la participación ciudadana meramente “electoral” en una participación ciudadana “decisional y fiscalizadora”, sobre el supuesto de que son las propias comunidades las que conocen sus problemas e intereses y si se les apoya técnicamente tienen la capacidad de proponer, resolver, ejecutar y controlar las acciones de interés común que realizan sus autoridades locales, regionales y nacionales.

Se considera que esta “entrega” a las comunidades del “poder decisional y fiscalizador” del Estado, constituye hoy el fundamento de legitimidad moral sobre el que descansa la democracia moderna (Kohen, 1996. p. 15). Es también un modelo que supone que el ciudadano contribuye de manera permanente a determinar las prioridades del accionar del Estado, a definir las respuestas a las demandas sociales y a tener un grado de influencia e intervención respecto de las modalidades de satisfacción de las necesidades públicas.

Igualmente se fundamenta en el concepto de “justicia comunitaria” porque entiende la “participación” como un derecho soberano del ciudadano y no como una mera concesión de la autoridad en el marco de un proceso constante de construcción/recuperación de un poder ciudadano eficaz dentro de la sociedad civil (Cox, 1995, p. 23). En el caso concreto del modelo de ‘Estado comunitario’ de Uribe, José Obdulio Gaviria lo define como un gobierno en contacto permanente con la ciudadanía. “Sus dos principales herramientas son los consejos comunales de Gobierno y un contacto directo con el pueblo a través de los mecanismos de participación, no necesariamente mediados por los partidos, aunque no los excluye” (El Tiempo, Feb. 22, 1999).

Mass medias y opinión pública

La idea de un Estado regulado por el poder que genera la opinión pública en las sociedades de hoy, especialmente en los sistemas de gobiernos presidencialistas como el nuestro, con un poder público subordinado a un nuevo tipo de soberanía popular, es la que se encuentra en la base de la propuesta uribista del ‘Estado de opinión’. Pero es un poder difuso, que antes que residir en la población que opina, se anida en los distintos medios de comunicación que la permean e influyen, los que desde el siglo XIX han venido revolucionando al mundo contemporáneo. La primera ‘revolución mediática’ se produjo con la invención del lenguaje, en los inicios mismos de la civilización humana.

Luego sucedieron otras: la invención de la escritura y de la imprenta. Empero, la verdadera revolución mediática fue la que se desarrolló en el siglo XX, con la invención de la radiodifusión radial y televisiva, y luego de la Internet. En este contexto, se considera que fue la telegrafía el primer medio de comunicación verdaderamente moderno, seguida por la telefonía, la radio, la televisión, la transmisión por cable y satélite, y, finalmente (hasta ahora), la Internet.

En los últimos cien años, estos medios de comunicación masiva han generado una “sociedad de saberes compartidos” o “sociedad del conocimiento” cada vez más globalizada e interactuante. En lo político, los mass-media han generado la creación de toda clase de tecnologías informáticas, que han permitido la expansión masiva del lenguaje político y de las ideas políticas, facilitando la construcción de consensos sociales y la reproducción del discurso político. Raboy y Solervincens consideran que cada nueva generación de medios de comunicación ha traído consigo su carga de utopías y de creación de espacios públicos de interacción participativa entre ciudadanos informados que hacen uso de su derecho a la palabra:

“Todo medio de comunicación nuevo constituye al mismo tiempo el punto de disputas entre lógicas societales en competencia del Estado, del mercado y de la sociedad civil (…) Las reflexiones sobre los medios de comunicación se centran tradicionalmente en la capacidad de las instituciones mediáticas y de las tecnologías de comunicación de desempeñar un papel en la democratización de las sociedades, en la creación de una esfera pública a través de la cual las personas pudieran participar en asuntos cívicos, en el realce de la identidad nacional y cultural, en la promoción de la expresión y el diálogo creativos” (Raboy y Solervincens, 2007).

Es evidente que la revolución mediática del siglo XX introdujo sustanciales transformaciones en las tradicionales formas de relacionamiento político entre gobernantes y gobernados. Saperas considera que los medias (en tanto comunicación pública), determinan las formas de orientación de la atención pública, la agenda de temas predominantes que reclaman dicha atención y su discusión pública posterior, la jerarquización de la relevancia de dichos temas y la capacidad de discriminación temática que manifiestan los individuos (Saperas, 1987, p. 87). En este sentido, los medios de comunicación masivos y, en particular, la televisión en cuanto medio de comunicación hegemónico, serían los responsables, en las democracias actuales –como lo afirma Sartori–, de la formación de la “opinión pública”, pues influyen en la atención que el público otorga a ciertos temas que son considerados de “interés colectivo” (Sartori, 1992, p. 125).

