Los primeros cien días de la actual administración municipal contrastan con los cien últimos. Según parece, el principal logro de los primeros fue completar el gabinete. Se inició y se mantuvo con una modorra paquidérmica que hizo a muchos dudar si realmente Riohacha tenía Alcalde. Pero, repentinamente, en el ocaso de su mandato ha adquirido una celeridad que antes que impresionados, ha dejado preocupados a todos; en especial, a más de 34.000 personas que eligieron al nuevo Alcalde.
El contrato de alumbrado público fue terminado unilateralmente y se pretende crear una Sociedad de Economía Mixta. La sospechosa premura no previó un plan de contingencia y hoy existen varios sectores a oscuras en la ciudad. En el tema del Acueducto de Camarones, se tramitó ante el Concejo Municipal un empréstito con pignoración de rentas. Se hicieron modificaciones posteriores al contrato para no pignorarla, sino cederlo. No se ha concluido el trámite del empréstito, pero se abrió licitación. Se pretende hacer uso de la figura de crédito proveedor.
En la Educación Contratada, se proyecta abrir proceso para la conformación de un Banco de Oferentes y se quiere darle alcance de más de cinco años. Todo apunta a un único oferente. En las Unidades de Servicio (mercado público, matadero y terminal de transporte), se intenta renovar los contratos sin evaluación del servicio prestado, habiendo graves deficiencias administrativas, técnicas, sanitarias y de manejo financiero.
El Tránsito Municipal se desea privatizar también mediante la figura de sociedad de economía mixta y en el colmo de la “pechugonería”, se tiene lista una contratación directa para una Interventoría a Recursos de Regalía con un instituto técnico de Soledad, Atlántico.
Como se puede ver la eficiencia y celeridad para gestionar proyectos de la administración en los últimos días de su periodo, ha superado a la de Alejandro Char en Barranquilla o la de Fajardo en Medellín en su época. Lo malo es que dejará maniatado al nuevo alcalde, al comprometer una gran parte de los recursos de su vigencia. ¿Será que el burgomaestre, por su inveterado ausentismo, no recibió la circular 026 del 2011 firmada por el implacable Procurador General de la Nación? La que reza textualmente:
“De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, de manera general, las entidades territoriales sólo pueden incorporar dentro de sus presupuestos aquellos gastos que se van a ejecutar en la respectiva vigencia fiscal, por los cual, los contratos que así se suscriban deben ejecutarse en la correspondiente anualidad”
Y más adelante señala: para casos excepcionales, es decir en situaciones atípicas ajenas a la voluntad de la entidad contratante que impidan la ejecución de compromisos en las fechas inicialmente pactadas dentro de la misma vigencia, debe desplazarse la adquisición del bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente”.
Más claro no canta un gallo. Tanto el Concejo Municipal como, la administración, en cabeza del Alcalde se estarían metiendo en líos, nada más y nada menos que con don Alejandro Ordoñez Maldonado, el mismo que llevó a la cárcel a Samuel Moreno Rojas, Alcalde de Bogotá, nieto de un ex presidente.
Todos sabían que nuestro Alcalde no era “el pollo para esa sopa”, por su desconocimiento de lo público y de Riohacha y su falta de carisma. En todo su mandato tuvo más perdido que cucaracha en baile de gallinas y de paso muy mal asesorado jurídicamente, pero ello no es razón para verlo preso dentro de poco tiempo, junto con sus asesores.
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