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lunes, 11 de mayo de 2009

Electricaribe y la impotencia de un pueblo angustiado

Por: José Carlos Molina B.
Abogado y docente catedrático Universidad de La Guajira extensión Maicao

Probablemente a usted amable lector el titulo de este artículo no le llama la atención por lo desagradable del nombre “Electricaribe” y estará pensando que esa pesadilla de empresa que nos suministra la energía eléctrica, nos tocará padecerla por lo que resta de nuestra existencia.
Los sabios de la economía, que trabajan con las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), nos dijeron siempre que las empresas privadas prestarían un mejor servicio; que el Estado era ineficiente y corrupto, por lo que era necesario privatizar todo.

En ese propósito privatizador, como la solución a los problemas de los servicios públicos, llegaron las empresas españolas a los grandes negocios, entre ellas tenemos Unión FENOSA, que presta el servicio de energía eléctrica en toda la costa Atlántica de Colombia a través de sus filiales Electrocosta y Electricaribe, y también en buena parte del Valle del Cauca, suroccidente del país, a través de la filial EPSA. (¿Es otra invasión económica de los españoles?)

En uno de esos encuentros cotidianos con estudiantes un joven me abordó y me preguntó: ¿Qué pasa con la responsabilidad del Estado frente a los servicios públicos? la verdad, esa es una discusión eterna desde la década de los noventas (1990).

Si uno observa el capitulo V de nuestra Constitución que se refiere a la RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ESTADO, en su artículo 365, dice lo siguiente: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional”; dice también: “podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.

En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.
Obsérvese que a pesar de entregar la responsabilidad a los particulares, se reserva para si el Estado, la REGULACION, EL CONTROL Y LA VIGILANCIA. Esto lo hace mediante la Superintendencias de servicios públicos, que son entidades descentralizadas del orden nacional, creadas mediante el amparo del artículo 370 de nuestra Constitución y la ley 142 de 1994, que fue reformada por la ley 689 del año 2001.

La experiencia en cuanto a eficacia con la Superintendencia en los lugares donde no tienen oficinas es muy triste (como es el caso del departamento de La Guajira), con tendencia a la inoperancia, en algunos casos resuelven uno que otro hecho puntual, pero nada de fondo, lo que facilita el abuso de la posición dominante de las empresas de servicios públicos y sobre todo de Electricaribe quien posee el mayor récord en abuso y arbitrariedad con los pobres y desamparados usuarios.

Un gobierno departamental y municipal de verdad serio, implementa políticas para controlar y vigilar y no dejar al libre albedrío de los operadores privados, a quienes les interesas más ganarse un dinero que prestar un buen servicio.

Las continuas fallas e interrupciones del fluido eléctrico han contribuido a la crisis del comercio en Maicao; a los pequeños microempresarios no los deja trabajar el alto costo del servicio de energía eléctrica y los continuos e inesperados apagones y lo peor de todo es que no hay a quien quejarse.

La oficina de la Superintendencia de servicios públicos mas cercana está en Barranquilla y la tramitología la hace ineficaz y desesperante. Las figuras del Vocal del servicio nunca tienen las herramientas para realizar un buen trabajo.

El pueblo guajiro no encuentra en sus gobernantes un liderazgo frente al tema. Ellos (los lideres), no lo asumen como un compromiso, no les interesa que se resuelva; al fin, ellos siempre tienen domicilios alternos en otras latitudes del mundo y de Colombia; que les puede interesar la suerte de este sufrido pueblo.

Las palabras: Intereses, compromisos…, luchas, reivindicaciones, defensas, moral, ética, honestidad, cambio, pueblo, entre otras, solo hacen parte de sus discursos en las campañas políticas y lo peor de todo es que el pueblo en su infinita generosidad y esperanza sigue creyendo.
Parodiando al refranero popular afirmó: NO HAY ELECTRICARIBE QUE DURE 100 AÑOS NI MAICAO QUE LO RESISTA…

miércoles, 6 de febrero de 2008

LA COLUMNA DE ALEJANDRO RUTTO MARTÍNEZ

LA CRISIS DE LA FRONTERA

Los habitantes de la frontera y, especialmente, los de Maicao están acostumbrados a vivir en medio de la crisis. Y nunca les falta una porque permanentemente la tienen bien sea por medidas o sucesos de Colombia o de Venezuela. O de cualquier de parte del mundo en estos tiempos de globalización. Y conste que esta no es, precisamente la situación más grave que hemos atravesado.

La historia nos cuenta que una tarde de febrero de 1.983 el bolívar cerró con una cotización de casi diecisiete pesos. A la mañana siguiente amaneció a solo seis pesos. Esa abrupta devaluación marcó el principio del fin para la bonanza comercial de Maicao.

Ante la nueva situación los compradores venezolanos prácticamente desaparecieron porque con la pérdida de poder adquisitivo de su moneda los precios dejaron de serles atractivos. El bolívar siguió en baja y el flujo comercial poco a poco se invirtió: el nuevo negocio era comprar en Venezuela, a bajos precios, y vender en los mercados de la Costa Atlántica colombiana. Los precios eran módicos no solo por la cotización del bolívar sino por el subsidio otorgado por el gobierno de Hugo Chávez a sus ciudadanos como parte de sus políticas socialistas.

Y un día pasó lo que tenía que pasar: ante el desabastecimiento en los mercados locales el gobierno venezolano decidió evitar la salida de artículos de primera necesidad hacia el exterior y así mismo le declaró la guerra a los acaparadores. Las consecuencias no se sintieron en la primera semana pero ahora sí se dejan ver en todo su rigor de este lado de la línea fronteriza: escasez de productos de la canasta familiar (“cesta básica” le llaman en Venezuela) y desempleo de los comerciantes ( la mayoría de ellos wayùu) dedicados a la actividad. Además, nuevos precios (más altos, por supuesto) de la gasolina y todos los efectos desencadenantes derivados de un hecho como éste.

¿Quién tiene la culpa de lo que sucede? No parece haber un culpable directo. En primer lugar no lo es Venezuela porque su decisión es soberana y razonable ( evitar que productos subsidiados beneficien a consumidores extranjeros en lugar de darle bienestar a sus propios ciudadanos) y tampoco la tiene el Gobierno nacional. Sin embargo está claro que no se trata de buscar culpables sino soluciones y éstas deben aplicarse de manera urgente.

El gobierno departamental y líderes de la región le propusieron al presidente Uribe permitir el ingreso de alimentos por Bahía Portete (con una vigilancia especial del ICA), traer a la Guajira productos de primera necesidad a precios subsidiados y darles un subsidio de desempleo a los comerciantes que damnificados por los problemas anteriormente descritos.

Sin embargo, es necesario decir que cualquier situación que se tome debe ser de manera inmediata porque cada día que pasa hará que la situación se vuelva más desesperante. El gobierno venezolano ha dado muestras de que las restricciones impuestas son irreversibles: la misma Guardia Nacional participa en los operativos para impedir la introducción de víveres al territorio colombiano y a los viajeros se les impide traer a Colombia aunque sea un modesto kilo de arroz.

Esta semana el mercado costará más en la Guajira y buena parte de la Costa Caribe. Y no habrá gasolina a los bajos precios de siempre. Seguramente se presentarán alzas en las tarifas de transporte intermunicipal (viajar de Manaure a Riohacha costaba doce mil pesos y ahora el pasaje está en catorce mil). Por todo lo anterior es necesario actuar y hacerlo pronto.

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