La opinión pública determina a la vez, en gran extensión y a través de sus demandas, la agenda de actividades de los dirigentes políticos y de los gobernantes en todos los niveles. Por eso Sartori considera que estamos en una sociedad “teledirigida” pues “los políticos cada vez tienen menos relación con acontecimientos genuinos y cada vez se relacionan más con acontecimientos mediáticos, es decir, acontecimientos seleccionados por la video-visibilidad, que después son agrandados o distorsionados por la cámara (por lo que) la denominada “voz del pueblo” es en gran medida la “voz de los media” sobre el pueblo” (Ibíd., p. 126).

Con el advenimiento de la globalización, es cada vez mayor la influencia de los medios de comunicación masivos en el direccionamiento de las políticas de los Estados, que tienden también a universalizarse a través de “modelos” de gestión que manejan un lenguaje común, que muchas veces son “copiados” o “imitados” del ámbito internacional.

Alcances de la tesis uribista

En principio, la tesis uribista del “Estado de opinión”, en su concepción dahliana de “democracia perfecta” o poliárquica, no representaría peligro alguno para nuestro sistema político liberal decimonónico (común a los países del hemisferio occidental), basado en la división tripartita del poder público (frenos y contrapesos) y en el principio de legalidad (Estado de Derecho), sino fuera porque tanto regímenes políticos de derecha (el de Uribe), como de izquierda (Chávez, Correa, Ortega y Morales) han pretendido fincar en ella su permanencia indefinida en el poder, lo que significaría dar continuidad a un tipo de democracia representativa que el politólogo argentino Guillermo O’Donnell llamó “delegativa”, caracterizada por una débil institucionalidad donde el poder ejecutivo se encuentra muy centralizado y subordina a los demás poderes (O’Donnell, 2007).

Se trata de regímenes formalmente democráticos, con elecciones periódicas más o menos imparciales y generalmente frecuentes, pero que en determinados momentos de su evolución adquieren un fuerte sesgo autoritario como consecuencia de alguna crisis económica, social o política que los afectan, que impulsan a los electores a “delegar” ciegamente en la autoridad elegida el ejercicio arbitrario, personalizado y discrecional del poder ejecutivo, anulando, en la práctica, el sistema de pesos y contrapesos contenido en la división y separación de los poderes públicos y marginando a los ciudadanos de los procesos políticos decisionales.

En realidad, antes que de “Estado de opinión” debe hablarse de “democracia de opinión” como fase superior de la ‘democracia delegativa’ de nuevo cuño, que favorece un presidencialismo caudillista, mesiánico y autoritario (de izquierda y de derecha) que reverdece en América Latina.

Una tesis peligrosa

Si bien la formulación de la tesis del “Estado de opinión” o, en nuestro concepto, de la “democracia de opinión” se produce en un escenario político nacional donde aparentemente se encuentran enfrentadas la opinión pública (favorable a la reelección de Uribe) con importantes sectores de la sociedad civil (partidos políticos, iglesia católica, industriales, etc.) que se oponen a ella, su imposición autoritaria conduciría a una verdadera “hecatombe” del sistema político nacional, organizado en derredor de una forma de Estado republicana, forma de gobierno democrática participativa, sistema de gobierno presidencialista y un régimen político de Estado de derecho. Se correría el peligro de que en adelante la Constitución política y las leyes se modifiquen a través de encuestas de opinión y el Congreso de la República sea reemplazado por el Centro Nacional de Consultoría u otras entidades encuestadoras privadas; que los fallos de los jueces y magistrados sean sometidos a la consideración de la opinión pública como tribunal popular de última instancia; que los partidos políticos sean reemplazados por noticieros y programas de opinión radiales y televisivos dado que –como bien lo señala el politólogo mexicano Pablo Espinosa Vera– en el mundo de hoy los medios masivos de comunicación permean y controlan todos los intersticios de la vida social “imponiendo sistemas de significación, códigos autoritarios y coercitivos y reglas del juego unilaterales siempre a favor de ‘emisores invisibles’ de dicho poder y siempre a favor del Príncipe” (Espinosa, 2005).

Un tipo de Estado como este, supone la transformación de la ‘soberanía popular’ en ‘soberanía massmediática’ y de la ‘democracia participativa’ en ‘democracia automática’.

Zelaya: el quiebre de la tesis

Pretender anteponer el “Estado de opinión” al “Estado de derecho” de un país como estrategia mediática para lograr un fin político (en este caso la reelección presidencial), es algo que rebasa la mera retórica académica politológica y cae en el campo de la pragmática política, pues implica, en la práctica, desconocer las reglas de juego político imperante en esa sociedad (régimen político) y exponerse a reacciones adversas desestabilizadoras del sistema de gobierno.

