Escrito por: Abel Medina Sierra
La agenda política de Álvaro Uribe es inequívoca y todas sus posturas,
declaraciones y acciones apuntan a la certeza que la única opción del
volver a manejar los hilos absolutistas del poder es que fracase el proceso
de paz y que la mayoría de colombianos acuda, de nuevo, a la radical y
dolorosa opción de la guerra fratricida para derrotar a la insurgencia
armada.
En esa obsesión por el poder, trata por todos los medios, de crear ante la
esfera pública, una imagen del “Gran Justiciero”, el paladín del rigor
punitivo, el gran abanderado de la severidad inexorable del Estado, el
único gobernante capaz de someter a la cárcel a quien trasgrede el orden
jurídico. Uribe y todos los turiferarios, Procurador incluido, buscan con
afán ganar popularidad configurando un imaginario de “Tolerancia Cero”
ante los delitos cometidos por las Farc.
Lo peor es que muchos les creen el
cuento y no son capaces de mirar, tras esa imagen, la impostura.
Uribe se muestra inflexible frente a un proceso de paz que no termine con
cárcel para los guerrilleros, que la merecen pero que no están sentados
ahí porque han sido derrotados en la guerra sino porque entendieron que
ni ellos ni el Estado, en más de 60 años, han dado muestras de estar
ganando la guerra. Pide cárcel para los guerrilleros, para los defensores
de derechos humanos afectos al proceso de paz, para políticos que como
Piedad Córdoba e Iván Cepeda median con la insurgencia.
Que alguien se
obsesione con el cabal y estricto sometimiento a la justicia no es malo, es
plausible. Pero que lo haga Uribe no es sino una incoherencia de quien,
lejos de ser un ejemplo de aplicación de la ley, es un paradigma de la
impunidad.
El mismo Álvaro Uribe Vélez que pide que de la Habana salgan con las
esposas en las manos los jefes de las Farc es el mismo que hizo una
excarcelación masiva y unilateral de 150 guerrilleros durante su
gobierno. El mismo Uribe que hoy se arroga el derecho de defender la
justicia punitiva es el mismo que dejó en libertad miles de combatientes
de la organización paramilitar que masacró a miles de colombianos y con
cuales se nutrieron cuanta banda criminal existe: Urabeños, Usuga,
Rastrojos, Gaitanistas, Paisas, entre otras.
El estandarte de la justicia es el mismo que justificó a Andrés Felipe Arias
ante el escándalo de Agro Ingreso Seguro y llegó a decir que lo que hizo
Arias estaba bien pues había que subsidiar a los ricos terratenientes para
que los pobres tuvieren chamba. Recordemos que igualmente defendió a
de Jorge Noguera, condenado a 25 años por haber convertido al DAS en
un organismo al servicio del paramilitarismo.
Es el mismo ex gobernante
que gestionó ante su amigo el ex presidente de Panamá, Ricardo
Martinelli, que le concediera asilo a María del Pilar Hurtado, la que hizo
del DAS la policía personal del Uribe y una institución de delincuencia.
Como “Injusta pena” calificó Uribe la condena de “La Coneja” al enterarse
del fallo condenatorio de la Corte Suprema, olvidándose de su defensa de
cárcel para los delincuentes, lo que pasa es que esos son “sus”
delincuentes.
El gran justiciero es el mismo que sin el mínimo respeto a la rama
judicial y a la independencia de poderes, falla y absuelve a todo el que
hizo parte de su nefasto gobierno. Sabas Pretel y Diego Palacios, dos de
sus más cercanos funcionarios, pese a haberse demostrado que
“compraron” con cargos burocráticos la aprobación de la re-elección para
su jefe ante los congresistas, han sido absueltos por Uribe aunque
condenados por la Corte Suprema.
Lo mismo ocurre con los miembros de
la campaña de Oscar Iván Zuluaga y aún el mismo ex candidato,
enlodados hasta los tuétanos en el sonado caso del hacker Sepúlveda con
video incluido pero que para quienes Uribe no pide cárcel por saboteo al
proceso de paz y a la campaña de Santos sino impunidad por ser “mansas
palomas”. “Persecución política” es la excusa de Uribe para defender lo
indefendible.
Tampoco se acuerda de cuestionar la impunidad en el caso
de su primo Mario Uribe y su hermano Santiago, los dos acusados e
investigados por conformación de grupos paramilitares. Que el mismo
Uribe no esté tras las rejas con su cadena de “torcidos” es una afrenta a la
justicia y un premio a la impunidad gracias a la llamada “Comisión de
absoluciones de la Cámara de Representantes”.
Pero la joya de la corona es la más reciente agenda iniciativa de
promover una ley para que los militares, cometan el delito que cometen,
solo puedan pagar hasta cinco años de cárcel. Mejor dicho, con licencia
para seguir con los falsos positivos. ¿No es esa una ley de impunidad? Por
lo menos yo no le creo a Uribe su bandera de aparente guardián de la
justicia. ¿Usted si le cree?
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