Biografías

miércoles, 6 de enero de 2016

¡POR FIN!

 Amylkar D. Acosta M1 

"El multilateralismo puede ser difícil a veces, pero funciona" Desirée García, Comisaria de la UE Uno de los temas más sensibles y espinosos en las negociaciones de acuerdos y tratados comerciales entre los países en desarrollo y los países industrializados ha sido el de los subsidios y subvenciones a la producción y a las exportaciones de productos agrícolas y pecuarios, fundamentales para la seguridad alimentaria, por parte de estos últimos. Estos han venido causando distorsiones en la formación de los precios de los mismos en los mercados internacionales, dando lugar a prácticas tan nocivas como el dumping y la competencia desleal, que hacen de los mercados internacionales un cancha desnivelada en donde a los productores del campo de los países en desarrollo les toca competir en condiciones muy desventajosas. 

Como lo ha sostenido el Secretario General de la OCDE Ángel Gurría, “los subsidios a las exportaciones agrícolas contribuyen a dañar la capacidad y la estabilidad social del medio rural en muchos países en desarrollo”. Los subsidios y ayudas agrícolas han llegado a representar cerca del 50% del ingreso total de los productores agrícolas en los países industrializados, dándose casos tan aberrantes como el del arroz que superan el 80%. Dicho de otra manera, por cada dólar de ingreso de los agricultores US $0.50 corresponden a los subsidios, ayudas y transferencias recibidas de manos del Estado, sin las cuales no serían competitivos en los mercados internacionales. Ello ha dado al traste con la producción agropecuaria en los países en desarrollo; el caso de Colombia es patético, después de importar 700 mil toneladas de alimentos en 1990, el 10% del consumo interno, hoy las importaciones son del orden de las 10´300.000 toneladas, el 27.5% según la SAC y más de 800 mil hectáreas se han dejado de cultivar. 

Y después de representar el 24% del PIB en 1990, el marchitamiento del sector agropecuario lo ha reducido a una participación de sólo el 6.7% y su crecimiento a lo largo de esta última década ha estado por debajo del 50% del crecimiento promedio de la economía2 . Desde la Ronda de Uruguay, que se tomó siete años y medio concluyendo en abril de 1994, pasando por la saboteada y frustrada Cumbre de la Organización Nacional de Comercio (OMC) en Seattle en 1999 hasta llegar a la de Doha en Qatar en 2001 tuvo lugar un pulso entre los países desarrollados, encabezados por EEUU y los países en desarrollo, liderados por Brasil en torno a los subsidios y a los aranceles agropecuarios. Mientras los primeros presionaban por el desmonte de los aranceles y las salvaguardas a las importaciones de productos agropecuarios, los otros les reclamaban la supresión de los subsidios, las ayudas y subvenciones a los mismos. 

La Cumbre de la OMC, que agrupa a 160 países, en Cancún en 2003 terminó en un rotundo fracaso por la tozudez e intransigencia de EEUU y la Unión Europea (UE), obstinándose en mantener los subsidios y subvenciones, enfrentándose a un sólido bloque integrado por 22 países en desarrollo (G-22), del cual hacía parte Colombia pero terminó desertando por presiones por parte de EEUU3 . De esta manera se frustró la Ronda de Doha para el Desarrollo, que propendía por las “reducciones de todas las formas de subvención a las exportaciones, con miras a su remoción progresiva y reducciones sustanciales de las ayudas internas causantes de distorsión del comercio”. 

En Doha los ministros de los países que hacen parte de la OMC habían acordado como principio fundamental de las negociaciones de dicha Ronda el Todo único, que significa que nada está acordado hasta que todo esté acordado y los subsidios se convirtieron en la piedra en el zapato que impidió avanzar hacia un consenso entre las partes. Según las palabras del ex presidente Alvaro Uribe, pronunciadas en Cartagena al instalar las negociaciones del TLC con EEUU, “en nuestro medio la fortaleza del sector agropecuario es la garantía de la destrucción definitiva de las drogas ilícitas”. No obstante, según el Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) Rafael Mejía “el sector del campo fue el gran damnificado” en dichas negociaciones, debido a que mientras EEUU se rehusó a aceptar que el desmonte de los subsidios hiciera parte de las mismas Colombia aceptó renunciar a las salvaguardas al sector agropecuario, particularmente al Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP). 

El último intento que se había hecho para salvar la Ronda de Doha fue en Ginebra en julio 2008, mediante una reunión consultiva en la que se dieron cita 35 delegaciones de países industrializados y en desarrollo, después de 7 años de empantanamiento de las negociaciones que comenzaron en noviembre de 2001 y se había previsto que concluirían en 2004. Pero terminó en tablas4 . El Director General de la OMC Pascal Lamy no pudo ser más elocuente al anunciarle al mundo, sin rodeos, “no me andaré por las ramas. Esta reunión ha fracasado”. 