Fue lo que le sucedió al depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya al pretender desconocer por la vía de una inconstitucional consulta popular, la decisión del Congreso, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo Nacional Electoral de ese país de no permitir su reelección inmediata en el primer cargo de la república. El caso Zelaya se convierte así en un precedente importante en América Latina para quienes pretenden a toda costa subordinar el sagrado principio del Estado de Derecho a la profana, peregrina y oportunista tesis del “Estado de opinión”.


BIBLIOGRAFÍA

Kohen, Beatriz. Acciones de Defensa del Interés Público. Buenos Aires. En: Rev. Poder Ciudadano, Abril, 1996. p. 15.

Cox, Sebastián. Construcción de lo Público y Ampliación de Democracia: Nuevas dimensiones para la Ciudadanía. Sociedad Civil, Ciudadanías y Construcción de lo Público. Santiago de Chile: Serie Separatas Ciudadanías (FORJA - CEDAL - FLACSO – PIIE), 1995. p. 23.

Raboy, Marc y Solervincens, Marcelo. Los Medios de Comunicación. (en línea): http://www.vecam.org/article683.html (citado el 23 de mayo de 2007).

Saperas, Enric. Los efectos cognoscitivos de la comunicación de masas. Madrid: Ariel, 1987, p. 87.

Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Madrid: Editorial, 1992, p. 125

O’Donnell, Guillermo. ¿Delegative democracy? Notre Dame: The Helen Kellogg Institute for International Studies University of Notre Dame, 1992. En: www.pagina12.com.ar/duarui/dialogos/21-63632-2006-02-27.html (citado en 6 de octubre de 2007)

Espinosa Vera, Pablo. Los constructores de ‘significados últimos’. México: Instituto de Semiótica Política y Comunicación Pública (en línea), s.n., (2005). http://www.semioticapolitica.com (consultado el 12 de marzo de 2007).

Colombia: el país de los sapos (Primera parte)

COLUMNA DE OPINIÓN

Leer la segunda parte

Por: Abel Medina Sierra (Escritor, docente, investigador cultural)

Para algunos es un gracioso eufemismo; para otros, un asendereado chiste de ácido sentimiento antinacional, pero lo cierto es que las evidencias y los más documentados argumentos así lo demuestran: Colombia es un país de sapos… bueno y de ranas, perdonen la extensión del término.

Si, en ningún lugar del mundo hay tantas especies de sapos (familia Bufonidae) y ranas (familia Ranidae) como en Colombia. Así lo han demostrado estudios de hace más de dos décadas realizados por investigadores como D. M. Cochran y C. J. Goin quienes encontraron, junto a otros científicos, que el Colombia existen unas 578 especies registradas. Además de esto, en Colombia hay 13 grupos de subfamilias de ranas. Algunas son muy difíciles de encontrar en otras partes del mundo, como las Ceratophrynae, Pipidae y Pseudidae.

En la memoria colectiva y la arraigada práctica metaforizante del lenguaje popular, el término “sapo” ha entrado a formar parte de las voces cuyos sentidos connotativos tienen amplia vigencia.

Colombia está llena de sapos, es sapo aquel estudiante que la maestra deja encargado del humillante rol de “hacer la lista de los que hagan desorden mientras yo salgo”; es sapo el que suele meterse en asuntos que no son de su incumbencia (cuchareta, cuchareta), el indiscreto e inoportuno hermanito que “echa al agua” a la hermana mayor frente a los padres; es sapo el chismoso y el curioso. Pero el uso connotativo más frecuente y en últimas, más extendido en Colombia para la palabra “sapo” es el de delator, soplón. De estas acepciones surgen otras asociaciones negativas para la misma palabra: el sapo también se torna sinónimo de traidor, desleal. Así lo demuestra la exitosa serie televisiva “El cartel de los sapos”, programa que eleva la condición de “sapo” a impronta del hampón colombiano.

Justamente, el presidente Uribe ha hecho una lectura de la riqueza del país en lo que se refiere a la variedad de sapos con la que contamos. En medio de uno de sus Consejos Comunales, efectuado el pasado 26 de enero en Medellín, el “mesiánico” mandatario echó mano a una de sus “geniales” fórmulas redentoras para hacer frente a la, ya abrumadora, ola de violencia callejera que sacude ciudades como Medellín.

El país de los sapos se apresta entonces, auspiciado y fomentado por el mismo gobierno, a cultivar la cultura del delator (“informante” en términos oficialistas) entre los estudiantes. "Hemos tomado una decisión de vincular a través de la Fuerza Pública, a mil jóvenes estudiantes de Medellín como informantes", dijo el presidente con cierto rictus sedicente de quien cree tener la sabia receta para cada mal de la nación. Días después también propondría llevarla al gremio de los taxistas en las grandes ciudades.

La variedad de sapos en el país seguro que recibe, de manos del estado, un buen estímulo, esta vez si que vamos a asegurar, por siempre, ese honroso sitial de ser el país de los sapos, nuestras ciudades serán capitales mundiales del reino bufónido, en nuestras aulas se “formarán” con currículo diseñado desde el Ministerio de Defensa, las nuevas generaciones de “sapitos” que engrandecerán la patria con sus altos sacrificios; por las calles rodarían, con ropaje amarillo, la nueva modalidad de “sapitaxis” capaces de enterar a la “inteligencia” policiva de lo mínimo que ocurra en las ciudades. Según El Colombiano (31-01-10), el gobierno tiene previsto la existencia de 2 millones 203 mil cooperantes, entre los que se destacan 3 mil que reciben bonificaciones.

Tal número se vería repentinamente desbordado de prosperar estas nuevas iniciativas de Uribe, Eso es progreso.

Es tanto el compromiso del gobierno uribista con esta política de convertir a los estudiantes en “informantes” al servicio del ejército, que el en el mismo Consejo Comunal el presidente le llamó la atención al Ministro de Defensa Gabriel Silva Luján sobre tan apasionada y personalizada forma de administrar el presupuesto público: “Ministro, esa platica es sagrada.

El que no paga la recompensa se sala. No nos dejemos salar, Ministro. Esa platica es sagrada”, sentenció Uribe.

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez confía tanto en los réditos de este programa que es parte esencial en su política de Seguridad Democrática. Recompensas y Red de Informantes son ejes de esta política que involucran a la sociedad civil. Y es que el gobierno si que destina una gran cantidad para pagar “informantes” diseminados por todos el país (muchos de ellos de las mismas Fuerzas Armadas), en varios sectores de la sociedad como campesinos, indígenas, labriegos a los que se sumarían ahora estudiantes universitarios y taxistas.

Durante este Consejo Comunal de Gobierno, sería el Ministro Gabriel Silva Luján quien indicó, que para el 2010 se destinaron nada menos que 100 mil millones de pesos (49,98 millones de dólares) para el pago de recompensas a colaboradores e informantes. Desde agosto del 2002, cuando asumió su primer periodo presidencial, Uribe ha implementado la política de ofrecer recompensas por colaboraciones “efectivas” con las autoridades, a esta altura ya se han entregado más de 30 mil millones de pesos por ese tipo de servicios que prestan muchos colombianos.

Los ministros y exministros, los políticos de ultraderecha, la prensa genuflexa, los empresarios de club de Amigos del presidente defienden al ultranza los éxitos de este programa de vinculación de la sociedad civil como actores del conflicto.

Continuará

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Presidente Uribe propone que departamento y municipios sean socios del Proyecto Ranchería

Tomado de EL INFORMADOR

Riohacha. (SP). El Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, propuso que el departamento y los municipios de La Guajira, con aportes de regalías, sean socios de la concesión que instale y opere las obras complementarias del Proyecto Multipropósito del Río Ranchería.

El Jefe de Estado le planteó la idea al Gobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez, durante el Consejo Comunal de Seguimiento a la Agenda Común No. 266, que se realizó en el Centro de Convenciones Anas Mai, en Riohacha.

"Que el departamento y los municipios, con aportes de regalías, sean socios de la concesión que vaya a instalar las obras complementarias del Proyecto Multipropósito y a operarlas.

¿Por qué digo socios? Porque creo que no conviene que sean dueños únicos. Es importante que tengan un socio estratégico con el conocimiento, con la experiencia y con todas las competencias para el manejo. Entonces, en un proceso abierto, transparente, como siempre tiene que ser, se puede seleccionar el socio estratégico", dijo el Mandatario.

Agregó que cualquiera que sea el socio escogido debe reservarle un porcentaje de acciones "para que en esa concesión la suscriban el departamento y los municipios que quieran, y que el departamento pueda invertir allí una suma importante de regalías, lo mismo los municipios".

"Yo creo que les quedaría la plata muy bien invertida, en un gran proyecto para su propia tierra, bien focalizada, no dispersa. Por eso, me atrevo a hacerles esa propuesta, para que la estudien con el Director del Incoder (Rodolfo Campo Soto), la Gobernación", señaló. Indicó, además, que hay que apresurar cuál va a ser la orientación de esos terrenos, porque son entre 17 y 19 mil hectáreas de riego.