Después tuvo lugar la Conferencia Ministerial en la isla de Bali (Indonesia), en donde algo se avanzó en la Ronda de Doha el 7 de diciembre de 2013, pero seguían siendo muy tímidos los términos de la Declaración final, la cual fue acogida y adoptada por el Consejo General de la OMC el 27 de noviembre de 2014 como el “paquete de Bali”. Pero, definitivamente, la X Conferencia Ministerial de la OMC que se realizó en Nairobi (Kenia) entre el 15 y 19 de diciembre se contagió del espíritu de la COP21 que había concluido con todo éxito el 11, cuando todavía sus ecos aún retumbaba en los medios. En efecto, en esta conferencia se acabó con el tabú de los subsidios a las exportaciones agrícolas y pecuarias, que se habían convertido en inamovibles para los países industrializados. 

A través del llamado “paquete de Nairobi” se tomaron decisiones trascendentales, equiparando las regla de comercio que rigen para los bienes agrícolas a las de los industriales, para los cuales los subsidios fueron suprimidos hace 55 años (¡!). Pero la verdad sea dicha, el alto costo fiscal que conlleva el mantenimiento de los subsidios y subvenciones estatales se había convertido hace rato en un pesado fardo difícil de soportar por parte del fisco, más ahora cuando la crisis que se precipitó desde 2008 había abocado tanto a EEUU como a la Unión Europea (UE) a un déficit fiscal sin precedentes. 

Ello hacía cada vez más difícil pasar por el Congreso de EEUU y el Parlamento Europeo tales ayudas para la producción y exportación de bienes agrícolas y pecuarios. A Latinoamérica le viene muy bien en esta coyuntura, le calza como si fuera anillo al dedo, esta decisión, habida cuenta del enorme déficit que acusa su balanza de comercio exterior a consecuencia de la destorcida de los precios de los recursos minero-energéticos de los que depende y se impone la necesidad de diversificar su base productiva y sus exportaciones5 . 

Esta se constituye en una ventana de oportunidad para el sector agropecuario, tan venido a menos por cuenta de una falta de política y por cuenta de la apertura comercial atolondrada que ha dado al traste con el mismo. Además de la completa eliminación de los subsidios a las exportaciones agropecuarias por parte de los países industrializados a partir de 2016, a excepción de un listado reducido de productos agrícolas, también se acordó dar un espaldarazo a las “existencias públicas con fines de seguridad alimentaria”, mecanismo de salvaguarda este que favorece especialmente a los países en vía de desarrollo. 

Esta ha sido, como ya quedó dicho, una de las demandas históricas de los países en desarrollo. Estos por su parte tendrán plazo hasta 2018 para eliminar tales subsidios, en donde los hubiere y tendrán excepciones a su entrada en vigor hasta 2023. Al logro anterior, que ya de por sí es bastante para los países en vía de desarrollo, se vino a sumar otro, el que hace relación a los mecanismos de salvaguardia especial (MSE) que como el SAFP que cedió Colombia en las negociaciones del TLC con EEUU a cambio de nada, permite a los países en desarrollo aplicar aranceles a las importaciones de ciertos productos para compensar o contrarrestar incrementos súbitos y atípicos de las importaciones o por caídas inexplicables de los precios internacionales de los productos importados. 

Queda una asignatura pendiente, la atinente a las ayudas y subvenciones internas que aplican los países industrializados a favor de los agricultores, así como lo referente a un mayor acceso a los mercados de los países industrializados, que hoy se ve restringido por trabas y barreras no arancelarias, amén de la competencia desleal a la que no pocas veces se deben enfrentar las exportaciones del sector agrícola y pecuario tanto a los mercados de EEUU como a los de la UE. Bien dijo el nuevo Director de la OMC Roberto Azevêdo, al finalizar la reunión ministerial, “el acuerdo en temas de agricultura es histórico porque acaba con una de las mayores distorsiones del mercado” y, de paso, le da un gran impulso a la Ronda de Doha. “Hemos conseguido el mejor acuerdo posible”, enfatizó Azevêdo. 

A su turno la Presidenta de la reunión de Nairobi, la keniana Amina Mohammed, se ha alcanzado “un acuerdo muy realista, equilibrado y que ofrece a los países en vía de desarrollo la posibilidad de crecer a un mayor ritmo que hasta ahora…Desde Doha, nunca ha habido una Declaración tan comprehensiva”. Pese a ello, no puede afirmarse que la Ronda de Doha se agotó y así lo advierte la Declaración ministerial de Nairobi al señalar que aquellos asuntos que no alcanzaron a evacuarse en esta ocasión seguirán negociándose si perjuicio de la entrada en vigencia de los acuerdos alcanzados.

 Medellín, 1 de enero de 2016 www.fnd.org.co

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