"Creo que tenemos que aprovechar productos exportables que tengan precio. Pienso que La Guajira, con ese distrito, va a tener una ventaja excepcional.

La agricultura más próspera del mundo es la agricultura con agua controlada", dijo.

Aseveró que una zona donde llueve poco, pero con unas tierras buenas, planas, sin acidez, mecanizables, sin piedra y con agua controlada, le da a La Guajira una gran ventaja para producir agricultura de alto valor y para exportarla.

"La concesión que haga la obra complementaria debe entregarle el agua a cada predio para el riego y a cada municipio para el acueducto, y podrá la misma concesión distribuir en un municipio o vender agua en bloque para que la entidad que distribuye en ese municipio lo siga haciendo. Tener flexibilidades en los esquemas, pero poder cumplir con estos objetivos", señaló el Jefe de Estado.

Uribe Vélez recordó que en julio deben terminar las obras de esta inversión inicial que tiene un aporte de 480 mil millones del Gobierno Nacional y de 67 mil millones de pesos del departamento. A su vez, insistió en que si no se hace la obra complementaria, la inversión queda inútil.

"Se terminará ahora, entre abril y julio, la presa. Todo lo que se requiere para el embalse, la salida de agua, esa obra principalísima, ya ven el costo. Ahora, toca comprar e instalar toda la tubería secundaria que llegue hasta los municipios y hasta las zonas rurales; que llegue a los municipios para llevar agua en bloque y que llegue hasta cada uno de los predios rurales para que cada uno ya haga lo que es su sistema de riego al interior del predio, que los técnicos llaman el intrapredial", agregó.

Así mismo, recordó que desde hace tres años el Gobierno se ha propuesto buscar una concesión que haga esas inversiones y las opere.

El Presidente concluyó que haber invertido en La Guajira esos 67 mil millones de pesos en la obra del Río Ranchería, es un ejemplo de buena inversión, de concentración de recursos de manera honrada y eficiente en lo que se necesita.

Guerra...¡Sálvame!

Por: Eduardo Diaz-Granados Márquez
Especialista en Educación, Cultura y Política
Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Actualmente los temas sobre economía y geopolítica son prioridades tanto para los países ricos como los países pobres ya que a través de estos medios se puede garantizar el poder y el mantenimiento del modelo económico que posean.

Desde el genocidio del 11 de septiembre del 2002 mientras los estadounidenses identificaban y contaban sus muertos, también se iban preparando para su plan de lucha global contra los terroristas y sus aliados. Esta situación nos indica que no es la guerra de Estados Unidos contra un grupo de terroristas, sino la guerra definitiva y abierta contra los enemigos violentos del sistema.

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Aeropuerto de Maicao es propiedad del municipio

Solo una asesoría técnica podría brindar este organismo para su mejoramiento.

Por Ernesto Acosta Solano
La Aeronáutica Civil através del director técnico de desarrollo aeroportuario, Luis Fernando Zuluaga Torres en carta enviada al presidente de la asociación de vecinos del Mercadito Guajiro, Jaime Coronado Vega, manifestó que "teniendo en cuenta que el aeropuerto 'La Majayura' de la Ciudad de Maicao es del orden municipal y la ley 80 de contratación les impide efectuar inversiones de recursos en aeropuertos que no sean propiedad de la U.A.A- Aeronáutica civil.

El director de desarrollo aeroportuario sugiere adelantar a través de la alcaldía municipal las gestiones relacionadas con el proyecto de recuperación y mejoramiento del aeropuerto, igualmente para que se el ejecutivo quien adelante los tramites ante el gobierno central para la asignación especifica de recursos y puedan ser invertidos en el proyecto del aeropuerto La Majayura.

Es de recordar que el presidente de la asociación de vecinos del Mercadito Guajiro, Jaime Coronado Vega había hecho una petición por escrito al presidente de la Republica Álvaro Uribe Vélez para que através de la Aeronáutica Civil se mejorara el aeropuerto el cual se encuentra totalmente abandonado y semidestruido por la acción delincuencial que hurtaron lavamanos, bacinetes, celosías de los baños y cocina.

En lo que respecta a las instalaciones locativas fueron destruidas con piedras lanzadas a la cubierta del aeródromo.

Por su parte el senador, Jorge Ballesteros Bernier también había solicitado la apertura del aeropuerto de Maicao en busca de dinamizar el comercio con el interior del país y las islas del Caribe.